Por un Chile Sostenible

"Como ministra del Medio Ambiente, yo siento que parte de mi rol es trabajar por fortalecer la institucionalidad ambiental. Chile tiene una institucionalidad que se sostiene en la Ley de Bases que va a cumplir 30 años, y su actualización en el año 2010 recién vamos a completarla ahora con la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Con este servicio y las reformas a la Superintendencia del Medio Ambiente y al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental vamos a dejar fortalecida la institucionalidad ambiental. Por otra parte, tenemos la Ley Marco de Cambio Climático, que es un instrumento tremendamente importante y potente, porque involucra al Estado y, bien implementada, va a implicar un cambio muy significativo en la forma en que el país enfrenta los enormes desafíos que nos plantea la crisis climática".

Con esas palabras, Maisa Rojas resume las prioridades de su gestión que, según agrega, apunta a construir "un Chile más sostenible e inclusivo".

Se trata, por cierto, de una tarea tan compleja como necesaria de asumir. Y que requiere también de un adecuado involucramiento del sector privado y, en particular, de las empresas que juegan un rol clave para que el crecimiento económico del país sea compatible con el resguardo del medio ambiente y el respeto a las personas. De los avances y desafíos al respecto, conversamos en la siguiente entrevista.

Fortalecimiento Institucional

En marzo próximo se cumplirán 30 años de la promulgación de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y en el Ministerio del Medio Ambiente están trabajando en una propuesta con reformas importantes para reforzar la institucionalidad y la gestión ambiental. "Ya están bastante definidas las ideas matrices de ese proyecto de ley que vamos a ingresar hacia finales de año", anuncia la secretaria de Estado.

Una parte bien relevante de las modificaciones apunta a mejorar el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con medidas significativas como la eliminación de las Comisiones de Evaluación Ambiental (COEVA) a nivel regional y del Comité de Ministros, que resuelve las reclamaciones en torno a las decisiones de dicho órgano.

A eso se suman "materias como la participación ciudadana, lo que incluye fortalecer este instrumento en las Declaraciones de Impacto Ambiental, además de diseñar un sistema de Participación Temprana, previa al SEIA, para los grandes proyectos de inversión. También se propone la modernización de componentes de la evaluación ambiental, como la incorporación de los impactos sinérgicos y acumulativos, entre otros", indica.

Y agrega: "Hay que recordar que la Ley 19.300 no es exclusivamente SEIA. Es por ello que queremos incluir reformas a otros instrumentos, como la Evaluación Ambiental Estratégica y la Acción por Daño Ambiental para fortalecer el rol que cumplen en la política pública ambiental".

-¿De qué modo los cambios que están barajando pueden dar mayor certeza a la ciudadanía y a las empresas respecto del buen funcionamiento de los procesos de evaluación ambiental?

"Una idea bien significativa de la propuesta, y muy en línea con el Acuerdo de Escazú, es mejorar la participación ciudadana. Creemos firmemente que eso contribuye a tomar mejores decisiones ambientales al considerar la mirada de quienes habitan los territorios, y con ello a reducir la conflictividad socioambiental que existe en torno a la evaluación de algunos proyectos. La oposición de la comunidad que aparece en algunos casos se da porque es la única instancia que tienen para incidir en lo que ocurre en sus territorios. Eso no debiera resolverse proyecto a proyecto, sino que corresponde a una definición anterior que debiera darse a través del ordenamiento territorial que es una herramienta bastante inmadura todavía en el país. Eso da un marco para el buen funcionamiento, por ejemplo, del SEIA".

-Llevamos hartos años hablando de la falta de ordenamiento territorial en el país, y un problema que hemos advertido es la ausencia de un liderazgo dentro del Estado para avanzar, por ejemplo, en una regulación firme al respecto...

"Ahora tenemos un instrumento que son los PROT, los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial, que tienen en su reglamento Evaluación Ambiental Estratégica, y que son vinculantes, pero su reglamento todavía está en Contraloría. Yo creo que ese es un instrumento que va a servir, pero su desarrollo va a demorar. Mientras tanto, vamos a tener que seguir tomando decisiones sobre el territorio sin haber tenido esa conversación antes. Esa es una falencia que todo el mundo tiene bastante identificada, por lo que nuestra propuesta es, por un lado, mejorar la participación ciudadana y también tener algunos mecanismos de participación previa o temprana.

