Sistemas de gestión, REP y valor agregado

La ley REP hace un aporte novedoso a la gestión de residuos sólidos con la creación de los sistemas de gestión (SG), como herramienta económica para manejar las diversas operaciones unitarias involucradas en su ciclo de vida. Desde su recolección hasta su disposición final o destrucción, pasando por la recolección, almacenamiento, transporte, pre-tratamiento, y el tratamiento para valorizarlos o eliminarlos. Los encargados de estas operaciones son los llamados gestores que se coordinan a través del SG correspondiente para cada producto prioritario (PP).

Los requisitos de funcionamiento son los mismos para todo PP y SG, y cada uno tiene su propio decreto que determina las metas a cumplir en el tiempo para valorizarlo o reciclarlo, independiente del grado de tratamiento. El procesamiento del residuo al producto reciclado está mirado a escala mundial, no a escala nacional.

Los costos del funcionamiento del SG deben ser asumidos por una entidad sin fines de lucro. Esto debiera disminuir de manera importante los costos de gestión que hoy asumen las municipalidades, con un discutido sistema de cobro a la ciudadanía. En la práctica no será un menor costo para la población, pero debiera ser más eficiente, recuperar y valorizar residuos y generar empleo en la industria que se requiere implementar para lograr el objetivo. La gestión será más cara por residuo y la población la asumirá, supuestamente, en el mayor costo del producto.

Se trata de una institucionalidad privada bajo el marco jurídico de la ley REP. Requiere resolver muchas brechas que quedaron en el camino de la formulación de ley y en las discusiones posteriores. Se requerirá un esfuerzo enorme para, por ejemplo, certificar la correcta realización de cada operación unitaria y obtener costos operacionales que estén dentro del margen que permite el mercado para que no se transformen en trabas para su funcionamiento.

Quizás la brecha más importante es colaborar para que el reciclaje se haga en Chile. El camino más fácil podría ser la libre exportación del residuo, pero con eso no aseguraremos un desarrollo de la industria manufacturera nacional y corremos el riesgo, en el mejor de los casos, de pasar a ser exportadores de materias primas y de residuos, con un débil impacto en la creación del valor agregado.

Este desafío requiere un amplio apoyo a la labor de los SG para modelar adecuadamente su funcionamiento y fomentar la industrialización. La tarea no es sencilla por cuanto el objetivo central del sistema es procesar la mayor cantidad de residuos, pero para el país es hacerlo también generando innovación y empleo y, por consiguiente, mayor valor agregado.

Columna publicada en InduAmbiente nº 184 (septiembre-octubre 2023), página 69.