Los ejes ambientales del nuevo gobierno

Las principales propuestas programáticas ambientales del gobierno del Presidente Electo, Gabriel Boric, apuntan a hacerse cargo de cambios estructurales necesarios y largamente anhelados.

La primera de las más relevantes corresponde a la eliminación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, de manera de terminar con la tutela de otras secretarías de Estado sobre el Ministerio de Medio Ambiente hasta hoy declarado interdicto dentro del gabinete. A eso se suma la idea de terminar con el Comité de Ministros, con lo que se pretende tecnificar las Resoluciones de Calificación Ambiental de los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En esta misma línea, resulta necesario incorporar estándares internacionales a este instrumento de gestión, tales como la evaluación ambiental de alternativas.

Para implementar efectivamente los componentes políticos, se ha señalado el interés por actualizar e implementar efectivamente la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), en particular en materia de ordenamiento territorial y conectividad del territorio. Este último tema está a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el cual hasta hoy evidencia una deuda evidente en lo que respecta a la aplicación de la EAE.

El programa de Boric presenta otros desafíos tan relevantes como necesarios de abordar.

Uno de ellos es lograr que la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas termine su tramitación en el Congreso y entre finalmente en vigencia, asegurando las condiciones laborales de los funcionarios de Conaf que serán traspasados. Y otro es aprobar el proyecto de ley sobre de protección de glaciares, prohibiendo las actividades que atenten o amenacen su sostenibilidad.

En materia de fiscalización, triplicar la dotación de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que, tal como ha señalado la Contraloría General de la República, ha sido capaz de abordar sólo el 60% de las denuncias recibidas.

También parecen adecuados e interesantes sus planteamientos con miras a cuidar los recursos hídricos y hacer frente a la sequía estructural que nos afecta, como son: la creación de una Agencia Nacional del Agua, de carácter técnico y autónomo, que unifique y dirija las competencias dispersas del Estado en materia hídrica; y subsidiar la inversión en obras de riego solo a pequeños campesinos, incorporando criterios ambientales en la evaluación de sus proyectos, lo que incide directamente en la protección y recuperación de suelos degradados.

Otro enunciado muy relevante es la intención de terminar con las zonas de sacrificio y comenzar a hacerse cargo de los pasivos ambientales mineros, que corresponde al paso siguiente a un adecuado cierre de faenas.

Finalmente, cabe destacar las medidas que apuntan a fortalecer y anticipar la participación ciudadana en el SEIA, ratificar el Acuerdo de Escazú, y establecer espacios de diálogo entre los proponentes de los proyectos y las comunidades locales, brindándoles el apoyo técnico necesario y creando la institución del Ombudsman Ambiental.

Columna publicada en InduAmbiente N° 173 (noviembre-diciembre 2021), pág. 52.