"Pondremos especial atención al cuidado del medio ambiente. Porque el cambio climático no es una invención. Está acá, y genera efectos directos sobre nuestras vidas y las de futuras generaciones. No es casualidad que sean los jóvenes del mundo los que hayan alzado la voz, desde Greta a Julieta, ante los poderes irracionales. No podemos mirar para el lado cuando nuestros campesinos y agricultores, cuando localidades enteras no tienen agua o cuando se destruyen ecosistemas únicos pudiendo evitarlo".
En el párrafo anterior, que fue parte de su discurso tras convertirse en Presidente Electo de Chile por amplia mayoría, Gabriel Boric resume lo que serán sus prioridades ambientales a partir del 11 de marzo de 2022. A continuación, destacamos los principales alcances de su programa en este ámbito.
Crisis Climática e Institucionalidad
Su hoja de ruta plantea que "Chile debe reconocerse y declararse en estado de emergencia climática. Además, debe cumplir sus compromisos climáticos internacionales y ser más ambicioso en su formulación, fortaleciendo las metas de mitigación de mediano y largo plazo, con un enfoque en las regiones, para adelantar el objetivo de ser un país carbono neutral". También señala que esas metas deben articularse con "acciones ambiciosas de adaptación y protección de nuestros ecosistemas terrestres y marinos, como glaciares, costas y océanos".
Aprovechando la oportunidad que brinda la discusión de la Ley Marco de Cambio Climático en el Congreso, su gobierno "propondrá una legislación para que aquellos proyectos productivos que deban someterse a un proceso de evaluación ambiental declaren sus proyecciones de gases de efecto invernadero y medidas de mitigación consistentes con el objetivo de carbono neutralidad".
Por otra parte, Boric y su equipo aseguran que se necesita un rediseño institucional que logre conocer y monitorear eficientemente el estado de los ecosistemas. Entre otras medidas, impulsarán la tramitación expedita del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), e iniciarán una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que fortalezca la participación de las comunidades y reconozca la vocación y características del territorio.
Soberanía Energética
El plan de Boric propone un modelo de soberanía energética con tres prioridades programáticas: descarbonización, descentralización y pobreza, y vulnerabilidad energética. Con ello buscará eliminar el uso del carbón al terminar los cuatros años de mandato, fomentar cooperativas y empresas energéticas regionales con foco en un desarrollo económico local y sustentable, terminar el periodo de gobierno con 500 MW instalados de generación distribuida residencial, y acabar con la desigualdad energética caminando hacia un nuevo modelo energético sostenible, descarbonizado, solidario, con foco en los hogares, principalmente.
Las siguientes son algunas de las medidas específicas:
• Impulsar un plan nacional de soberanía energética para desarrollar con fuerza la generación distribuida.
• Generar los incentivos para la reconversión tecnológica de las centrales a carbón y el impulso a tecnologías renovables no convencionales que puedan aportar generación fuera de las horas de sol.
• Robustecer la infraestructura de transmisión eléctrica actual.
• Impulsar el desarrollo de proyectos de almacenamiento de energía que favorezcan al proceso de descarbonización.
• Aportar a mejorar el confort térmico de las viviendas y disminuir el costo de calefacción para las familias, a través del programa de aislación térmica "Abriguemos Chile".
• Establecer un plan regulatorio de la leña como combustible para mejorar la calidad del aire de las comunidades afectadas, asegurando acceso a biomasa seca.
• Crear un centro de investigación y fomento a la eficiencia energética para hogares e industria.
• Potenciar el desarrollo del hidrógeno verde.
Agua y Ecosistemas
En materia de recursos hídricos, el programa se inclina por establecer condiciones que materialicen el agua como "bien nacional de uso público, bien común o bien colectivo, según lo establezca la Convención Constitucional. Proponemos cambiar el modelo de gestión actual para avanzar hacia una gobernanza con carácter sistémico, integrado, descentralizado, con enfoque de cuencas y basado en la ciencia".
Particularmente, se compromete a:
• Implementar una Política Nacional de Seguridad Hídrica que garantice el derecho humano al agua y el saneamiento, con un enfoque de protección y restauración de los ecosistemas.
• Crear un Sistema Nacional de Gestión de Aguas, que materialice la implementación de un nuevo modelo sistémico de gestión en sintonía con la naturaleza.
• Invertir significativamente en programas específicos de rehabilitación, fortalecimiento y creación de servicios sanitarios rurales.
• Asegurar el suministro en calidad, cantidad y continuidad en todas las ciudades del país, utilizando todas las herramientas disponibles, incluyendo la priorización del consumo humano, el reúso de aguas servidas, la desalación, terminar con las descargas de aguas residuales con tratamiento primario al mar, la recarga de acuíferos, entre otras.
• Hacer efectivas las competencias de fiscalización y monitoreo que tienen los diversos órganos, con un enfoque estratégico y el uso de tecnologías para detectar extracciones ilegales.
• Aplicar efectivamente todas las herramientas administrativas disponibles en un marco de escasez, para limitar o prohibir usos, o establecer derechos provisionales priorizando el consumo humano.
• Crear una política con enfoque de género para el acompañamiento técnico y psicosocial de personas que habitan en zonas de extrema sequía y falta de agua.
En estrecho vínculo con lo anterior, para la protección de los ecosistemas, impulsará medidas como:
• Revisar los procedimientos que determinan la oferta y disponibilidad de derechos de agua, considerando las proyecciones de cambio climático y la incorporación de variables medioambientales.
• Asegurar la calidad de las aguas a través de su protección integral y de la planificación y protección de suelos, en sintonía con la estrategia de basura cero.
• Incorporar tipologías de ingreso al SEIA que contemplen efectivamente proyectos forestales y agrícolas.
• Promover una política de gestión de acuíferos que incorpore proyectos de recarga.
• Invertir en soluciones basadas en la naturaleza que permitan no sólo restaurar ecosistemas, sino también asegurar el suministro de agua potable urbana y rural y mitigar el riesgo de desastres.
• Reorientar, con enfoque ecosistémico, los recursos de la Ley de Fomento al Riego en materia de riego tecnificado y obras de infraestructura gris hacia la pequeña y mediana agricultura, las comunidades agrícolas y los pueblos originarios y tribal afrodescendiente.
• Implementar un plan de gestión de embalses para priorizar el acceso al agua para consumo humano.
Economía Circular y Escazú
Otro énfasis ambiental del futuro mandato de Boric será "impulsar con fuerza el desarrollo de la economía circular. Profundizaremos el marco normativo que hoy entrega la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor a través de una Ley Marco de Economía Circular y Gestión de Residuos que, al incorporar el enfoque de ciclo de vida, permita la generación de modelos de basura cero a escala municipal, la reducción de los desperdicios de alimentos, la regulación del uso de materias primas secundarias, políticas de ecodiseño, reglamentación de abonos y bionutrientes, reutilización de aguas residuales, promoción de la simbiosis industrial, regulación de la obsolescencia programada y participación efectiva de recicladores de base".
Y entre las primeras medidas que promete adoptar está una de carácter internacional: la adhesión al "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe", más conocido como Acuerdo de Escazú, que el gobierno de Sebastián Piñera rechazó suscribir.
Artículo publicado en InduAmbiente 173 (noviembre-diciembre 2021), páginas 50 a 52.