La Minería y los Glaciares

Grandes masas de nieve, hielo recristalizado y pedazos de rocas que se acumulan en grandes cantidades. Esos son los glaciares, muy en la palestra actualmente en el mundo debido al derretimiento que están sufriendo a causa del cambio climático y, en el caso de Chile, por el proyecto de ley que busca su protección y preservación.

¿Cuál es su realidad en nuestro país? De acuerdo al último catastro (2019) de la Dirección General de Aguas (DGA), contamos con cerca de 26 mil, que cubren una superficie cercana a los 22 mil km cuadrados. Cifra no menor considerando que son los mayores reservorios de agua dulce del planeta. Del total, casi el 90% se emplaza en la zona austral, mismo porcentaje que se encuentra en retirada debido, principalmente, al calentamiento global. De hecho, Chile perdió alrededor de 2.000 km2 de masa glaciar en apenas cinco años comparando los estudios de 2014 y 2019 de la DGA.

Para resguardar a estos recursos naturales de grandes proyectos de inversión, dado lo ocurrido con Pascua Lama, un grupo de senadores presentó en julio de 2018 una iniciativa legal que, más de 30 meses después, sigue en primer trámite constitucional en el Senado. Su objetivo es "asegurar la protección de los glaciares, del ambiente periglacial y del permafrost, a fin de preservarlos y conservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos, como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, como fuentes de biodiversidad y de información científica y para el turismo sustentable".

Fuerte Controversia

Como es de suponer, la moción parlamentaria ha generado importantes reparos de organizaciones ligadas a la minería por las limitantes que pondría esta ley al funcionamiento de la principal actividad productiva del país.

Pero también han surgido críticas de expertos. Por ejemplo, el glaciólogo Pablo Wainstein manifestó en una entrevista que "el proyecto tiene un error: mezcla algo que espacialmente puedes identificar (los glaciares) con lo que espacialmente no puedes identificar (el permafrost). No puedo trazar los límites de donde se puede y no se puede hacer actividad. El gran error es la operatividad. No es una ley operativamente aplicable".

Cabe indicar que el proyecto define al ambiente periglacial de alta montaña como el área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. Y en media y baja montaña es el sector que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. El permafrost, en tanto, es un tipo de suelo o roca con una fracción permanentemente congelada, con hielo y materia orgánica.

En vista que uno y otro cubren amplias superficies de terreno, el especialista añade que "prohibir cualquier actividad económica en las áreas donde se encuentran podría significar, por ejemplo, que ciertas carreteras que se puedan requerir a futuro no podrían construirse".

En contrapartida, en la Fundación Glaciares Chilenos plantean "la urgencia de contar con una ley de protección glaciar completa, incluyendo a los elementos que conforman el entorno glaciar, y que Chile debe cambiar su visión con respecto a la forma en la que se realizan las actividades económicas como la minería, privilegiando la protección a la naturaleza y resguardando el desarrollo de las comunidades. El desarrollo económico no debe estar por sobre la protección de los ecosistemas".

Cochilco y el IIMCh

Por el rumbo que ha ido tomando el proyecto, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) emitió un informe actualizado con los posibles efectos sobre la industria minera que tendría una ley como la que se está configurando. El documento destaca que la iniciativa, tal como está al cierre de la presente edición, incluye la retroactividad, "por lo que afectaría a faenas que ya están en operación y que no podrían continuar, como Caserones, Los Pelambres, Los Bronces, Andina y El Teniente, a lo que se suman 10 proyectos y 21 faenas mineras de mediana y pequeña escala".

En este escenario, Cochilco proyecta un descenso promedio de la producción de cobre de entre un 22% y 28% en un horizonte de 2021 a 2031, lo que implicaría una reducción en el PIB nacional en torno a un 2,4%. El reporte también prevé una pérdida de US$ 22 mil millones por las menores inversiones.

El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) también expresó sus discrepancias: "El proyecto de ley equivoca el foco en su intención de proteger los glaciares. Su derretimiento ocurre como consecuencia del cambio climático, lo que está asociado a la emisión de gases de efecto invernadero. En esta materia el país está haciendo lo que corresponde, potenciando el aprovechamiento de las energías renovables para disminuir el uso de combustibles fósiles. La minería contribuye a este esfuerzo con sus diversos productos metálicos y no metálicos, aportando además a proyectos de eficiencia energética y de electromovilidad".

La Voz de los Gremios

Las asociaciones que representan a las empresas mineras son las que más han manifestado sus cuestionamientos al proyecto de ley. Diego Hernández, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, en una carta enviada a la Comisión de Minería y Energía del Senado, comentó que la iniciativa establece prohibiciones generales para la realización de actividades productivas en -o cercanas a- zonas que pudieren ser calificadas como glaciares, ambientes periglaciares o permafrost, "tratando genéricamente y de una misma manera a todas esas crioformas, las que tienen características, relevancia y funciones ecosistémicas totalmente diversas. Ello en sí nos parece inadecuado y generará un impacto negativo y totalmente innecesario al desarrollo de nuestro país, al prohibir 'ex ante' y sin una adecuada evaluación actividades que son perfectamente compatibles con la preservación del medio ambiente. Más preocupante aún es la intención de dar un efecto retroactivo a estas nuevas disposiciones".

La misiva concluye que una política de protección de los glaciares que responda al interés público "debiera evaluar caso a caso los impactos de los proyectos y no establecer prohibiciones absolutas que impidan a priori su realización y afecten el desarrollo futuro de esta importante actividad productiva".

A su vez, Joaquín Villarino, Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, ha puntualizado en distintas tribunas las tres grandes objeciones de la gran minería al proyecto: la carencia de antecedentes técnicos en la definición de expresiones como glaciar, permafrost y ambiente periglacial; la inexistencia de leyes de protección directa de los glaciares en el resto del mundo, con la sola excepción de Argentina; y su efecto retroactivo, que abre la puerta para que actividades económicas que se desarrollan en el área de influencia de los glaciares, antes de la entrada en vigencia de la ley, sean cerradas.

Desde los inicios de su tramitación, el representante de las grandes mineras ha sostenido que los glaciares ya cuentan con protección indirecta a través del SEIA, del Código de Aguas, del sistema de áreas protegidas y de los instrumentos de protección de la biodiversidad, con los que "hoy se logran resultados efectivos".

Artículo publicado en InduAmbiente 168 (enero-febrero 2021), páginas 54 a 57.