¿Valor Compartido?

En busca del valor compartido. Así se podría titular una película, serie o documental que se hiciera sobre el objetivo que deben perseguir las relaciones comunitarias (RC). El concepto apunta a una especie de "win-win", o sea, que tanto la empresa como la comunidad que está inserta en el área de influencia de sus instalaciones o proyectos obtengan ganancias o beneficios de su operación.

¿Cómo ha sido la evolución de este vínculo? Según la "Guía de relacionamiento comunitario", desarrollada y publicada en abril pasado por Acción Empresas, este nexo ha pasado de ser algo accesorio a ser un elemento muy necesario y estratégico. "Hemos evolucionado desde un enfoque reactivo ante el surgimiento de conflictos a uno más bien proactivo y preventivo. Hemos observado que las estrategias en la materia han pasado de ser un instrumento puntual, de corto plazo, a desarrollar estrategias sistemáticas con una perspectiva de largo plazo. En muchos casos se ha transitado desde lógicas asistencialistas hacia un enfoque de construcción de valor compartido", asegura.

Mayor Participación

Claudia Jara, gerente de operaciones de Equilibrio Triangular Consultores (ETC), destaca también el mayor protagonismo de la comunidad en los últimos años, lo que se refleja en el aumento de los niveles de participación ciudadana (PAC) en los procesos de evaluación ambiental de los proyectos de inversión. Y por diversas razones: "Principalmente por el interés de la comunidad y por el desarrollo de instrumentos públicos como nuevos instructivos PAC, guías y reestructuración del Departamento de Participación Ciudadana, Medio Humano y Consulta Indígena del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para cumplir con los estándares comprometidos por el Ejecutivo al adherir al Acuerdo de Escazú".

Agrega que lo anterior ha traído cambios sustanciales en la relación empresa o titular con la comunidad, cuya participación ahora ocurre en la mayoría de los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Con ello se han incrementado las vías de comunicación con los vecinos mediante reuniones conjuntas; buzones para recibir dudas, quejas o cualquier comentario que se quiera entregar; implementación de señalética preventiva de acceso; y generación de comunicación empresa-comunidad a través de correo electrónico, teléfono o grupos de whatsapp.

Según Francisco Roa, consultor líder en el Área Medio Humano de Jaime Illanes & Asociados, algunos factores que han influido en la forma como ahora las empresas se relacionan con las comunidades son el aumento de la conciencia ambiental, el surgimiento y desarrollo de las redes sociales, y la relevancia que han adquirido los procesos de participación ciudadana. "Con ello, se ven más presionadas a ser transparentes y responsables de sus acciones e impactos. Y a desarrollar estrategias de comunicación y establecer relaciones más profundas con las comunidades donde éstas se insertan. Es un camino, no obstante, que está lejos de concluir, y día a día van surgiendo nuevas complejidades que son necesarias de abordar", afirma.

Francisco Roa valora la creciente conciencia ambiental y social de las comunidades, lo que está generando proyectos más sostenibles y socialmente responsables.

Desafíos Emergentes

Sobre los nuevos desafíos que están afrontando y deberán asumir las empresas en materia de RC, el geógrafo hace alusión a la creciente conciencia ambiental y social de las comunidades, que está motivando a los titulares de proyectos a adoptar prácticas más sostenibles y socialmente responsables. A eso agrega: la cada vez mayor importancia de las redes sociales, que permiten a las personas expresar con facilidad sus opiniones sobre las empresas, empujándolas a ser más transparentes y responsables; el empoderamiento al alza de las organizaciones para reclamar su derecho de expresarse sobre los nuevos proyectos que se están desarrollando en sus territorios para, por ejemplo, incidir en su diseño y obtener beneficios; y la creciente relevancia de las PAC formal y anticipada.

A su vez, Claudia Jara manifiesta que lo más importante es "generar los espacios de comunicación bilateral necesarios para saber informar de forma temprana a la comunidad las características de un proyecto, los impactos que puede o no producir, las medidas que se toman para evitarlos, las exigencias de la legislación ambiental aplicable a la iniciativa, entre otros. Hay desconfianza en que un proyecto sea capaz de sumarse a la comunidad sin causar daños, por lo que acortar esa brecha es prioritario".

En ese sentido, señala que la PAC es fundamental dentro de la evaluación ambiental porque permite que las personas se informen y opinen responsablemente acerca de un proyecto o actividad, y obtengan respuestas fundadas a sus observaciones e inquietudes por parte de su titular. Además, "otorga solidez a la decisión de las autoridades, acercando posiciones y acortando brechas entre las partes", expresa.

En relación al mismo tema, el documento de Acción Empresas parte por dejar en claro que "el campo de las relaciones comunitarias se ha complejizado a un punto tal que cualquier intento de abarcar todos sus desafíos corre el riesgo de ser insuficiente o de quedarse obsoleto en un breve plazo de tiempo".

