Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

La evaluación de desempeño ambiental de Chile

Eduardo Astorga
Ph.D. y Profesor de Derecho Ambiental



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La OCDE ha entregado su evaluación de desempeño ambiental 2024, entregando diversas recomendaciones, entre las que destaco las siguientes.

En materia de cambio climático y contaminación atmosférica, plantea la necesidad de implementar de forma integral y oportuna la Ley Marco de Cambio Climático, con un enfoque intergubernamental; clarifi¬car los planes sectoriales y regionales con una combinación coherente de políticas; completar el cierre de las centrales con carbón con la debida celeridad, teniendo presente el concepto de transición justa; ¬fijar un marco temporal para el establecimiento gradual de niveles más elevados del impuesto al carbono y potenciar la coordinación de planes de adaptación al cambio climático, fundamentados en evaluaciones de riesgos climáticos.

En el ámbito de la biodiversidad, residuos y economía circular, señala que es necesario asignar su¬ficientes recursos para garantizar la implementación de la Ley SBAP (21.600). Mejorar la gestión de los datos sobre biodiversidad y establecer bases de referencia sobre el estado del capital natural para incorporar la biodiversidad a las cuentas nacionales. Aplicar sin demora el proyecto de ley que promueve la valorización de residuos orgánicos; acelerar la aplicación de nuevos regímenes de responsabilidad extendida del productor y reforzar el uso de impuestos sobre los vertidos.

Sobre gobernanza y gestión ambiental, apunta a reforzar la calidad técnica de la evaluación de impacto ambiental; garantizar una participación signifi¬cativa de la población, especialmente de las comunidades indígenas y reforzar la capacidad institucional de la Superintendencia de Medio Ambiente con recursos su¬ficientes.

Para garantizar la coherencia de las políticas para un crecimiento respetuoso, sugiere suprimir gradualmente el reembolso del impuesto a los combustibles para el transporte de carga y el diésel utilizado en vehículos que no transitan por carreteras; endurecer las normas sobre emisiones y efi¬ciencia energética para todos los vehículos; garantizar la inclusión de consideraciones sociales, ambientales y de seguridad en la producción de hidrógeno verde; proteger los recursos hídricos y los ecosistemas, especialmente las salinas, en el contexto de la producción de litio.

Finalmente, para la gestión y planificación de recursos hídricos, recomienda establecer una autoridad pública central para regular, plani¬ficar, desarrollar, conservar y proteger los recursos hídricos; reforzar la coordinación de la gestión del agua a todos los niveles. Dar prioridad a la aprobación del proyecto de ley para formalizar la gobernanza a escala de cuenca y mejorar la resiliencia frente a los efectos del cambio climático en el abastecimiento urbano y rural de agua y saneamiento. Llevar a cabo una reforma integral de la asignación de agua para frenar la sobreexplotación y la entrega excesiva de recursos. Acelerar la elaboración de normas secundarias de calidad del agua; adoptar normas más estrictas de vertido de aguas residuales, ampliar su cobertura a sectores claves, como la agricultura y la acuicultura. Introducir instrumentos económicos para la gestión hídrica (por ejemplo, gravámenes a la extracción e impuestos sobre el vertido de efluentes en el agua y el uso de pesticidas y fertilizantes) que contribuyan a una mejor aplicación de los principios de "quien contamina paga" y "quien se beneficia paga".

Columna publicada en InduAmbiente n° 187 (marzo-abril 2024), página 20.