Considerando sus 4.200 kilómetros de costa, ¿qué infraestructura de primera necesidad puede tener en abundancia Chile continental? La respuesta es más que lógica: puertos. De hecho, alberga 56 instalaciones de este tipo: 10 estatales de uso público y 46 privadas, de las cuales 14 también son de acceso público.
Solo en 2022, la industria portuaria movió en nuestro país 118,2 millones de toneladas de carga. Esto, pese a las limitaciones que imponen las constantes marejadas que deben enfrentar muchos terminales y que les reducen las horas de disponibilidad para el comercio internacional.
Mejorar los indicadores en la materia, ante condiciones climáticas y de mar adversas, es uno de los grandes desafíos que afrontan los puertos nacionales. En esa línea, trabajan para mejorar la capacidad de maniobras e incorporar tecnología que lo permita.
No obstante, Daniel Fernández, Presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport), que agrupa a 31 empresas del rubro, enuncia un reto más global: "Impulsar una industria sostenible en la cual exista un adecuado equilibrio entre la economía, la sociedad y el medio ambiente. Es un objetivo por el que estamos trabajando con nuestras empresas socias".
Agrega que uno de los principios de la organización es "la promoción del desarrollo sostenible como un valor fundamental y un elemento clave en nuestras estrategias de negocio. Buscamos enlazar los legítimos intereses de la actividad marítimo-portuaria con las necesidades de las actividades productivas del país y el bien común".
Acuerdos de Producción Limpia
En ese contexto, destaca el proceso de elaboración, desde inicios del 2022, de un Acuerdo de Producción Limpia (APL), impulsado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC), Camport y otras entidades públicas y privadas, titulado "Estándar de Sostenibilidad para los Puertos de Chile", para optimizar las operaciones portuarias en materia ambiental, social y económica.
"Busca integrar en un solo instrumento el procedimiento para obtener las distintas certificaciones ambientales que existen a nivel nacional e internacional. Algunos de sus objetivos son lograr, en un plazo razonable, la carbono neutralidad en el sector, proteger la biodiversidad en las zonas de influencia de nuestros puertos, y optimizar los procesos para hacer un uso eficiente de la energía. Además, considera avanzar en temas de seguridad ocupacional y en el área de personas", detalla el ejecutivo.
Desde la ASCC informan que este acuerdo aún no tiene fecha para su firma ya que su negociación continúa.
Algunos de los terminales que serían parte de tal iniciativa concluyeron recientemente el APL Puertos del Biobío, trabajando en conjunto 57 acciones y desafíos para alcanzar metas medioambientales, de seguridad y salud ocupacional, y de relaciones con grupos de interés. Participaron DP World Lirquén, Puerto Coronel, Muelles de Penco, Talcahuano Terminal Portuario, San Vicente Terminal Internacional, Portuaria Cabo Froward y Oxiquim Terminal.
También se han visto favorecidos con estos acuerdos, desde inicios de la década pasada, empresas portuarias de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Valparaíso.
Cambio Climático
Enfrentar adecuadamente los efectos del cambio climático es hoy una de las preocupaciones principales en muchos puertos chilenos por las variaciones permanentes en el régimen de las olas.
Como un insumo para la toma de decisiones en este sector, un estudio reciente –publicado por Cepal y coordinado por profesionales de la Pontificia Universidad Católica, Ministerio del Medio Ambiente y la propia Cepal–, aborda los costos por la inacción frente a los cambios que está ocasionando el fenómeno climático en áreas como la actividad portuaria, que hace que sus operaciones no estén siempre disponibles.
En el apartado sobre los impactos en los puertos y costas, el análisis parte del cálculo sobre oleaje y nivel del mar para un periodo histórico (1985-2004), para mediados de siglo (2026-2045) y para finales de siglo (2081-2100), en un escenario de mayor aumento de temperatura. Los terminales analizados fueron los de Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Mejillones, Valparaíso, San Antonio y San Vicente.
