El problema hídrico: desafío prioritario

Existe consenso en la comunidad científica de que uno de los efectos más importantes del cambio climático en nuestro país seguirá siendo una significativa reducción de la disponibilidad de agua, como consecuencia de crecientes sequías e incremento de la temperatura en gran parte del territorio nacional. En rigor, ya llevamos más de una década de emergencia hídrica que sigue afectando a zonas de alta densidad poblacional y actividades productivas diversas.

La escasez hídrica está directamente asociada a un desbalance entre la oferta, dependiente de los efectos del cambio climático, y la demanda de agua en una cierta cuenca hidrográfica, determinada por intervenciones humanas de diversa índole. Desgraciadamente, en Chile dichas intervenciones se realizan dentro de un marco institucional altamente fragmentado y carente de empoderamiento, aspectos que impiden gestionar de manera sustentable este vital recurso.

Adicionalmente, existen pocos o nulos incentivos para invertir en la recuperación y protección de ecosistemas hídricos fundamentales para la vida en general, lo que se traduce en un significativo deterioro de glaciares, salares, humedales, vegas, bofedales y turberas, en muchos casos debido a acciones irresponsables de personas, tanto individual como colectivamente, y de empresas.

Por otra parte, existe una amplia oferta tecnológica que permitiría mejorar la gestión hídrica en la mayoría de las actividades humanas. Tal es el caso de la agricultura, que en Chile es responsable de alrededor de 85% del consumo de agua y mayoritariamente usa sistemas de riego altamente ineficientes.

Igualmente, existen tecnologías para recuperar y reciclar aguas residuales y aguas lluvia, y desalinizar aguas salobres, cuya implementación incrementaría la oferta de agua disponible para diferentes usos productivos y de consumo humano. Desafortunadamente, los incentivos que existen en la actualidad para promover inversiones en estas materias son escasos e insuficientes. A modo de ejemplo, gran parte de las inversiones realizadas en desalación de agua se han llevado a cabo en la Gran Minería del cobre en la zona Norte, con recursos propios, para mantener su continuidad operacional en medio de la severa carencia de fuentes de agua dulce en ese territorio.

Es urgente construir una estrategia nacional de mediano y largo plazo para enfrentar la escasez hídrica, basada en una gestión integrada de cuencas hidrográficas, en un contexto de creciente severidad de los efectos del cambio climático.

Es muy probable que el nuevo escenario político que se abre con la Convención Constituyente posicione estos temas entre las prioridades de la discusión pública. Esto representa una oportunidad para diseñar una nueva institucionalidad en la que el Estado deje de ser un mero administrador del mercado del agua y se transforme en garante del Derecho Humano de acceso a este vital elemento a través de una gestión sustentable de los recursos hídricos.

Columna publicada en InduAmbiente N° 170 (mayo-junio 2021), pág. 73.