Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

¿Chao Cables?

¿Chao Cables?

La falta de reglamento para la ley que desde 2019 obliga a las empresas de telecomunicaciones a retirar los cables en desuso ha ralentizado el avance.



Diego Ascencio
Equipo Periodístico InduAmbiente

Cuidar el paisaje urbano y la calidad de vida en las ciudades se ha convertido, de manera progresiva, en un desafío de creciente relevancia en Chile. En este contexto, un problema a tener en cuenta es la sobresaturación de cableado aéreo de los servicios de telecomunicaciones, lo cual no solo genera contaminación visual, sino también riesgos de accidentes para peatones, ciclistas y conductores de vehículos motorizados. Más aún cuando el mayor porcentaje de esas redes está en desuso.

Para ser precisos, según antecedentes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el 70% del cableado conectado a través de postes se encuentra en un estado "no operativo". De acuerdo a la Ley 21.172, popularmente conocida como "Ley Chao Cables", toda esa "basura aérea" debiera ser retirada por las empresas de telecomunicaciones, sin embargo, a más de cuatro años de publicada esa norma eso aún está lejos de concretarse y aún no existe el correspondiente reglamento que permita acelerar su aplicación.

Problemas con el reglamento

La "Ley Chao Cables" se publicó en el Diario Oficial en agosto de 2019 y en sus principales aspectos establece que las compañías serán responsables de la instalación, identificación, modificación, mantención, ordenación, traslado y retiro de líneas aéreas o subterráneas de cables.

Asimismo, plantea que el plazo para retirar los cables no podrá superar los cinco meses desde que son calificados como desecho por la municipalidad correspondiente. Cualquier daño o perjuicio que se genere producto de estos trabajos será de exclusiva responsabilidad de la compañía.

En caso de que las empresas no saquen los cables dentro del plazo indicado, los municipios podrán hacerlo con costo a las empresas. El incumplimiento de esta obligación será sancionado con una multa a beneficio municipal de 100 a 1.000 UTM (entre $6,5 millones y $65 millones aproximadamente, según el valor de abril).

En su articulado también señala que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) debía generar un Plan de Gestión y Mantención de Redes en un plazo de 90 días tras la publicación de la Ley en el Diario Oficial. Eso, por cierto, no se cumplió debido a que "Contraloría rechazó el reglamento elaborado por la administración pasada", indican en la Subtel.

Ante un oficio de algunos diputados, de julio de 2023, la entidad estatal respondió que "viene desarrollando una serie de actividades para establecer el texto del reglamento, a fin de dar cumplimiento a lo mandatado por la ley". Y, recientemente, desde el propio organismo señalaron que siguen trabajando junto a la Contraloría para lograr que el reglamento de la Ley pueda estar operativo durante 2024.

Al respecto, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, expone que "actualmente el reglamento se encuentra sometido al trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República. Desde Subtel estamos a la espera de las observaciones, modificaciones o aprobación para que este reglamento se aplique".

Lento avance

La falta de reglamento para hacer operativa la Ley ha ralentizado el retiro de los cables en desuso en zonas urbanas.

Cifras del Gobierno anterior indicaban que, entre marzo de 2018 y diciembre de 2019, las empresas de servicios de internet, tv cable y telefonía habían eliminado casi 1.200 kilómetros de ese tendido. Y proyectaban que, para el término de su administración, en marzo de 2022, se llegaría a 3 mil kilómetros retirados.

No obstante, datos más recientes y extendidos de la Subtel precisan que entre 2016 y 2022 se sacaron desde la vía pública un poco más de 1.530 kilómetros de cables en desuso, distancia similar a la que hay entre Arica y La Serena. Expresado en kilos, hasta diciembre de 2023 se habían retirado aproximadamente 21.988 kilos de estos residuos.

En términos más específicos, algunos municipios, gracias a la dictación de ordenanzas, han ejecutado las labores de retiro del cableado o han establecido acuerdos con las compañías responsables para que se hagan cargo de esta tarea. Los resultados han sido dispares dada las diferencias de recursos con que cuentan.

Por ejemplo, en la región de O'Higgins, el municipio de Rengo logró retirar más de 13 kilómetros de "chatarra aérea" desde distintos puntos de la comuna. Ñuñoa hizo lo propio en la Región Metropolitana en 2022 con el apoyo de empresas de telecomunicaciones, mientras que el año pasado San Miguel también comenzó este trabajo en algunos puntos de la comuna. Puente Alto, a inicios de 2024, envió a las calles un "equipo municipal de escombros aéreos" que opera en varios sectores de este territorio.

En el norte, específicamente en Antofagasta y Calama, se eliminaron unos 41 mil metros de cables en desuso, en tanto que en Iquique partió este trabajo en diciembre de 2023.

