En Pro de la Biodiversidad

Nuestro país puede sentirse orgulloso y agradecido de su biodiversidad, entendida como "la variedad de la vida en todas sus formas". De hecho, cuenta con alrededor de 31 mil especies entre plantas, animales, algas, hongos y bacterias, de las cuales casi el 25% son endémicas.

Sin embargo, debido a la actividad humana, actualmente la mitad de los ecosistemas y dos tercios de las especies que habitan el territorio nacional se encuentran vulnerables ante distintas amenazas, de acuerdo a datos del Ministerio de Medio Ambiente (MMA).

De ahí la gran satisfacción que produjo en muchas organizaciones ecologistas y defensores de la naturaleza, que en junio pasado el Congreso aprobara, después de 13 años de tramitación, el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), cuyo texto se publicó en el Diario Oficial el 6 de septiembre. La denominada "Ley para la Naturaleza" permitirá que el país cuente con un organismo público dedicado de manera exclusiva a resguardar las áreas protegidas del país y la biodiversidad que se encuentra al interior y exterior de esos territorios.

Daniela Manuschevich, jefa de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del MMA, destaca este hito y todas las implicancias positivas que ha tenido la creación e implementación de la institucionalidad ambiental a partir de 2010.

En términos de biodiversidad, rescata la ampliación de la cobertura de las áreas protegidas terrestres y marinas. "Hoy en día tenemos un porcentaje bastante alto de cobertura, sin embargo, a propósito del Marco Global de Biodiversidad aprobado en Montreal en diciembre de 2022, debemos avanzar para que esa conservación sea ecológicamente representativa. Es decir, que tengamos todos los tipos de ecosistemas marinos y terrestres sumados a estas grandes redes de conservación. Hay que hacer una gestión efectiva y no quedarnos solo en una declaración de buenas intenciones", plantea.

Para lograr lo anterior, explica, "es una condición habilitante que el SBAP se implemente bien, como un sistema robusto que efectivamente dé cuenta de los desafíos que necesitamos para conservar la biodiversidad".

Triple Crisis

La especialista añade que, dado que la pérdida de la biodiversidad está relacionada con el cambio climático y la contaminación (triple crisis ambiental), se necesita que la nueva institucionalidad se haga cargo de la conservación de la biodiversidad dentro y fuera de las áreas protegidas.

En ese contexto, apunta como una labor importante la gestión de especies exóticas invasoras, como es el caso del caracol africano, "porque si somos capaces de manejarlas y controlarlas evitamos impactos fundamentales en nuestra biodiversidad y contribuimos a salvaguardar los procesos naturales que se están viendo afectados por el cambio climático".

Además de destacar la aprobación de la Ley SBAP, Daniela Manuschevich rescata la ampliación de la cobertura de las áreas protegidas terrestres y marinas.

Juan Carlos Torres-Mura, jefe del área Fauna de Orbe Consultores Ambientales, junto con destacar el aporte del resto de la institucionalidad ambiental a esta causa, comenta que la Ley SBAP permitirá implementar de mejor manera el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Ley de Cambio Climático, aglutinando en un solo servicio normas, atribuciones y espacios geográficos como las áreas protegidas que están dispersas o dependen de varios ministerios. "Esto traerá mayor eficiencia", subraya.

El profesional valora otro hito en la gestión de la biodiversidad: la creación del Comité de Clasificación de Especies Silvestres, procedimiento derivado de la Ley sobre Bases del Medio Ambiente que "permite evaluar el nivel de amenaza de nuestra diversidad biológica y contribuye a priorizar recursos y esfuerzos en aquellas especies más expuestas, teniendo efectos tanto en la planificación territorial como sobre los proyectos de inversión. El reglamento de esta clasificación descansa en información objetiva y evita la subjetividad que tenían los 'libros rojos' basados en las percepciones y los sesgos de los investigadores".

