Temuco, la capital de la Araucanía, genera unas 100 mil toneladas de basura domiciliaria al año, que son enviadas a la ciudad de Los Ángeles para su disposición final en un vertedero. El costo alcanza a 10 mil millones de pesos.
No es la única comuna con este problema de disposición final de sus residuos; hay muchas otras.
A nivel país, el Observatorio de Gasto Fiscal ha informado que las municipalidades desembolsaron entre el 2015 y el 2021 la suma de 313 mil millones de pesos en gestión de sus residuos sólidos, cifra que tiende a aumentar frente a la falta de tecnología y gestión sustentable de la basura. A ello se suma la crisis hídrica que obliga a que las comunas contraten camiones aljibes en todo el país.
La mega sequía que enfrenta Chile genera múltiples dificultades a la población, especialmente en zonas rurales donde la extracción de aguas no resulta factible frente al agotamiento de acuíferos y cuerpos de agua superficial.
Las ciudades de nuestro país están ausentes de planificación territorial y muy lejos de diseños sustentables. Es urgente introducir prácticas de economía circular. Para ello se necesita un cambio estructural que en el caso de los residuos sólidos incluya la clasificación en origen y la separación de todo material que pueda tener un nuevo destino. Los residuos a depositar en los vertederos deberían ser esencialmente inorgánicos. Existen las tecnologías necesarias para aprovechar energéticamente los residuos orgánicos, pero es necesario transferir y adaptar los procesos a las condiciones de la basura chilena.
Es urgente impulsar mayores estudios destinados a diseñar plantas a la escala de las ciudades chilenas, realizando las pruebas pilotos que estos proyectos exigen. El problema institucional se centra en la ausencia de planes integrales de saneamiento de ciudades que abarquen toda la problemática urbana en forma holística y completa.
En zonas rurales, la generación de residuos no permite definir plantas de tratamiento a escala comercial, por ello se debe incentivar el uso de procesos más simples pero muy efectivos, como el compostaje y el reciclaje, y en el tema hídrico las soluciones basadas en la naturaleza.
La implementación de muchas de estas soluciones requiere apoyo económico externo, y el Estado debiese tener una posición proactiva, muchas veces entrabada por la excesiva burocracia. Frente a la mayor conciencia ambiental que se observa en el país, cabe esperar que el desarrollo urbano y rural se encamine prontamente hacia prácticas sustentables.
Columna publicada en InduAmbiente N° 175 (marzo-abril 2022), pág. 79.