El Aporte de Escazú

En plena marcha está el proceso de implementación del Acuerdo de Escazú en Chile, luego que el año pasado el Congreso ratificara la adhesión de nuestro país a este convenio que busca garantizar los derechos de acceso a la información y a la justicia ambiental, así como la participación pública en los procesos de toma de decisiones en esta materia, en América Latina.

Considerando esos objetivos, su adecuada aplicación puede ayudar a mejorar el relacionamiento entre las empresas y las comunidades, y a evitar conflictos socioambientales que en las últimas décadas han aumentado por el desarrollo de diversas actividades económicas y la ejecución de proyectos a gran escala en distintas zonas del país.

A continuación, revisamos qué aportes concretos puede realizar este tratado en esta materia, así como algunas herramientas que sirven para cumplir efectivamente con sus lineamientos.

Dificultades

Para abordar este tema, cabe preguntarse primero ¿cuáles son las principales dificultades o deficiencias que suelen existir en el relacionamiento entre las empresas y las comunidades afectadas por sus proyectos?

SGA ha asesorado a numerosas e importantes compañías para que desarrollen sus iniciativas de inversión en armonía con su entorno natural y humano. A partir de esa experiencia, señalan que la inserción territorial de los proyectos presenta importantes desafíos para las empresas y es uno de los factores críticos en la implementación de los proyectos.

Sol Novoa, profesional del Área Medio Humano y Relacionamiento Comunitario de la consultora, detalla: "Por un lado, existe una asimetría en la comunicación de información a las comunidades por parte de las distintas empresas y en la manera en que se utiliza la información recopilada en los procesos de participación ciudadana para fortalecer los proyectos. Por otro lado, la información obtenida durante el proceso de elaboración de los estudios de impacto ambiental es altamente técnica", por lo que se debe hacer más clara y accesible para las comunidades. También indica que es esencial comprender las diferentes dinámicas culturales y territoriales de las distintas comunidades, y tenerlas en cuenta para diseñar los procesos de participación.

En ese contexto, sostiene que las principales dificultades que se visualizan entre titulares y comunidades están relacionadas con la falta de comunicación y participación oportuna, lo que se traduce en desconfianza hacia la empresa y los proyectos. "En este sentido, el relacionamiento muchas veces es tardío y llega a tratar de solucionar problemáticas que ya se insertaron en el territorio en vez de anticiparse a conflictos socioambientales a través de un correcto diagnóstico y diálogo con las comunidades. Esto no solo genera problemas con los grupos humanos, sino que deficiencias en el proceso de evaluación y tramitación ambiental, donde los stakeholders no se sienten partícipes ni informados, por lo que la negativa hacia los proyectos aumenta significativamente", plantea Sol Novoa.

Desde una perspectiva más académica, en el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) enumeran las trabas que advierten en la relación empresas-comunidades:

• La necesidad de tener información fidedigna sobre las características y ventajas de los proyectos.

• Un mayor detalle sobre el conocimiento del ciclo de vida de los proyectos e implicancias/medidas en beneficio del ambiente y las personas.

• La necesidad de revisar los vínculos de los proyectos con otras iniciativas que se ejecuten en los territorios.

• El entendimiento de las consecuencias e implicancias de los proyectos por parte de las comunidades que resulten afectadas.

• Una mayor información respecto de la localización de proyectos y sus implicancias para el ambiente y las personas.

• El énfasis en los procedimientos administrativos en desmedro de la gestión de implicancias e impactos sobre el ambiente y las personas.

• La relación temprana con las comunidades.

• La necesidad de encontrar la sustentabilidad de los proyectos desde su diseño y no beneficiar acciones para obtener los permisos respectivos.