Y, por otro lado, está la propuesta de tecnificar más la toma de decisiones, eliminando el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental. La idea es reducir el componente político en la fase final del proceso de evaluación y dejarlo en una fase más inicial o anterior, que es donde pensamos que debiera estar".

-¿Qué otra alternativa se está analizando para acelerar la tramitación de proyectos sin descuidar el resguardo ambiental?

"Además de una modificación a la Ley 19.300, en materias relevantes para la evaluación ambiental estamos trabajando en una reforma al reglamento del SEIA. Ambas propuestas en conjunto pueden contribuir a disminuir los tiempos en que un proyecto se comienza a ejecutar sin descuidar la importancia de proteger el medio ambiente.

En primer lugar, en la reforma al reglamento del SEIA estamos conversando con otros organismos para permitir que algunos permisos mixtos, que se tramitan en parte en el SEIA y en parte luego del SEIA, puedan ser tramitados completamente al interior del SEIA. El SEIA tiene plazos regulados y claros, que dan certezas a los titulares de proyectos. Pero si a esos plazos sumamos tiempos adicionales de tramitación fuera del SEIA, la posibilidad de iniciar la ejecución es mayor. Por eso proponemos que algunos permisos puedan ser tramitados al interior del SEIA sin que exista, necesariamente, tramitación posterior, reduciendo así el tiempo total para los proyectos.

Adicionalmente, en la reforma legal buscamos incluir ciertas mejoras al sistema recursivo que permitan optimizar los procesos y evitar que las causas se retrotraigan en reiteradas ocasiones. Una de esas mejoras es eliminar el Comité de Ministros y permitir que el SEA revise directamente los recursos. Asimismo, crear un único recurso para todos los interesados, sin las distinciones y limitaciones que tiene la ley actual, que provoca discusión y exclusiones".

-¿Y eso también podría reducir la judicialización?

"Recurrir es un derecho para los titulares y la ciudadanía. Por ello, el foco no está en reducir o no esa posibilidad, que es un derecho, sino en evitar que las discusiones en tribunales se entrampen en asuntos menores y procedimentales. La idea es generar las condiciones para que los tribunales revisen las cuestiones de fondo de las evaluaciones. Eso, sin duda, contribuirá a reducir los tiempos totales entre que un proyecto ingresa a evaluación y se acaban las discusiones en tribunales.

Lo otro que puede ayudar a reducir los tiempos de los proyectos es la reforma que ha anunciado el Ministerio de Economía de hacer una ventanilla única con todos los permisos sectoriales no ambientales, que vienen después de la evaluación y pueden llegar a ser más de 300. Ordenar eso evidentemente también reduciría los tiempos, no de la evaluación, pero sería un tremendo avance para acelerar la ejecución de los proyectos".

-Otra reforma relevante es la que se pretende hacer a la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, donde uno de los ejes es fomentar el uso de instrumentos de cumplimiento, y a la vez corregir algunas desviaciones que hoy se dan en su uso, ¿cómo se pretenden equilibrar ambas cosas y evitar que quede la sensación de impunidad frente a algunas infracciones?

"Efectivamente, se realizarán ajustes para promover el uso de esos instrumentos. El objetivo de la SMA no es sancionar, sino asegurar que las empresas cumplan en su ejecución. Por ello, desde el origen de la SMA más que la sanción, el objetivo es el cumplimiento: lo que a nosotros nos interesa es que no se produzca daño ambiental, ni infracciones a las normas o a los otros instrumentos de gestión. Además, la Ley de Delitos Económicos y Ambientales recién aprobada debería actuar como un disuasivo mucho mayor, ya que ciertas infracciones que iban por el lado administrativo ahora han entrado al Código Penal".

-¿Las modificaciones planteadas permitirán optimizar los escasos recursos con que cuenta la SMA para cumplir su tarea fiscalizadora?

