Tras varios meses de espera por parte de organizaciones territoriales y ambientales, a fines del 2023 ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto "Línea de Transmisión Kimal-Lo Aguirre", el cual apuesta por convertirse en una "mega carretera" para transmitir en corriente continua la energía renovable solar y eólica desde el norte hacia el centro del país con miras a acelerar los compromisos de descarbonización del país al 2030. Pero ¿cuáles son los costos sociales y ambientales de este proyecto?
Con un trazado de 1.350 kilómetros de extensión, Kimal-Lo Aguirre atravesaría cinco regiones y 28 comunas entre las regiones de Antofagasta y Metropolitana, pasando por encima de localidades, bosques, humedales, ríos, embalses y montañas, entre otros, trayendo consigo no solo beneficios para la transición hacía fuentes de energía renovables, sino que daños colaterales que alterarán estos territorios y sus ecosistemas posiblemente de manera irreparable. A pesar de lo que muchos pueden creer, el norte de Chile no solo alberga un gran desierto, sino que cobija una enorme biodiversidad con un alto nivel de endemismo que, de no ser reconocidas o protegidas por el Estado, pueden verse severamente amenazadas por mega proyectos como Kimal-Lo Aguirre.
Una de las situaciones más preocupantes respecto a la evaluación ambiental de esta extensa línea de transmisión eléctrica es la cantidad de especies de vegetación nativa que podrían verse afectadas al no ser reconocidas como tal por el Ministerio de Agricultura (Minagri). La Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (Nº 20.283) en su artículo 2º número 13, establece que dicha cartera, mediante un decreto supremo (DS), debe reconocer las especies arbóreas y arbustivas originarias del país. El DS Nº 68 data del año 2009 y reconoce solo 228 especies nativas, dejando fuera de este listado un número significativo de especies originarias del país. A pesar de la presión de organizaciones ambientales, a lo que se suma un dictamen de la Contraloría General de la República –emitido en 2022– que instruye al Minagri incorporar al menos 704 nuevas especies a este listado, el Gobierno nada ha hecho. Es más, en 2023 el Consejo de Política Forestal determinó que eran al menos 1.208 las especies nativas o autóctonas que debían ser reconocidas y sumadas a las 228 reconocidas en la actualidad. Pero al parecer el Gobierno tomó la decisión de no actualizar el decreto para no entorpecer la evaluación del proyecto Kimal-Lo Aguirre.
Lo dramático del tema es que la mayoría de las especies que no están reconocidas oficialmente hoy en Chile en el DS Nº 68 son especies de xerofíticas que habitan en la zona centro norte del país. Más lamentable aún es que el Ejecutivo, teniendo la información para hacerlo, no tiene la voluntad necesaria para hacer el reconocimiento oficial de las especies nativas del país.
Si un proyecto de esta envergadura quiere contar con licencia social, debe ir más allá de las exigencias de las regulaciones vigentes o de lo que le exigen las autoridades. Aceptar lo que está haciendo la autoridad no le sirve a nadie y menos para la conservación de los ecosistemas mediterráneos.
Columna publicada en InduAmbiente n° 186 (enero-febrero 2024), página 47.