Si de transparencia en la información de cambio climático se trata, Chile se ha posicionado como un país que cumple los compromisos adquiridos. De hecho, a través del Ministerio del Medio Ambiente, recientemente publicó su Quinto Informe Bienal de Actualización (5IBA) ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Así se convirtió en el segundo país en dar a conocer los cinco reportes en este ámbito y en el plazo correspondiente.
Los documentos dan cuenta de los esfuerzos que el país está realizando para adaptarse a la crisis climática y las acciones para mitigar los gases de efecto invernadero (GEI), así como el efecto que han tenido las medidas en la tendencia de las emisiones y en la absorción de estos gases.
El 5IBA contiene el Inventario Nacional de GEI actualizado al 2020, cuando el balance de emisiones registró 55.825 kilotoneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente (kt CO2 eq), con una reducción del 4% respecto del 2018, lo que no ocurría hace más de 20 años.
Tal disminución puede explicarse por los efectos de la pandemia, que provocó un descenso en la movilidad de las personas, y por una mayor participación de las energías renovables en la generación eléctrica en detrimento del carbón.
Si se consideran las emisiones totales por tipo de gas, el CO2 representa un 76%, seguido del metano (CH4) con un 14%, el óxido nitroso (N2O) con un 6% y los gases fluorados (utilizados como gases refrigerantes) que suman un 4%.
Energía y Transporte
Con el nuevo informe a la vista, Arturo Brandt, abogado y consultor en cambio climático, asegura que para avanzar en la mitigación de los GEI y cumplir con la Contribución Nacional Determinada presentada ante la ONU, Chile debe concentrarse en los tres grandes sectores emisores de GEI: generación de electricidad y calor (que aportan un 26%), transporte (26%), manufactura y construcción (14%).
En relación al primero de ellos, plantea que "se debe corregir con urgencia el mal llamado impuesto verde, que grava con USD5 por tonelada de CO2 a industrias que emiten dióxido de carbono. El impuesto debiera impactar en el costo del despacho que rige nuestro mercado eléctrico, para terminar así con la compensación que las renovables tienen que hacer a las carboneras. Además, debiera fomentar mecanismos de mitigación que ofrezcan incentivos a los regulados. Sin embargo, el impuesto al carbono no hace nada de eso, demostrando en la práctica ser un fracaso".
En relación al transporte, el experto propone terminar lo antes posible con el MEPCO, ya que se trata de un subsidio al diésel que es responsable de un 88% de las emisiones del rubro.
Además, plantea promover la generación de electricidad a partir de residuos domiciliarios y así acabar con su traslado por largos tramos, que en algunos casos llega a más de 600 kilómetros, con los costos financieros y ambientales que ello implica. También aboga para que la evaluación ambiental de la mega línea de transmisión Kimal- Lo Aguirre sea expedita para evitar los vertimientos de electricidad por falta de capacidad en este sistema; y para que se baje el límite de potencia en los clientes regulados y, de esa manera, puedan escoger su proveedor de energía eléctrica, lo que favorecerá el desarrollo de las fuentes renovables.
Artículo publicado en InduAmbiente 180 (enero-febrero 2023), página 82.