La Inversión Climática

La ONU tiene la "película" clara: la acción climática es costosa, pero la inacción lo es mucho más. De hecho, advierte que si los países no invierten en sistemas energéticos basados en fuentes renovables y en infraestructuras robustas no soportarán los efectos del cambio climático. Es una realidad devastadora que ya se está viviendo en distintas latitudes.

El problema es que el diagnóstico es claro, pero la solución no está al alcance de todos, especialmente de las naciones en desarrollo que carecen de los recursos y de la tecnología para adaptarse y mitigar con éxito tan grave flagelo. De ahí que los países industrializados deban incrementar su apoyo a los estados más pobres y vulnerables, siendo la cooperación internacional clave en este ámbito.

¿Qué beneficios tiene el financiamiento de la acción climática? Según la ONU, permite que los países reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), por ejemplo, invirtiendo en energías renovables como la eólica o la solar. Y a los agricultores, en particular, "les ayuda a optar por semillas resistentes al clima para que puedan seguir produciendo alimentos y obteniendo ingresos", señala un reporte de la entidad.

En relación al desembolso privado en este ítem, la ONU señala que "tiene un papel muy importante. Además de las inversiones en proyectos vitales para la nueva economía ecológica, como las plantas de energía renovable o los vehículos eléctricos, debe alinearse con los objetivos climáticos. Esto significa que un inversor, como un fondo de pensiones, debería optar por comprar acciones de empresas que produzcan energía renovable limpia en lugar de combustibles fósiles intensivos en carbono".

Situación en Chile

En conjunto con la academia, las 25 grandes empresas que integran el Grupo de Líderes Empresariales por la Acción Climática, CLG Chile, impulsan políticas e instrumentos para facilitar la transición hacia una economía baja en carbono. Su Directora Ejecutiva, María Teresa Ruiz-Tagle, hace una evaluación sobre el trabajo desarrollado en este campo por las compañías socias y el sector privado en general: "Los bonos temáticos (verdes, sociales y sostenibles) se han convertido en una parte clave de la estrategia de financiamiento del país en los últimos años. Y el sector privado, cada vez más a menudo, obtiene financiamiento verde para inversiones relativas a mitigación y adaptación al cambio climático de sus empresas. Lo consigue de dos maneras: con la emisión de bonos verdes contra proyectos concretos, o a través de la emisión de Sustainability-linked bonds (o SBL), que son bonos relacionados a la estrategia de sustentabilidad y acción climática de las empresas, donde se abordan de manera eficaz los riesgos relacionados con el cambio climático y el medio ambiente. El SBL vincula el rendimiento de este instrumento con el cumplimiento de las metas de sostenibilidad ambiental declaradas por las compañías".

Agrega que las empresas hacen lo anterior porque obtienen buenas tasas, los inversionistas así lo solicitan, los clientes lo reconocen como positivo, y porque es un buen negocio.

Las empresas del CLG han usado los Sustainability-linked Bonds para mitigación y adaptación al cambio climático, destaca María Teresa Ruiz-Tagle.

Enseguida aporta algunos ejemplos: "Integrantes del CLG como BancoEstado iniciaron la colocación de bonos verdes en el 2015, CMPC en el 2017, Aguas Andinas en el 2018 y SQM desde el 2021, tanto en el mercado nacional como internacional. Y otras compañías miembros también han emitido bonos verdes desde sus headquarters. CMPC, en tanto, emitió Sustainability-linked Bonds el 2021 por US$500 millones a 10 años plazo".

Respecto al mismo tema, Alejandra Arochas, jefa de proyectos en temas de Cambio Climático y Economía Circular de Acción Empresas –que aboga desde hace 23 años por la sostenibilidad empresarial en Chile–, expone que los asociados a la entidad desarrollan un fuerte trabajo para implementar acciones concretas y específicas en esta materia, acelerando con ello el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Chile y el mismo sector.

Acota que "un incentivo valioso que observamos cada vez con mayor frecuencia es la adhesión a estándares internacionales que guían a las empresas en su quehacer, como el Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), que estructura sus recomendaciones alrededor de cuatro áreas de referencia para la gestión empresarial: gobernanza, estrategia, riesgos, y métricas y objetivos. De esta forma, construyen el marco de información que ayuda a los inversores y a otros grupos de interés a entender cómo abordar el cambio climático desde los negocios. Esto permite respaldar la toma de decisiones eficientes e informadas de asignación de capitales con reportes precisos y, asimismo, comprender el contexto de gobernanza y gestión de riesgos bajo el cual se lograron los resultados".