"Sí. La SMA es la que tiene la mayor subdotación de personal de todas las superintendencias del país. En su primera ley fue pensada de manera muy rígida y muy centralizada. La idea, por un lado, es diferenciar las sanciones y el procedimiento para las denuncias más simples, como las de ruido que son más del 50% del total. En esos casos, la idea es hacer un proceso simplificado. De esa manera se ahorran recursos y el actuar de la Superintendencia puede ser más eficaz".

Cambio Climático

Sentar las bases para que el país esté mejor preparado para enfrentar el cambio climático es otra prioridad para la ministra Maisa Rojas. Más aún después de los últimos eventos meteorológicos extremos que han resultado en desastres socio-naturales con cuantiosos impactos, como ocurrió con los incendios forestales registrados en febrero y las inundaciones ocurridas en junio y agosto. "Sabemos que el cambio climático ha aumentado -y seguirá aumentando- tanto la frecuencia y la intensidad como la duración de diversos eventos extremos, como olas de calor y precipitaciones extremas. Esta realidad nos llama a la urgente necesidad de adaptarnos a los impactos de este fenómeno, tal como nos mandata la Ley Marco publicada en junio de 2022, que tiene como objetivo adaptarse al cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad y aumentando la resiliencia a sus efectos adversos", advierte la autoridad que también es experta climatóloga.

Agrega que para esto el MMA ha puesto al alcance de la comunidad información sobre amenazas y riesgos para el país mediante la plataforma Atlas de Riesgos Climáticos (ARClim), desarrollada en colaboración con 27 centros de investigación a lo largo de Chile para apoyar la elaboración de políticas públicas y la implementación de medidas de adaptación y su evaluación. Además, en el contexto de la creación de los Planes de Acción Regionales de Cambio Climático (PARCC), incluidos en la Ley Marco, el Ministerio está desarrollando cadenas de impacto específicas para cada región de Chile.

Más allá de eso, la Ministra señala: "Es imperativo hacernos cargo de la discusión de fondo. Los eventos que estamos presenciando y padeciendo nos imponen una gran responsabilidad: implementar acciones urgentes para, tal como lo establece la Ley de Cambio Climático, ser resilientes al clima para enfrentar más preparados los eventos extremos y ser carbono neutrales para no seguir contribuyendo al calentamiento del planeta. El cambio climático es una realidad y sus efectos los estamos viviendo hoy. Y el costo de la inacción será siempre mayor al de actuar con decisión".

-A su juicio, ¿el sector industrial en general ha asumido la urgencia de actuar frente a la crisis climática?

"Yo diría que en el ámbito de cambio climático la industria en general entiende muy bien el rol que debe jugar, y que debe hacer cambios profundos para enfrentar la crisis climática porque, además, en muchos casos, es una oportunidad de desarrollar una nueva industria, y eso es muy positivo.

La Ley Marco de Cambio Climático plantea un compromiso de carbono-neutralidad a más tardar al año 2050, con metas intermedias a 2030 que está a la vuelta de la esquina. Eso implica un trabajo en el cual yo diría que el sector privado se siente comprometido y convocado, pero donde hay un enorme espacio todavía para fortalecer las alianzas público-privadas. Hay trabajo adelantado: la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático lleva varios años impulsando acuerdos de producción limpia, donde distintos gremios han estado avanzando en sus compromisos de carbono-neutralidad. Y el Ministerio del Ambiente tiene el programa Huella Chile, donde se invita a las industrias a medir su huella y a hacer compromisos también. Todo eso existe hace varios años, de manera voluntaria, pero le tenemos que poner mayor fuerza y velocidad. Y para eso, desde el Estado convocaremos a todas las empresas para que se sumen a esta tarea".

-También están los planes sectoriales que son muy relevantes para implementar acciones que permitan alcanzar las metas, ¿ve a los sectores empresariales bien involucrados en eso?

"No puedo dar fe por todos ellos, porque son bien diversos, pero efectivamente tenemos el compromiso nacional y después tenemos siete planes sectoriales, donde uno o más ministerios son los encargados de armar las estrategias y convocar al sector privado para hacer efectiva la mitigación y la adaptación.