Tras explicar los resultados de diferentes modelos de análisis de la altura de oleaje, se proyecta que para mediados de siglo habrá un aumento aproximado de 10 centímetros en la zona norte, mientras que en la zona central se espera una baja de 10 a 20 centímetros. Para fines de siglo, se observa un patrón de cambio similar, pero más pronunciado, ya que se vislumbran disminuciones cercanas a los 30 centímetros en la zona central y aumentos por sobre los 40 centímetros en la zona sur. También se anticipan los cambios en el periodo medio y la dirección media del oleaje.
"Los resultados muestran que algunos de los puertos evaluados elevarán y otros empeorarán sus tiempos operativos para mediados de siglo, mientras que habrá una mejoría significativa para finales de siglo, especialmente en relación a la actividad de atraque de buques. De manera puntual, los puertos que experimentarán efectos negativos en su operación son Arica, Iquique, Antofagasta y San Antonio, mientras que Mejillones, Coquimbo, Valparaíso y San Vicente presentarán oportunidades", indica el informe.
Sobre este factor, Fernández plantea que "como industria y en un sentido amplio de sostenibilidad, nos preocupan los efectos del cambio climático y la falta de adaptación a ellos. Más aún, considerando que nuestra actividad se desarrolla en territorios costeros, los cuales están entre los más afectados del planeta por las marejadas".
En un informe elaborado por Camport el año 2021, titulado "Marejadas y su impacto en los puertos", se advierte que algunas de estas instalaciones registran disponibilidades cercanas al 80%, "por lo que debemos avanzar en medidas de mitigación y gestión para que nuestros puertos tengan disponibilidades superiores al 95%", asegura el vocero de la organización.
Añade que hacerse cargo de esta realidad "significa que en el corto plazo la autoridad marítima debe contar con el instrumental adecuado para definir de manera objetiva los cierres de puerto y que el cuerpo de prácticos tiene que usar simuladores para capacitarse en la operación de naves bajo condiciones meteorológicas más adversas. En el mediano plazo, la solución es mejorar las condiciones de abrigo de nuestros terminales, para lo cual las empresas portuarias estatales deben actualizar sus planes maestros incorporando los efectos de cambio climático en sus análisis".
Otras Medidas
Patricio Winckler, investigador del Centro de Observación Marino para estudios de Riesgos del Ambiente Costero (Costar) y del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (Cigiden), detalla diversas medidas para reducir el denominado downtime operacional. "Por ejemplo, el uso de sistemas de alerta temprana de marejadas en combinación con el monitoreo en tiempo real de las variables ambientales permite planificar la operación de los terminales con días de anticipación. Además, las nuevas tecnologías de atraque dinámico –como el sistema de amarre Shore Tension utilizado en Arica y Puerto Ventanas–, hacen posible efectuar maniobras en condiciones de oleaje más severas, disminuyendo así el downtime. Si este problema es recurrente, se pueden realizar obras de abrigo nuevas o ampliaciones de las existentes a un costo notablemente superior al de las medidas anteriormente descritas", explica.
El especialista revela que las protecciones naturales tienen ventajas sobre las artificiales en los puertos, ya que además de requerir una menor inversión, suelen brindar resguardo a un espectro amplio de amenazas. "Sin embargo, Chile tiene muy pocas protecciones naturales litorales y todas las bahías abrigadas ya se encuentran ocupadas, contando todas ellas con instalaciones portuarias. Por eso, el desarrollo en este sector compite con muchas otras actividades que se realizan en el litoral y necesariamente debe utilizar costas expuestas (no abrigadas naturalmente)", acota.
