La COP27 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, realizada entre el 6 y 18 de noviembre de 2022 en Sharm el Sheij (Egipto), ha dejado sensaciones encontradas. Se puede poner una nota de optimismo en algunos tibios logros en medidas de adaptación, particularmente con la creación de un fondo de pérdidas y daños destinado a compensar a los países más vulnerables por las catástrofes climáticas debido al calentamiento global. De este modo, se esperaría que los países con mayores emisiones de gases de efecto invernadero entreguen un aporte económico a las naciones en vías de desarrollo afectadas por eventos climáticos extremos, aunque están por definirse los mecanismos para concretar esta iniciativa.
Sin duda, estos resultados parecen muy lejanos a los acuerdos de alto renombre, como los logrados en la COP3 (1997) en Kioto y la COP21 (2015) en París.
Desgraciadamente, los avances y retrocesos que ha experimentado la lucha contra el cambio climático han ido de la mano de los ritmos políticos de las grandes potencias, que a su vez son responsables de los mayores consumos de combustibles fósiles. Muchos de los acuerdos han quedado en el olvido o se han postergado una y otra vez. Basta mencionar, a modo de ejemplo, el compromiso asumido hace más de una década, de que para el 2020 los países más ricos movilizarían anualmente 100.000 millones de dólares, destinados a financiar medidas de adaptación y mitigación en los países más pobres. Como se sabe, hasta ahora no se ha definido una hoja de ruta clara para responder a dicho objetivo.
Chile cumple con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad definidos por el IPCC, por lo que es prioritario implementar una agenda que aborde asertivamente medidas para enfrentar los efectos del cambio climático.
La Ley 21.455 Marco para el Cambio Climático promulgada en mayo 2022 establece lineamientos con la finalidad de alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero, generar mecanismos financieros y fortalecer la gestión de recursos hídricos, entre otros aspectos relevantes. Nuestro país ha dado un paso importante al establecer un marco jurídico para hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático, independientemente de la miopía de las grandes potencias.
Columna publicada en InduAmbiente 179 (noviembre-diciembre 2022), página 65.