Los principales desafíos en materia ambiental para la nueva administración, que apuntan a hacerse cargo de una serie de situaciones acuciantes en el país, corresponden a los siguientes.
Poner en vigencia e implementar la Ley Marco de Cambio Climático, que persigue impulsar la acción climática en Chile. Eso significa, por una parte, asumir la carbono neutralidad como una política de Estado conforme a los lineamientos del IPCC y, por otra, incorporar metas en materia de adaptación y resiliencia.
En esta línea, ordenar la institucionalidad hídrica, con un enfoque de carácter técnico y autónomo que unifique y dirija las competencias dispersas del Estado, seguido del subsidio a la inversión en obras de riego con énfasis en los pequeños campesinos, incorporando criterios ambientales en la evaluación de sus proyectos, lo que incide directamente en la protección y recuperación de suelos degradados.
Lograr que la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas finalmente se despache y entre en vigencia, asegurando las condiciones laborales de los funcionarios de CONAF que serán traspasados. De la mano, aprobar la Ley de Protección de Glaciares, prohibiendo las actividades que atenten o amenacen su sostenibilidad.
Hacerse cargo del desorden territorial de este país, en donde no existe una política de ordenamiento y menos una ley que aborde el tema y permita definir los valores ambientales de los territorios, sus vocaciones naturales y los planes de manejo por cuencas que regulen la coherencia o el sentido común territorial de los proyectos respecto del lugar en donde se emplazan. Para estos efectos se requiere implementar efectivamente la Evaluación Ambiental Estratégica, vigente en nuestra legislación.
Respecto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), tecnificar las resoluciones de calificación ambiental de los proyectos sometidos a este instrumento, incorporando estándares internacionales como la evaluación ambiental de alternativas.
Terminar con las zonas de sacrificio, asegurando una acción climática justa, y comenzar a hacerse cargo de los pasivos ambientales mineros, que corresponde al paso siguiente a un adecuado cierre de faenas.
Fortalecer y anticipar la participación ciudadana en el SEIA, ratificar el Acuerdo de Escazú, y establecer espacios de diálogo regulados entre los proponentes de los proyectos y las comunidades locales.
Es de esperar que a estos desafíos los acompañen otros, tales como el establecimiento de delitos ambientales.