Para Arturo Brandt, abogado especialista en medio ambiente y cambio climático, el aporte del sector privado es fundamental en esta área. "Contribuye con el 85% del PIB, por lo que se deben entregar las herramientas regulatorias y de políticas públicas para facilitar su trabajo en el área de mitigación y adaptación al cambio climático. Aunque mi percepción es que, por regla general, son las grandes empresas las que financian/desarrollan acciones en tal sentido; se baja un escalón y la actividad es muy poca. Y lo hacen, principalmente, porque hay alguna regulación que las obliga, porque deben incluir ahora compromisos sobre el tema en la presentación de proyectos al SEIA, o debido a que, a nivel corporativo central, las compañías multinacionales tienen alguna meta de mitigación de GEI que se 'traspasa' a las filiales locales. Esto se ve con frecuencia en la industria minera", especifica.

También resalta el caso de grandes empresas locales que se autoimponen metas de este tipo, o de exportadoras a las cuales los compradores les exigen huella de carbono y se ven 'forzadas' a medirla y adoptar acciones, de lo contrario se les cierran las puertas de algunos mercados. "En general, adoptan medidas de mitigación. Las de adaptación son muy pocas, destacando las excepciones de Aguas Andinas y BHP, que han estado bien activas en el desarrollo de actividades en la materia considerando que el calentamiento global afecta directamente su negocio", sostiene.

Incentivos y Barreras

En cuanto a incentivos y trabas para el financiamiento climático, María Teresa Ruiz-Tagle manifiesta que "las empresas del CLG no tienen problemas de acceso a recursos, tanto en mercados nacionales como internacionales. Sin embargo, empresas medianas y/o pequeñas podrían tenerlos o perder oportunidades de financiamiento verde y climático por no tener una estrategia de sustentabilidad y/o climática que sea verificable, o no poder definir proyectos verdes por carencia de acceso a monitoreo, reporte y verificación. Lo anterior, debido a la falta de capacidades internas y de recursos para realizar estas acciones necesarias, y también por no existir verificadores accesibles a las empresas de menor tamaño".

Para Alejandra Arochas, las principales barreras para la inversión climática se asocian a los costos de las acciones, "ya que muchas aún no forman parte del desarrollo del modelo de negocio de las empresas. No obstante, Chile posee un marco regulatorio claro dado por la Ley de Bases del Medio Ambiente que permite el desarrollo de los negocios considerando la variable de cambio climático y la jerarquía de compensaciones respecto de sus impactos ambientales".

Subraya, asimismo, que "en el último tiempo nuestro país ha desarrollado instrumentos financieros privados para solventar acciones climáticas concretas. Es el caso de proyectos de energía y transporte, que han podido emitir bonos para refinanciar o mejorar las condiciones del crédito de sus inversiones, favoreciendo el ingreso de ERNC, lo que contribuye a la habilitación del cambio de la matriz energética o a mitigar de forma directa las emisiones de GEI. Y la reforma tributaria hoy vigente permite la compensación de emisiones a través de proyectos de captura de carbono, esperándose que esto fortalezca y posibilite que las empresas afectas a impuestos desarrollen compensaciones de emisiones e incentiven el mercado del carbono".

Arturo Brandt sostiene, en tanto, que los principales incentivos que tienen las empresas para invertir en acción climática son la regulación local e internacional y las obligaciones de demostrar metas de carbono neutralidad o mitigación para acceder a ciertos mercados.

¿Las brechas? "El cortoplacismo para exigir resultados, toda vez que éstos se ven en 3 años o más, la falta de reglas claras y estables en el tiempo en algunos casos, así como la no regulación en otras, como se aprecia en el sector de las ERNC. También existe lentitud en los procesos de autorización de proyectos y tampoco ayuda el eterno sistema recursivo que no entrega certezas. Por otra parte, urge cambiar el diseño del mal llamado impuesto verde, que en relación a las emisiones de CO₂ ha demostrado ser un fracaso. Se deben implementar sistemas probadamente más efectivos para su mitigación, como el comercio de emisiones transables", detalla el experto.

"Se deben implementar sistemas probadamente más efectivos que el impuesto verde para la mitigación de GEI", asegura Arturo Brandt.

