Recientemente, salió a la luz que una de las mayores productoras de salmón en Chile, la empresa Australis Mar, incurrió en 49 infracciones por producir un total de 81 mil toneladas por sobre lo autorizado en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de 33 centros de cultivo de salmones, 25 de los cuales se ubican al interior de áreas protegidas. Así, este caso saca a relucir una serie de falencias de la institucionalidad ambiental de nuestro país, relativas a denunciar y sancionar infracciones de manera oportuna y eficaz.
Una primera debilidad es el hecho de que algunas infracciones nunca fueron denunciadas por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), pese a que dicho organismo mantiene en línea la información productiva de todos los centros de cultivo, lo cual evidencia un actuar negligente del rol fiscalizador que tiene este organismo.
Por otro lado, muchas de las denuncias que sí fueron presentadas por SERNAPESCA a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), se ingresaron varios meses después del término de la cosecha, desconociéndose la razón. Asimismo, gran parte de las denuncias presentadas no encontraron la acción oportuna de la SMA, quien al momento en que la empresa presentó su autodenuncia, en octubre de 2022, aún no había iniciado una investigación ante las infracciones constatadas, salvo en dos casos, de acuerdo a lo informado por el organismo. Esto es particularmente problemático, ya que fue la propia SMA quien señaló que, producto de no haber iniciado una investigación oportuna, Australis Mar podría verse beneficiada con una rebaja en las multas.
Entre la comisión de una infracción, el inicio del procedimiento sancionatorio y la determinación de su sanción, pueden pasar varios años, lo que significa que hay poca eficiencia y eficacia en los procedimientos de fiscalización y sanción. Y, lo que es peor aún, nada impide a las empresas continuar operando mientras se desarrolla el proceso sancionatorio, es decir, seguir produciendo o sobreproduciendo, contaminando y generando ganancias económicas. Es más, la evidencia nos muestra que hay muchos casos donde un mismo centro de cultivo incurre incluso dos veces en sobreproducción antes de que se le inicie un procedimiento sancionatorio, por lo cual está lejos de ser una herramienta efectiva que disuada a los titulares, ya que el incentivo económico de producir y vender más resulta ser un atractivo para que las empresas incurran en sobreproducción, más aún en un escenario de aumento del precio internacional del salmón.
Si a todo esto agregamos capacidades limitadas de dichos organismos para fiscalizar a una industria que ha crecido a más del 3.400% durante los últimos 30 años, el saldo no es otro que el debilitamiento de una institucionalidad ambiental que ya es permisiva. Es por ello que desde Fundación Terram planteamos que, tal como lo ha manifestado la propia SMA, ante un infractor contumaz la sanción debe ser ejemplar, y eso se traduce en la revocación de los permisos ambientales cuando las circunstancias lo ameritan.
Columna publicada en InduAmbiente 181 (marzo-abril 2023), página 38.