También destaca la actividad del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) tendiente a elaborar guías, instructivos y criterios técnicos para todas las tipologías de proyectos que se someten al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y que contribuyen a la protección de los ecosistemas.

Convenio y Estrategia

La promulgación del Convenio Sobre la Diversidad Biológica –adoptado en la Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas, en Río de Janeiro, en 1992– es el primer gran hecho en este ámbito que resalta Cristopher Toledo, Economista de Fundación Terram. Tal acuerdo reconoce la necesidad de la preservación futura de la biodiversidad, siendo el primero a nivel mundial que protege todos los aspectos que ésta involucra.

Además, pone de relieve la "Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030"; la publicación de la Ley de Protección de Humedales Urbanos; la entrega por parte del Gobierno de la actualización de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) a la Convención Marco de las ONU sobre Cambio Climático, en la cual Chile asumió importantes compromisos en materia de protección de los océanos; la incorporación de nuestro país a la coalición "The Blue Leaders" que busca promover la protección del 30% de los océanos del mundo para los próximos diez años; y la adhesión nacional a la Coalición por la Alta Ambición para la Naturaleza y los Pueblos, que promueve la protección del 30% del mar y la tierra del planeta en el mismo plazo.

Asimismo, recuerda que, en la COP15 sobre el tema, celebrada en 2022, Chile y los demás estados miembros establecieron el Marco Mundial Kunming Montreal de la diversidad biológica, el cual guiará los esfuerzos de conservación al 2030.

Por último, resalta la aprobación por parte del Congreso de la Ley SBAP, regulación que permitirá enfrentar la triple crisis ambiental, contribuirá con más recursos a la conservación y protección ambiental, aportará más de 30 nuevos instrumentos para conservar la naturaleza, no permitirá concesiones con fines comerciales, no eliminará la Corporación Nacional Forestal (Conaf) e incorporó propuestas de los pueblos originarios.

Cambio de Paradigma

En materia de desafíos, Daniela Manuschevich aboga por un cambio de paradigma que involucre a todos los sectores de la sociedad. "Esto tiene que ver con entender que sin la naturaleza, sin la biodiversidad y sin hacernos cargo del cambio climático y de la crisis de contaminación no hay desarrollo posible. Si no tomamos medidas urgentes vamos a ver afectadas nuestras posibilidades de desarrollo", manifiesta.

Torres-Mura expone que lo prioritario es implementar el SBAP, que aún tiene un camino que recorrer. "Por ejemplo, se tienen que elaborar los reglamentos, que son varios, para que pueda tener vigencia; hay que monitorear el traspaso de las áreas protegidas a este servicio único; y varios organismos del Estado que ahora están repartidos en distintos ministerios deben unirse en un solo servicio", detalla.

Agrega un reto derivado de la Ley SBAP: "Hay que chequear cómo avanza la implementación de los sitios prioritarios, que fueron establecidos a nivel regional hace 20 años. Si bien no son áreas protegidas, son lugares de valor para la conservación de la biodiversidad, más aún considerando que en algunas regiones son muchos o abarcan áreas muy grandes. Estos sitios no fueron reconocidos de forma inmediata por la ley, pero habrá un proceso de evaluación caso a caso que debe durar un par de años y cuyos resultados aún no son predecibles", asegura.

Según su parecer, un desafío para la institucionalidad del Estado, que influye en la gestión de la diversidad biológica, será coordinar la participación de las entidades públicas en el SEIA, lo que supone, por ejemplo, "acotar los pronunciamientos que hagan cuando participen de la evaluación ambiental, de manera que se enmarquen en sus competencias y en aquellas materias propias de este proceso. También es necesario fortalecer el sistema de evaluación ambiental".

Cristopher Toledo añade otro problema que se requiere resolver: "Pese a que nuestro país cuenta con una extensa superficie terrestre protegida por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), que cubre 18,6 millones de hectáreas, se han realizado pocos esfuerzos para avanzar en el resguardo de los ecosistemas terrestres más amenazados y sub representados por alguna categoría oficial de protección", afirma.