Las firmas del rubro, en tanto, han avanzado a distintas velocidades en la solución de esta problemática ambiental y social. En tal sentido, Andrés Espinoza, gerente de Operaciones de Movistar Chile, subraya la importancia del "retiro del cableado y de todo el cobre que se encuentra en desuso. Desde hace años venimos colaborando con la Subtel y los municipios, integrándonos a las mesas de trabajo que realizan en la materia".

En concreto, en 2023 la empresa inició el retiro de todo el cableado de cobre que desplegó desde 1880 en nuestro país, fijando un plazo no mayor a cuatro años para completar este desafío.

"Apuntamos a finalizar este 2024, de la mano del Plan de Renovación Tecnológica, con un 100% de los clientes hogar de Movistar con fibra óptica, un avance que hoy se encuentra en más de un 97%. Hemos retirado ya más de 7.000 toneladas de cables de cobre y también apagado 175 centrales de este tipo en 180 comunas a lo largo del país", destaca el ejecutivo.

Por su parte, WOM, a diciembre de 2022, había retirado 5,3 toneladas de redes, lo que equivale a 254 kilómetros de cableado.

Otras empresas de telecomunicaciones, como VTR-Claro y GTD, también reportan avances en la materia, la mayoría impulsados por mesas de trabajo que se han establecido en diferentes ciudades y comunas del país.

¿Y los residuos?

Uno de los "coletazos" de la eliminación del cableado aéreo en desuso es el destino que se les da a estos residuos. Si bien existen diferentes métodos para reusar los componentes de estas redes, en la "Ley Chao Cables" no hay artículos ni menciones sobre este tema. Solo un estudio encargado por algunos parlamentarios plantea la opción de dejar abierta la puerta para que estos materiales sean calificados a futuro como productos prioritarios dentro de la Ley Nº 20.920, que establece la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), para contribuir a su adecuada gestión.

En relación a este punto, Andrés Espinoza comenta el plan de acción de Movistar: "El 100% de los cables de cobre que hemos retirado, por el plan de renovación tecnológica que impulsamos, será reutilizado. Tantos éstos, como los equipos eléctricos y electrónicos que sacamos de circulación, se envían para su procesamiento y reciclaje a la empresa Midas, cumpliendo estrictamente la normativa medioambiental".

Dando mayores detalles, el ejecutivo especifica que el cableado se somete primero a procesos de clasificación, considerando que está compuesto por diferentes tipos de cables que deben ser separados. Con posterioridad comienzan los procesos de reciclaje que incluyen el corte, molienda, segregación magnética y fundición del metal recuperado".

Nuevas tecnologías

La innovación permanente forma parte del ADN de los servicios de telecomunicaciones, por lo que en muchos casos el uso de cables de cobre está quedando obsoleto ante el avance, por ejemplo, de la fibra óptica.

En la empresa ENEL X exponen los beneficios de esta tecnología: "Los cables de fibra óptica pueden transportar señales hasta 40 kilómetros sin que ésta se deteriore, mientras que la señal máxima que alcanzan los cables de cobre es ligeramente inferior a un kilómetro. Además, los primeros son resistentes a los cambios de temperatura y a las condiciones meteorológicas adversas. Al ser más ligeros, finos y robustos que los cables de cobre, es menos probable que se rompan o dañen".

Por su parte, en Movistar destacan la contribución al desarrollo sustentable de esta solución cada vez más utilizada: "Según datos de Telefónica, una central de fibra óptica presta servicios al mismo número de accesos que cuatro centrales convencionales de cobre. Además, la fibra ocupa solo un 15% del espacio y consume mucha menos energía eléctrica que la otra tecnología, por lo que va en línea con los objetivos de frenar el cambio climático y reducir la huella de carbono que son parte de nuestra estrategia", destaca Andrés Espinoza.

El especialista agrega que la compañía ya está proyectando lo que será el uso masivo de internet inalámbrico, que se presenta como una solución innovadora al evitar interrupciones imprevistas del servicio y evitar la generación de escombros aéreos.

Otra empresa del rubro, Netline, se promueve como "un proveedor de internet innovador y consciente del impacto ambiental de su infraestructura. Nuestro servicio de internet aéreo ofrece una alternativa sostenible y avanzada frente a los problemas causados por los cables en desuso. Al utilizar tecnología inalámbrica para la conexión a internet no solo eliminamos la necesidad de cables físicos, sino que también ofrecemos una solución más segura y confiable para las empresas".

En ese contexto, la firma ofrece a las empresas la tecnología NetAir, "un servicio de internet dedicado que funciona a través de microondas, lo que elimina la necesidad de cables físicos".

DATOS:

1.332
Denuncias relacionadas con la falta de retiro de cables en desuso se registraron entre 2019 y noviembre de 2023, según datos obtenidos vía Transparencia.

36
Millones de pesos debió pagar en 2023 la empresa Movistar a la Municipalidad de La Reina por el no retiro de cables en desuso. Esto, gracias a una ordenanza municipal que se estableció con ese objetivo.

Artículo publicado en InduAmbiente n° 187 (marzo-abril 2024), páginas 80 a 83.