En estos días en que InduAmbiente y SGA cumplimos 30 años, es interesante recordar cómo se proyectaba en 1993 el tema ambiental hacia la comunidad. En esa época no hablábamos de que la protección del medio ambiente podía ser un freno al desarrollo sino, por el contrario, no podría haber desarrollo sustentable sin un medio ambiente libre de contaminación, sin conservación del patrimonio ambiental y sin la preservación de la naturaleza.
Esa discusión se ganó con la promulgación de la Ley Nº 19.300, con la creación de la Conama, el reglamento del SEIA, la Ley de Bosque Nativo, los planes de descontaminación, las normas de calidad y emisión, el Ministerio del Medio Ambiente, el SEA, la SMA, el SNIFA, los tribunales ambientales, las declaratorias de humedales urbanos y de áreas protegidas y sitios prioritarios para conservación de la biodiversidad, las Guías del SEA, la Ley de Cambio Climático, el Acuerdo de Escazú, y últimamente con la creación del SBAP, entre otras normas e instituciones que constituyen nuestra protección ambiental.
Sin embargo, actualmente, las columnas de opinión nos golpean a diario con el concepto que nuestra copiosa "permisología ambiental" no deja crecer al país, que es una traba a la inversión, que los permisos ambientales para los proyectos mineros demoran 4 años, que grandes proyectos de inversión se ralentizan por judicialización o se abandonan por falta de certeza jurídica. En palabras de hoy, "la aprobación ambiental no es un sí definitivo, sino un quizás".
Recientemente me ha tocado volver al origen y participar muy de cerca en la elaboración del EIA de un importante proyecto nacional. Para mi sorpresa, me he encontrado con muchos avances en materia de protección ambiental pero también con muchos temas innecesarios que dilatan el plazo de elaboración y la magnitud del EIA. Mi percepción es que respecto al SEIA todavía estamos en la era analógica y no hemos llegado aún a la era digital. Estamos haciendo DIAs que parecen EIAs; y ya no basta con la declaración del titular que va a cumplir con la ley.
La pregunta que surge, entonces, es si no habremos ido demasiado lejos y estamos sobreprotegiendo el medio ambiente con un costo importante en crecimiento económico. De hecho, en la última década, que coincide con la modificación de la Ley 19.300 en 2012, el crecimiento del país fue del orden de 2% anual.
Luego, tenemos que hacernos la pregunta si el sistema de protección ambiental que hemos construido está siendo eficiente. Creo que ha sido eficaz, en el sentido que ha permitido el desarrollo del país con protección del medio ambiente, del patrimonio y de la naturaleza. Pero no podemos permitir que ese sistema caiga en la denominación de "permisología". Tenemos que reaccionar y volver a tener un sistema exigente en la protección pero ágil en la tramitación de los permisos.
Columna publicada en InduAmbiente n° 183 (julio-agosto 2023), página 65.