En ese marco, yo diría que en el área de Energía hay un involucramiento y una relación público-privada que es bien cercana, lo que es relevante, porque es el sector con mayor responsabilidad en las emisiones de carbono.

En Minería también veo que están bien comprometidos con bajar sus emisiones, lo que se nota, por ejemplo, en que varias empresas están avanzando en el uso de energías renovables, en el uso de buses y camiones eléctricos, explorando el hidrógeno verde, entre otras acciones.

Hay algo interesante que ver también en el sector de residuos, que es uno de los grandes emisores de metano, donde Chile tomó un compromiso adicional el año pasado. Ese es un aspecto bien interesante, en que esperamos también generar una buena coordinación.

Todo eso va bien encaminado. A mí me encantaría poder convocar y anunciar una alianza público-privada decidida y robusta, para la implementación de la Ley Marco".

-Hay otro desafío enorme que es la adaptación a los efectos del cambio climático, en el que hay sectores como el agrícola que deben asumir acciones, por ejemplo, para afrontar la sequía y donde pareciera que se avanza más lento...

"Sí. La falta de agua es claramente uno de los impactos más visibles del cambio climático que está viviendo el país, pero acaba de pasar un evento de inundaciones que nos recordó otros impactos que quizás no son tan frecuentes, pero que afectan gravemente a sectores como la agricultura, con grandes pérdidas de cosechas y de infraestructura de riego. La adaptación al cambio climático es el tema más complejo y es a lo que apunta el segundo objetivo de la Ley Marco: que Chile sea resiliente a los efectos adversos del cambio climático. Yo diría que, en general, es una agenda que está menos visible..."

-Y que parece ir más atrasada...

"Un poco más atrasada. La Ley Marco nos obliga a tener 12 planes de adaptación, y el tema del agua se cruza prácticamente en todos ellos. Entonces, es un desafío grande".

-Para la adecuada implementación de la Ley Marco, durante el primer año se debían dictar 21 reglamentos, lo que aún no se ha completado. ¿Cómo va ese proceso?

"Efectivamente, era un número significativo de reglamentos y algunos de estos fueron agrupados. Ya entregamos los más importantes (agrupación de procedimentales, orgánicos y sistema de información); los restantes vienen en los próximos meses. Hay unos que tienen un grado de atraso dadas sus complejidades, como el que tiene que ver con la implementación del artículo 6° del Acuerdo de París, pero que saldrá dentro de este año".

Biodiversidad

Un hito muy relevante en la gestión del Ministerio del Medio Ambiente ha sido lograr la aprobación de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), despachada por el Congreso en junio pasado luego de 13 años de tramitación. Con esto, se completó la estructura institucional ambiental planteada en la Ley 20.417 y, más importante que eso, el país podrá contar con un organismo público de dedicación exclusiva y más robusto para el resguardo del patrimonio natural.

Durante la discusión del proyecto de ley se generó un conflicto bien visible con la industria salmonera que, finalmente, logró mantener las concesiones ya autorizadas en las tres categorías más estrictas de áreas protegidas (parques nacionales, monumentos naturales y reservas de región virgen), donde la Ley SBAP busca prohibir la explotación de recursos naturales con fines comerciales.

-Usted anunció que van a insistir con la idea de que la salmonicultura no se localice dentro de las áreas más protegidas de mayor valor. ¿Cómo se pretende avanzar en eso, viendo que hubo una oposición cerrada de ese sector y en el país, en general, hay mucha preocupación por el crecimiento económico?

"Me encantaría que pudiéramos tener una agenda de trabajo con la industria salmonera, entendiendo que es un sector que da una cantidad importante de empleo y es muy importante para dos o tres regiones del país, pero que también debe tener un nivel de cumplimiento acorde al desarrollo sostenible que todos queremos alcanzar y a la situación de crisis asociada a la pérdida de biodiversidad.

