Impuestos verdes y proyectos de reducción de emisiones

Los impuestos verdes están vigentes en Chile desde el año 2017. Una modificación a este gravamen fue introducida mediante la modernización tributaria del año 2020 (Ley N° 21.210), con lo cual a partir del año 2023 quedarán afectos a este tributo aquellos establecimientos cuyas fuentes emisoras, individualmente o en su conjunto, emitan 100 o más toneladas anuales de material particulado (MP) o 25.000 o más toneladas anuales de dióxido de carbono (CO2).

Estos cambios permitirán que las empresas afectas puedan compensar total o parcialmente sus emisiones gravadas, implementando proyectos de reducción de emisiones del mismo contaminante dentro del territorio nacional. Los requisitos quedarán establecidos en un reglamento, el cual debería ser publicado pronto en su versión definitiva.

En términos prácticos, las empresas se verán enfrentadas a la decisión de pagar el impuesto verde o financiar proyectos de reducción de emisiones, ponderando el monto del impuesto a pagar, los costos de los proyectos de reducción de emisiones y los beneficios sociales, medioambientales y reputacionales que puedan generar a partir de su implementación.

Un análisis realizado por GAC el año 2021 comparó el valor del impuesto a pagar por emisiones de contaminantes locales (MP, NOx y SO2) en todas las comunas del país, medido en valor presente para un período de tributación de 10 años, con el costo alternativo de implementar proyectos de reducción de emisiones. Las conclusiones de este análisis indican que el monto del impuesto a pagar está determinado principalmente por la población de la comuna donde se emplaza el establecimiento afecto.

Para comunas con más de 100 mil habitantes, la alternativa de compensar emisiones mediante el recambio de calefactores a leña por estufas eléctricas o a pellet resulta económicamente más conveniente que pagar el impuesto verde, sin considerar otros beneficios socioambientales complementarios. En comunas con menos de 100 mil habitantes, es recomendable evaluar caso a caso los diferentes costos y beneficios de los proyectos para la empresa y las comunidades del entorno. El desafío es aún mayor en la zona norte del país, ya que la ausencia de la combustión de leña a gran escala limita el espectro de posibles proyectos de reducción de emisiones.

La invitación a las empresas afectas al impuesto verde consiste en evaluar durante el año 2022 las alternativas más efectivas, costo eficientes y socialmente apropiadas en sus entornos de operación. Actuar con anticipación permitirá desarrollar y registrar a tiempo proyectos de reducción de emisiones, reduciendo la carga tributaria y contribuyendo al bienestar de las comunidades y el medio ambiente.

Columna publicada en InduAmbiente N° 175 (marzo-abril 2022), pág. 18.