Contribuciones

Desde el CED sostienen que la implementación del Acuerdo de Escazú puede aportar a superar los obstáculos mencionados, ya que contribuye "a tomar conciencia sobre la necesidad de abordar los desafíos de información y participación como instrumentos que poseen reales herramientas que ayuden a darle sustentabilidad a las decisiones y no solo priorizar el cumplimiento de instancias normativas". Asimismo, destacan que "ayuda a trabajar en la disponibilidad de información para la sociedad en general facilitando las decisiones y generando actores más conscientes de los valores, oportunidades y riesgos en juego".

A su vez, desde SGA, Francisca González resalta que el Acuerdo de Escazú es muy relevante en cuanto reafirma el Principio 10 de la Cumbre de la Tierra (1992) en donde se reconoce que "el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda".

Considerando los derechos que consagra, indica que "entre las obligaciones que se deben adoptar para dar acceso a la información ambiental, se considera el deber de garantizar el acceso público a la información bajo el principio de máxima publicidad, así como también la facilitación a personas o grupos en situación de vulnerabilidad".

Añade que, respecto a la participación en procesos de toma de decisiones ambientales, el Acuerdo insta a la participación abierta e inclusiva, con plazos razonables para informar al público y para que la ciudadanía participe de forma efectiva. Y advierte que las condiciones de participación deben ser adecuadas a las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género. "En este contexto, la implementación del Acuerdo de Escazú desempeña un papel fundamental en la prevención de conflictos socioambientales", señala.

Francisca González comenta también que el tratado define la información mínima que los responsables de los proyectos deberán proporcionar a las comunidades. "Esto incluye detalles técnicos del proyecto, sus impactos tanto individuales como en conjunto con otros proyectos en la misma área, y las medidas contempladas para mitigar dichos impactos. Todo esto debe ser presentado en un lenguaje claro y accesible para todas las partes involucradas. Además, se deben respetar los plazos adecuados para garantizar la entrega apropiada de información, una participación efectiva y la consideración de las observaciones en el proyecto", expone.

Herramientas

¿Qué herramientas pueden aplicar las empresas para hacer efectivos los lineamientos que plantea el Acuerdo de Escazú?

Desde el CED responden: "Participación temprana con los actores vinculados a sus decisiones, participación permanente y no solo en instancias establecidas en leyes y reglamentos, mecanismos de valor compartido que permitan abordar riesgos y oportunidades para las personas y los territorios compartidos; y disponibilidad de sistemas de información públicos, actualizados y accesibles según las realidades de cada territorio".

En la misma línea, Marco Vargas, especialista de SGA, señala: "La principal herramienta es llevar a cabo un proceso de Participación Ciudadana Anticipada robusto y pertinente a las comunidades. Considerar a los stakeholders desde el comienzo de un proyecto es clave para cumplir con todos los objetivos de Escazú y además generar procesos de evaluación fuertes y anticiparse a conflictos socioambientales. En este mismo sentido, mantener canales de comunicación abiertos y transparentes son relevantes para informar y también para recibir inquietudes de la comunidad. La comunicación activa sirve también para robustecer las confianzas y demostrar que la empresa quiere conocer y considerar las opiniones de los stakeholders".

Agrega que el monitoreo participativo es una excelente herramienta para abordar todos los elementos de Escazú, "generando una participación informada de las comunidades, pero también permitiéndoles ser parte de los procesos que permiten el desarrollo de la justicia ambiental. En este sentido, es fundamental llevar a cabo un análisis previo de las comunidades. Esto implica identificar sus características demográficas, socioculturales y su experiencia previa en actividades similares. Teniendo en cuenta esta información, es esencial definir el alcance que tendrá la metodología propuesta, ya sea informativa, consultiva o resolutiva".

Marcos Vargas menciona luego herramientas concretas que se pueden usar: reuniones presenciales con dirigentes comunitarios y miembros de la comunidad, campañas y espacios para difundir información, y talleres participativos, entre otros. Y de manera más general recuerda que se debe realizar una evaluación constante de las herramientas definidas en el plan de participación ciudadana.

Artículo publicado en InduAmbiente nº 183 (julio-agosto 2023), páginas 82 a 83.