Según Cristopher Toledo, "se han realizado pocos esfuerzos para avanzar en el resguardo de los ecosistemas terrestres más amenazados".

Más Deudas

El especialista de Terram pone sobre la mesa, asimismo, un informe de auditoría de la Contraloría General de la República de 2021, sobre la gestión de las áreas protegidas por parte de los organismos del Estado, que señala que, de 143 unidades terrestres y marinas analizadas, más de 50 "carecen de monitoreo de biodiversidad, advirtiendo que no existen lineamientos, marco regulatorio, ni metodologías suficientemente estandarizadas en este ámbito. Y otras 54 áreas no cuentan con planes de manejo. De esta forma queda en evidencia que muchas de ellas son solo declaradas en el papel, quedando sin ningún tipo de resguardo el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas".

Otro ámbito en el que el economista aboga por cambios es el relativo al financiamiento que nuestro país destina para la protección de la biodiversidad, en particular de las áreas protegidas. "Sigue siendo deficiente. Esto se evidencia en el presupuesto 2023 asignado al SNASPE, que asciende a $19.045 millones de ingresos totales, un 21% menor respecto del año anterior. Es la mayor caída registrada para las áreas protegidas estatales desde el año 2009. Y para las áreas marinas, el presupuesto es aún más insuficiente", sostiene.

Rol de las Empresas

¿Qué papel deben desempeñar las empresas en el resguardo de la biodiversidad? Desde el MMA, Daniela Manuschevich responde: "Los sectores productivos están entendiendo rápidamente de que la pérdida de la biodiversidad y la triple crisis ambiental los afecta mucho más rápido de lo que se pensó. No obstante, también pueden asumir un rol de liderazgo que es fundamental, anticipándose, como lo hace muchas veces el sector privado, a los problemas emergentes que están ocurriendo".

Enseguida aporta un ejemplo concreto: "Hay viñas que están enfrentando el cambio climático y entendiendo que si incorporan la biodiversidad en sus prácticas productivas obtienen un vino de mejor calidad, que se diferencia de otros vinos en el mercado y que, por lo tanto, genera mayores ganancias, menos costos e impactos positivos en la biodiversidad. Es importante que más industrias comprendan esto para sumar avances".

Cristopher Toledo, por su parte, sentencia que lo primero que deben hacer las empresas "es cumplir la legislación ambiental vigente, sobre todo si se benefician y dependen de manera directa del bienestar de los ecosistemas. Es lo que sucede con aquellas que producen salmones al interior de las áreas protegidas, ya que con sus prácticas contribuyen al deterioro de estos ecosistemas únicos".

Acota que existe mucha evidencia de diversas afectaciones, "como ocurre con los diversos ejemplos de sobreproducción de salmones en los cuales sistemáticamente han incurrido las empresas del rubro. Un caso concreto es el de Nova Austral, que actualmente está a la espera de que el Tribunal Ambiental ratifique la sanción de la SMA de revocar los permisos ambientales de tres de sus centros de cultivo".

DATOS:

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Nuevos instrumentos, al menos, se crearán tras la puesta en marcha del SBAP. Destacan el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, el Sistema de Información y Monitoreo de la Biodiversidad, programas de monitoreo de los ecosistemas y de las especies, una planificación ecológica, y planes para ecosistemas amenazados y de especies exóticas invasoras.

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Formaciones vegetacionales, de acuerdo al Sexto Informe Nacional de Biodiversidad de Chile (2020), registran tasas de pérdida que no se han revertido. El caso más preocupante es el del bosque esclerófilo de la zona mediterránea, cuyo retroceso tuvo un alza de 187,5% entre 2014 y 2018.

Artículo publicado en InduAmbiente nº 183 (julio-agosto 2023), páginas 54 a 56.