No obstante, especifica que la diferenciación de las identidades individuales y organizacionales que intersectan los contextos comunitarios y empresariales por múltiples dimensiones, "continuará agregando capas de complejidad: desde pueblos originarios, género y migraciones hasta intergeneracionalidad y neurodivergencias incorporan matices y nuevas distinciones a los procesos de vinculación con la comunidad".

Añade que "navegar las expresiones emergentes de la diversidad va a requerir una perspectiva interseccional al abordar la vinculación comunitaria incorporando las asimetrías de poder y los sesgos derivados de estas combinaciones".

Luego expone que la entrada en vigencia de nuevos acuerdos internacionales otorgará marcos generales de acción como la transición socioecológica justa, que junto con tratados regionales como el Acuerdo de Escazú "pueden impulsar procesos de participación temprana cada vez más rigurosos y transparentes, los que requerirán mejor comunicación con el sector público, la academia y la sociedad civil".

Otros Retos

Entendiendo la "licencia social" como el permiso que una comunidad otorga a una empresa para operar en su territorio, Francisco Roa manifiesta la importancia de que ésta asuma un compromiso con los valores y necesidades de la gente. Y para eso debe implementar una buena estrategia de relacionamiento comunitario que incorpore cuatro aspectos clave: transparencia sobre sus actividades, impactos y compromisos; involucramiento de la comunidad en el proceso de toma de decisiones sobre el proyecto; demostración que éste traerá beneficios económicos y sociales a las personas que habitan en su área de influencia; y respeto a los valores y las tradiciones de la comunidad.

Por otra parte, la guía de Acción Empresas señala que por la brecha digital y falta de accesibilidad presente en los territorios más rurales, aislados y vulnerables "se requerirá una consideración especial en el diseño de procesos participativos, para que sean realmente inclusivos y pertinentes a la realidad sociocultural de cada comunidad y territorio. El desarrollo sostenible no debe dejar a nadie atrás", plantea.

También afirma que el sentido de urgencia de las transformaciones socio-ambientales hace que las empresas y organizaciones "deban aprender y desarrollar soluciones más rápido, en ciclos más cortos, con retroalimentaciones más sistemáticas, con apertura a nuevas posibilidades y, sobre todo, desechando modelos mentales disfuncionales y obsoletos".

Otro desafío pendiente al que alude tiene que ver con "extender el efecto tractor y multiplicador de las políticas y prácticas de relacionamiento comunitario hacia proveedores, subcontratistas y distribuidores de menor tamaño, que desempeñan papeles clave en la cadena de valor, con una especial y cotidiana interacción con clientes y comunidades. Esto permitiría acelerar y robustecer también las buenas prácticas en el tejido empresarial de base".

A modo de conclusión, el texto sostiene que "ante este escenario de complejidad e incertidumbre a todo nivel, los desafíos a los que se enfrenta la empresa y específicamente las áreas de relacionamiento comunitario, parecieran tener un nivel de fragmentación imposible de abordar. Ante ello, la progresiva incorporación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y los procesos de debida diligencia ofrecen un marco, un estándar común, para la gestión de los riesgos de derechos humanos asociados con las actividades empresariales. Y brindan orientación sobre cómo respetar, y reparar en caso de ser requerido, los derechos humanos en toda la operación".

Aporte de la Consultoría

¿Qué aporte hace la consultoría para facilitar la relación empresa-comunidad durante los procesos de evaluación ambiental? Claudia Jara responde: "De acuerdo al conocimiento y experiencia que hemos adquirido por más de 25 años en los procesos de tramitación ambiental, lo que buscamos es realizar una presentación más bien educativa del proceso en sí, lo más gráfica y visual posible, que introduzca los conceptos de forma simple, de manera que el proyecto se explique por sí solo y, a la vez, se dejen establecidos y repasen los conceptos básicos, el alcance de la consulta, las definiciones y regulaciones del proceso de tramitación ambiental".

Con ello, añade, las personas que participan de la consulta se pueden ir capacitando y entendiendo mejor el proceso en que están involucrados y, al mismo tiempo, pueden encontrar respuestas a sus dudas, incorporando sus observaciones y aportes. "Todo ello facilita el diálogo, genera confianza y cercanía, y permite focalizar la PAC en el tema ambiental y su tramitación, generando espacios de diálogo y acortando brechas", resalta.


DATO:

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Beneficios genera el vínculo empresa-comunidad de acuerdo al Manual de Relacionamiento Comunitario para Proyectos Inmobiliarios en Zonas Urbanas: informar de manera clara y oportuna, generar acuerdos, reducir impactos, planificar medidas de mitigación y/o compensación, y generar valor agregado.

Artículo publicado en InduAmbiente nº 183 (julio-agosto 2023), páginas 72 a 74.