Hace aproximadamente un año, vivimos un doloroso desastre con los incendios generalizados en la zona centro-sur de nuestro país, que dejó pérdidas de vidas humanas y una incalculable destrucción material. Exactamente 12 meses después, los mega incendios se repiten a una escala más dantesca, tanto en el número de personas fallecidas como pérdidas materiales.
A priori, se constata una mejoría en la capacidad de respuesta por parte de las instituciones responsables, lo que demuestra que se han aprendido algunas de las lecciones dejadas por los eventos pasados. Desgraciadamente, las terribles secuelas de esta nueva tragedia nos indican que aún falta mucho camino por recorrer para mejorar los mecanismos de detección y control, de manera de prevenir efectivamente la ocurrencia de incendios masivos.
Estos eventos no ocurren de la nada y muchos son provocados por acciones humanas, intencionales o accidentales, siendo agravadas por el creciente nivel de vulnerabilidad de un número importante de la población ante estos acontecimientos, como consecuencia de la existencia de construcciones irregulares de viviendas muchas veces emplazadas en zonas no habilitadas.
Adicionalmente, las altas temperaturas, fuertes vientos y gran densidad de biomasa con baja humedad, generan condiciones ambientales que favorecen su probabilidad de ocurrencia, propagación y poder destructivo. Estos factores se han ido agudizando con eventos cíclicos de creciente frecuencia, en un contexto de aceleración del cambio climático, tal como ha sido señalado en los informes del IPCC, donde se ha identificado a nuestro país como uno de los más vulnerables a las consecuencias de este fenómeno global.
Poco podemos hacer como país para impedir el incremento de temperatura del planeta, debido a que representamos una fracción insignificante de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Sin embargo, estamos obligados a poner todos nuestros recursos financieros, tecnológicos, humanos y legales para diseñar y aplicar las medidas de mitigación que sean necesarias para evitar futuras tragedias similares. Para ello, es fundamental elaborar estrategias sistémicas que consideren nuestras particularidades políticas, sociales y culturales, más aún cuando hemos ido transitando hacia una creciente polarización política, pérdida de capital social, violencia delictual y desprestigio de las instituciones fundamentales de la sociedad. Ello demanda avanzar aceleradamente hacia una amplia convergencia nacional, a nivel gremial, de organizaciones privadas e instituciones públicas, capaces de construir en conjunto los mejores estándares para enfrentar este grave problema.
Este desafío requiere del aporte generoso de todos los actores sociales, desde lo individual a lo colectivo, poniendo el Bien Común por sobre las diferencias que puedan existir en las distintas visiones e intereses en estas materias.
De esta manera podríamos concebir para nuestro país un futuro más sustentable, para beneficio de nuestros hijos y las próximas generaciones.
Columna publicada en InduAmbiente n° 186 (enero-febrero 2024), página 43.