El pasado 25 de marzo, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció una propuesta para crear el Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, con una Subsecretaría específica y varias ideas para mejorar la coordinación entre las entidades públicas y fortalecer la gestión del agua por parte del Estado.
El planteamiento recoge el trabajo público-privado de la Mesa Nacional del Agua, convocada en 2019. Y es parte de un proyecto de ley que prepara el Gobierno para generar un nuevo marco institucional y contar con una Política Hídrica de largo plazo, estable y respaldada transversalmente, que permita asegurar el abastecimiento humano, el cuidado del recurso vital y su uso sustentable por parte de los sectores productivos.
Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno realizaba ajustes al documento que presentaría al Congreso, cuyas principales proposiciones -sujetas a posibles cambios- presentamos a continuación.
Consejo Nacional y Política
La propuesta del Ejecutivo modifica la estructura organizacional actual en torno al agua, creando varias instituciones e instancias de coordinación al interior del aparato estatal.
La primera corresponde al Consejo Nacional de Recursos Hídricos, órgano asesor del Presidente de la República, de carácter consultivo, que estaría integrado por líderes y representantes de asociaciones, organizaciones e instituciones públicas y privadas, nacionales y regionales, pertenecientes al mundo municipal, político, gremial, académico, medioambiental y gubernamental, entre otros. Así se incluyen, por ejemplo, a los presidentes de la Asociación Chilena de Municipalidades, del Consejo Consultivo Nacional de Servicios Sanitarios Rurales, de las Comisiones de Recursos Hídricos y Desertificación del Senado y de la Cámara de Diputados, de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, de la Sociedad Nacional de Agricultura, de la Sociedad Nacional de Minería y de la Confederación de Canalistas de Chile. También a representantes de Fundación Chile, de Juntas de Vigilancias de las distintas macrozonas, de ONGs y planteles universitarios, entre otros.
Su principal misión sería proponer al Primer Mandatario la Política Nacional de Recursos Hídricos (PNA), dentro de un plazo de 12 meses a partir de la primera sesión del Consejo. La primera PNA deberá tener en especial consideración los tres desafíos y sus correspondientes ejes de trabajo planteados por la Mesa Nacional del Agua. Estos son: seguridad hídrica, cuyos ejes son el acceso universal al agua y al saneamiento, desarrollo de un plan de infraestructura hídrica e incorporación de nuevas fuentes, y planificación estratégica de cuencas; calidad de las aguas y ecosistemas, con la protección de los ecosistemas, la gestión sustentable de acuíferos y la protección de glaciares, como lineamientos; marco legal e institucionalidad, con la identificación de principios básicos, el mejoramiento de la institucionalidad pública, y el impulso a la institucionalidad a nivel de cuenca como cuestiones centrales. A eso se suman tres ejes transversales a los desafíos señalados: investigación e información pública, eficiencia hídrica y educación sobre el uso del agua, y financiamiento.
El Consejo Nacional de Recursos Hídricos también debiera proponer al Presidente de la República las formas de gobernanza de cuencas o de agrupación de cuencas adecuadas para implementar la Política Nacional de Recursos Hídricos, en un plazo de 18 meses desde que se apruebe este instrumento.
El Consejo también podría plantear ajustes a la institucionalidad del agua y de políticas específicas sobre seguridad e investigación hídrica, entre otras materias.
Instancias Coordinadoras
Para mejorar la coordinación institucional, la propuesta gubernamental postula dos nuevas instancias: una Comisión de Ministros y un Comité Técnico.
La primera estaría compuesta por los ministros de Obras Públicas y Recursos Hídricos (presidente), Agricultura, Hacienda, Desarrollo Social y Familia, Minería, Energía, Medio Ambiente; y Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
Esta Comisión entregaría lineamientos y recomendaciones para implementar y hacer seguimiento a la Política Nacional de Recursos Hídricos. En ese contexto, sus funciones serían: proponer una PNA al Consejo Nacional de Recursos Hídricos para su análisis y presentación al Presidente de la República; revisar y aprobar el Plan Nacional de Recursos Hídricos que le proponga la Subsecretaría de Recursos Hídricos; coordinar presupuestos ministeriales relacionados con el sector hídrico; aprobar planes estratégicos de gestión de recursos hídricos y de infraestructura hídrica de los ministerios.
Al Comité Técnico de Recursos Hídricos, en tanto, le correspondería coordinar la implementación y ejecución de las decisiones y acuerdos de la Comisión de Ministros. También se encargaría de hacer un levantamiento técnico para plantear el Plan Nacional de Recursos Hídricos.
En ese marco, tendría como funciones: conjugar las tareas que desarrollan los servicios vinculados a la gestión del agua; estudiar y proponer un plan para reducir duplicidades, eliminar o fusionar funciones; y generar una propuesta para simplificar y mejorar procedimientos de autorizaciones y permisos.
Estaría integrado por el Subsecretario de Recursos Hídricos (presidente), el Director General de Aguas, el Director General de Obras Hidráulicas, el Superintendente de Servicios Sanitarios, el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Hidráulica, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, representantes de los ministerios del Medio Ambiente y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; el Director de la Dirección Meteorológica de Chile; y un representante de Corfo.
Subsecretaría
La nueva Subsecretaría de Recursos Hídricos tendría como principal misión liderar y coordinar la gobernanza del agua a nivel nacional.
Estaría compuesta por: la Dirección General de Aguas, la Dirección General de Obras Hidráulicas, el Instituto Nacional de Hidráulica, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la nueva Unidad de Información Hídrica. Esta última institución se encargaría de elaborar, desarrollar, administrar y actualizar un sistema nacional unificado de información hídrica, que sería una plataforma de conocimiento estandarizada, transparente y accesible.
Aparte de liderar la gestión de esos servicios y el funcionamiento del Comité Técnico de Recursos Hídricos, las principales funciones de la Subsecretaría serían: liderar la implementación del Plan Nacional de Recursos Hídricos, según lo dictado por la Comisión de Ministros; y proponer un programa de modernización y racionalización de servicios hídricos, con el fin de eliminar o fusionar funciones duplicadas y erradicar ineficiencias, el cual deberá ser presentado para la aprobación de la Comisión de Ministros.
El proyecto de ley también pretende crear un Panel de Expertos, que se relacionaría con el gobierno a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Su misión sería dar recomendaciones públicas de carácter técnico en forma previa a ciertas decisiones de la Dirección General de Aguas, como la declaración de áreas de restricción y prohibición, el volumen máximo de extracción desde acuíferos, y el volumen para usos domésticos de subsistencia por cuenta sin derechos de agua. Estaría conformado por cinco especialistas remunerados, designados por el Presidente de la República, a través del Sistema de Alta Dirección Pública.
Artículo publicado en InduAmbiente 169 (Marzo-Abril 2021), páginas 46-47.