Inversión y Desafíos

Sobre los ámbitos en los cuales los privados hacen inversión climática, la directora ejecutiva de CLG Chile señala que "si el negocio está alineado con la carbono neutralidad, el financiamiento verde es para cualquier área y no para alguna iniciativa en particular. Esa es la ventaja de los Sustainability-linked Bonds. Y las empresas del CLG los han usado tanto para mitigación como para adaptación al cambio climático, en particular para financiar proyectos de impacto positivo en materia medioambiental y social; para reducir emisiones de CO₂ y/o de intensidad de uso industrial de agua en plazos definidos; para incrementar áreas de conservación, restauración y/o protección ambiental; y para avanzar en estrategias de cero residuos a disposición final, entre otras".

Arturo Brandt complementa: "Las empresas destinan los recursos a la mitigación de la huella de carbono, eficiencia energética, compra de electricidad verde, implementación de ciertos 'sellos' que les exigen los compradores para poder ingresar a los mercados internacionales y, en general, a medidas que vayan acompañadas de resultados positivos tangibles. Invierten, asimismo, en dar a conocer sus acciones climáticas".

Si de desafíos se trata, María Teresa Ruiz-Tagle acota que el financiamiento climático "puede habilitar a empresas a gestionar su huella de emisiones de GEI, lo que las hará no solo más competitivas en el mercado de consumo final, sino que más atractivas como proveedoras de otras empresas que deben gestionar sus emisiones de GEI (alcance 3) para cumplir con sus compromisos de carbono neutralidad y así acceder a mercados con mayores exigencias, en lo cual el Estado debe cumplir un rol clave de apoyo. Además, me parece muy relevante ponerle metas de financiamiento verde a los ejecutivos a cargo de las compañías, de modo de ir dando señales claras respecto a la dirección que va teniendo el mercado de las finanzas sostenibles a nivel global".

Brandt puntualiza otro importante reto: "Es fundamental 'hacer entrar a la cancha' al sector financiero, que es el que aporta los recursos para los proyectos destinados a la mitigación y/o adaptación al cambio climático".

Para Alejandra Arochas, las principales barreras para la inversión climática se asocian a los costos de las acciones.

Iniciativas Bancarias

Con información recopilada desde las mismas organizaciones, destacamos a continuación aspectos generales del trabajo que realizan cinco de los principales bancos que operan en Chile en el área de financiamiento climático:

• BancoEstado: Su programa "Mundo Verde" busca, desde el año 2000, convertirse en una plataforma pionera y referente en las finanzas verdes, para reactivar la economía de manera sostenible y resiliente al cambio climático. A través de esta iniciativa, entrega créditos para energías limpias, eficiencia energética y electromovilidad.

• BancoChile: En 2022 lanzó Compromiso Azul con Chile, su carta de navegación en materia medioambiental y lucha contra el cambio climático. Considera, por ejemplo, un nuevo marco de financiamiento sostenible para la emisión de bonos y préstamos ambientales, sociales o de sostenibilidad para aportar recursos a proyectos que generen impactos ambientales o sociales positivos en áreas como eficiencia energética, energías renovables, edificios sustentables y transporte limpio.

• Bci: En 2021, se convirtió en el primer banco de origen chileno en ser carbono neutral al compensar el 100% de su huella. En el último tiempo ha gestionado financiamiento para proyectos enfocados en el rubro agroindustrial y de energía, apoyándolos en procesos de transformación de su matriz energética. Desde abril pasado tiene un acuerdo con Enel X para entregar alternativas de financiamiento, con tasas preferenciales, a todas las empresas que busquen hacer su operación más sostenible, fomentando la incorporación de las energías renovables a través de proyectos de electromovilidad y sistemas fotovoltaicos en base a energía solar.

• Santander Chile: como parte de su estrategia global, ha financiado en los últimos años proyectos de descarbonización a diversas empresas. Por ejemplo, ha suscrito acuerdos con compañías como Enel, AZA y Solarity.

• Scotiabank Chile: El banco de origen canadiense asegura haberse convertido en uno de los principales proveedores de soluciones de financiamiento sostenible en Chile, apoyando al país en sus esfuerzos por cumplir sus ambiciosas metas para hacer frente al cambio climático. Con ese objetivo, realiza la estructuración de bonos para financiar inversiones en sostenibilidad o emite bonos verdes, como los de Aguas Andinas para financiar proyectos de abastecimiento de agua potable, infraestructura resiliente al cambio climático, eficiencia energética y saneamiento de aguas servidas.


DATO:

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Trillones de dólares será necesario invertir en energías renovables para 2030 en todo el mundo, principalmente en tecnologías e infraestructura, para lograr la meta de cero emisiones netas de GEI al 2050.

Artículo publicado en InduAmbiente nº 182 (mayo-junio 2023), páginas 16 a 19.