Política Ambiental del Gobierno de Chile

Todo sistema de gestión ambiental debe tener tres componentes esenciales: la política ("qué hacer"), la institucionalidad ("quién") y la legislación ("cómo se hace").

Respecto del primero, el único antecedente formal data de 1994 y se denomina "Política Ambiental del Gobierno de Chile", que se basa en los principios establecidos en la Ley 19.300: preventivo, gradualidad, realismo, contaminador/pagador, responsabilidad y participativo.

Como resulta obvio, treinta años después, este esfuerzo original resulta absolutamente insuficiente y hoy el país, sin desconocer avances y logros, no cuenta con una hoja de ruta que formule opciones de decisiones y cursos de acción, con un diseño que mejore la gobernabilidad y facilite la transformación deliberada de una realidad. Esto dificulta la incorporación efectiva de la variable ambiental y social en el proceso de toma de decisiones públicas y privadas.

Iniciativas tan valiosas como el Comité de Capital Natural, o conceptos como la transición socio ecológica, representan esfuerzos parciales de un Estado atomizado, en donde contra este gobierno –valientemente autodefinido como ecológico– conspira la falta de una estrategia de desarrollo sostenible explícita y comunicada. Esta podría ser una tarea central para el cuestionado Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, así como la de modernizar y articular una verdadera y funcional ventanilla única ambiental del Estado.

No están explicitados en forma coherente y sistemática los principios rectores ni los objetivos del país en materia ambiental, no sólo desde lo público, sino articulando también al sector privado y la sociedad civil en un nuevo tipo de gobernanza basado en redes de confianza para asegurar la accountability.

Esto depende por una parte de la realidad sociopolítica, el desarrollo tecnológico, el ordenamiento jurídico, la situación económica y las características ambientales del territorio; y por otra de la imagen prospectiva del país, es decir, el Objetivo Nacional que se quiera diseñar.

En este ámbito, la principal asignatura pendiente es la ordenación y valoración ambiental del territorio, aspecto que el SEIA presupone establecidos para su adecuado funcionamiento. Esta indefinición es una de las principales causas de los conflictos socio ambientales, ya que el SEIA es un instrumento esencialmente técnico, incapaz por su propia naturaleza de dar respuestas políticas.

Dónde emplazar los proyectos para evitar conflictos y la determinación del carácter y destinos de cada una de las regiones son decisiones de tipo político, en este caso referidas a los usos prioritarios del territorio que se definen, usualmente, mediante la Evaluación Ambiental Estratégica que permite convalidar los aspectos ambientales, sociales y económicos.

En definitiva, requerimos una explicitación ordenada que incorpore todos los componentes de la Política Ambiental no del gobierno, sino del Estado de Chile; que contenga y conjugue todos sus componentes tales como el cambio climático, biodiversidad, aguas y sus calidades, residuos y emisiones de todo tipo; pero cuyo punto inicial sea el ordenamiento socio ambiental del territorio, base fundamental de todo diseño político.

Columna publicada en InduAmbiente 181 (marzo-abril 2023), página 83.