Es importante que se entienda que cuando decimos que la industria tiene que cuidar el medio ambiente y que una condición del desarrollo es hacerse cargo de la triple crisis que estamos viviendo –cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación–, nos estamos preocupando también de la sustentabilidad de la propia industria. No se trata solo de no hacerle daño a otros, sino a sí mismo. En el caso de la salmonicultura hubo una crisis muy importante con virus que fue, de alguna manera, autoprovocada, y me imagino que la industria aprendió harto de eso. Ahora hay nuevas amenazas asociadas al cambio climático, con cambios en las condiciones físicas de los fiordos, y a la contaminación que genera la descarga de materia orgánica por parte de esta actividad. Aparecen floraciones algales nocivas, por ejemplo, y la consecuencia la pagan ellos mismos. Entonces, se debe entender que esto no es un cuidado para otros de manera abstracta, sino que es para la misma industria y las personas que trabajan allí. Hay que seguir insistiendo en eso".

Transición Socioecológica Justa

-La transición socioecológica justa en las llamadas "zonas de sacrificio" es otro gran objetivo en que se han propuesto avanzar. Y uno de los pilares ahí es promover sectores productivos innovadores y sustentables, ¿cómo se compatibiliza eso con la actividad industrial, en varios casos altamente contaminante, que ya existe en esos territorios?

"A mí me entusiasma enormemente el trabajo en estos territorios que han vivido una injusticia ambiental importante, no sólo por un compromiso del Gobierno, sino también personal. En mayo estuvo en Chile el relator de derechos humanos en temas ambientales de la ONU y hubo harto foco ahí. El informe todavía no está, pero fueron duros sus primeros mensajes: hay una vulneración de varios derechos, como vivir en un medio ambiente libre de contaminación, salud, educación. Es un peso darse cuenta de que el Estado ha permitido esto por muchas décadas.
Esto ha ocurrido por un concepto de desarrollo que ha sido sucio y que ha provocado la triple crisis que hoy vivimos y que está particularmente presente en esos territorios. Cambiar esta realidad no solo es ambientalmente necesario, sino que socialmente necesario e importante.

El concepto de transición socioecológica justa es complejo, pero apunta a hacerse cargo justamente de eso. Este es un proceso para mejorar las condiciones de vida de las personas, para lograr bienestar social, bienestar ecológico, enfrentar el cambio climático y la descontaminación, haciendo los mayores esfuerzos en los territorios que más han sufrido con la injusticia ambiental, como son Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero-Puchuncaví y Coronel. Allí estamos priorizando, por ejemplo, el cierre de las centrales termoeléctricas a carbón para mitigar el cambio climático y descontaminar a nivel local, pero al mismo tiempo tenemos que hacer un proceso de participación social para saber qué quieren hacer las comunidades con sus territorios. Tenemos diez ministerios involucrados en esta tarea porque se debe hacer de manera intersectorial".

-¿Y ve real cooperación de las empresas en esto? Hay casos como el de Quintero- Puchuncaví donde las empresas debían presentar planes de adecuación de sus operaciones, pero después los reclamaron...

"Es un proceso que no es fácil, que no ocurre de la noche a la mañana. Y el Estado tiene que estar ahí para proteger a la ciudadanía, dar los espacios para que todos los actores cumplan con su rol y seguir convocando para hacer ese trabajo. El cierre de la Fundición Ventanas, por ejemplo, no fue un proceso simple: muchas personas trabajaron ahí durante décadas y no estaban de acuerdo, a pesar de que sabían que era una fuente muy importante de contaminación. Hay que entender que este proceso tiene muchas caras".

A modo de reflexión general, Maisa Rojas concluye: "Los procesos de mejora en el área medioambiental son muy largos, por lo que es muy importante que esta sea una posta de gobierno en gobierno. Yo tomé ciertas postas y tengo que seguir tomándolas, independiente de quién venga después de mí. Para eso tengo que dejar una buena base sobre la cual podamos seguir construyendo esta transición a un Chile más sostenible y más inclusivo. Estoy esperanzada y trabajando con mucha energía para que eso ocurra".

Artículo publicado en InduAmbiente n° 183 (julio-agosto 2023), páginas 16 a 19.