Expone también que el cambio climático introduce modificaciones tanto en las tendencias como en la variabilidad de las operaciones portuarias, por lo cual este factor debiera considerarse en todas las etapas de un proyecto portuario: planificación, prefactibilidad, factibilidad, diseño, ejecución, operación, mantención, reparación y desmantelamiento de la infraestructura. Sobre todo, considerando "que el nivel del mar irá en aumento y las marejadas tenderán a intensificarse en las próximas décadas, por lo que los daños en la infraestructura portuaria, las inundaciones en paseos costeros y la erosión de playas serán cada vez más intensos", asegura.
En relación a las medidas y acciones que deben impulsar los puertos para apuntar a una gestión sustentable, Winckler señala que "desde la perspectiva de la gestión de la infraestructura, las empresas portuarias estatales, los concesionarios y los ministerios competentes debieran establecer planes de mantención y reparación de obras costeras, de atraque y abrigo que serán dañadas con más frecuencia en la medida que avance el siglo. Entre ellas destacan, según un plan elaborado por los ministerios de Obras Públicas y Medio Ambiente, la incorporación de cambios metodológicos en la evaluación técnica y económica de obras de infraestructura y/o alternativas de adaptación al cambio climático con perspectivas de largo plazo. Esta medida contempla desarrollar proyecciones de vientos, oleaje y nivel del mar, considerando la incertidumbre climática y la eventual interacción con otros riesgos como los sismos y los tsunamis".
A su juicio, se debieran implementar también sistemas para monitorear amenazas costeras, como las marejadas, y el impacto de obras de infraestructura costera mediante sistemas de percepción remota. "Estas medidas, de ser implementadas, permitirán una reducción en la vulnerabilidad del sistema portuario en Chile", concluye.
RECUADRO:
San Antonio: avances y puerto exterior
Por movimiento de carga marítima, San Antonio es por amplio margen el principal puerto de nuestro país. En ese marco, algunas empresas concesionarias que allí operan han registrado interesantes avances en materia de sustentabilidad ambiental.
En mayo pasado, por ejemplo, la compañía DP World Chile renovó la certificación que acredita que, a través de sus terminales de Lirquén y San Antonio, es el primer operador portuario en Sudamérica que usa energías renovables en un 100%. Esto permitió a la concesionaria reducir en un 50% las emisiones en su instalación de la Región de Valparaíso.
A su vez, el concesionario San Antonio Terminal Internacional (STI) recibió, también en mayo, el sello Giro Limpio por su compromiso con la eficiencia energética. Además, a principios de 2023, STI obtuvo por quinta vez la certificación Huella Chile, del Ministerio del Medio Ambiente, que distingue a las empresas que miden y verifican sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Por otra parte, el terminal marítimo espera concretar un proyecto bien relevante: Puerto Exterior San Antonio, que implica una inversión de unos 3.500 millones de dólares para su transformación en un mega puerto. Esto, porque podría movilizar hasta 6 millones de TEU (un contenedor de 20 pies) al año y recibir buques portacontenedores de clase E, que cuentan con una eslora (largo) de unos 400 metros y una capacidad máxima de 15 mil TEU. La iniciativa, empero, aún no obtiene la aprobación ambiental. Incluso, sus responsables solicitaron plazo hasta el 31 de diciembre de 2024 para responder los cientos de consultas ciudadanas del proceso de evaluación. Los opositores a su ejecución basan sus argumentos en el impacto que la instalación provocaría en ecosistemas hídricos de la zona como las lagunas de Llolleo y la desembocadura del río Maipo.
DATOS:
61%
De todos los residuos generados recicló o reutilizó en 2022 Antofagasta Terminal Internacional (ATI). La chatarra, por ejemplo, la convierte en acero para construcciones; los neumáticos en materia prima para nuevas ruedas; y el aceite es aprovechado por la industria cementera.
3
Años consecutivos suma el Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS) recibiendo el certificado de Sello Verde IE que demuestra que su suministro eléctrico proviene de fuentes renovables, ya sea energía eólica, solar o hídrica.
Artículo publicado en InduAmbiente n° 183 (julio-agosto 2023), páginas 76 a 78.