Derechos y deberes ambientales constitucionales

En el plano político, la discusión está dominada por el rumbo que toman las medidas para detener la pandemia, el debate que se focalizará en la nueva Constitución, los impactos de las protestas, con más o menos represión, el territorio urbano que le arrebatan los narcos a la democracia, y el avance del cambio climático y la pérdida de nuestra naturaleza que plantea nuevas restricciones para el abastecimiento de alimentos.

Todo esto nos lleva a pensar que, para protegernos, nosotros y el medio ambiente, es necesario ordenar nuestro pensamiento para colaborar en la creación de un nuevo marco jurídico institucional adecuado para el desafío. Es claro que el modelo neo-liberal está dejando de existir tanto en el mundo como en el país, lo que nos podría permitir pasar de consumidores pasivos a ciudadanos en búsqueda de un destino mejor. El modelo socialista también se nos derrumbó con el muro de Berlín.

Creo que la Constitución y el marco jurídico institucional ambiental que vendrá posteriormente, y aprovechando la experiencia mundial, tiene que estar configurado a partir de los 18 objetivos del desarrollo sustentable (ODS) definidos por la ONU. Al tratarse de un acuerdo de carácter mundial podría ser alcanzable, pues en el nuevo contexto internacional (sin Trump y con Biden de presidente de EE.UU., y pronto también sin Bolsonaro) pareciera haber más consenso en cuanto a que es posible avanzar con un nuevo enfoque que favorezca la protección del medio ambiente, aun cuando lo central son las medidas para evitar las emisiones de CO2 y no la protección de la naturaleza. Por cierto, esta visión optimista no debiera impedir ver las nubes que pueden complicar
y atrasar las cosas.

Estos objetivos están sustentados en principios de validez universal que se traslucen en los ODS, a partir de los cuales no es complejo definir los derechos que tendrán que explicitarse en la nueva Constitución. No obstante, los derechos tienen que estar acompañados de una institucionalidad acorde y de los deberes ciudadanos que nos comprometemos a cumplir, respetar y apoyar. Por lo tanto, pareciera ser que lo más urgente en que tenemos que ponernos de acuerdo son los derechos, deberes y la institucionalidad que como país queremos.

Columna publicada en InduAmbiente N° 169 (marzo-abril 2021), pág. 45.