Sobre Riego y Medio Ambiente

En el Senado, cumpliendo su segundo trámite legislativo luego de ser aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados en agosto pasado, se encuentra por estos días el proyecto que busca modificar y prorrogar la Ley 18.450, de Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje.

La iniciativa apunta a extender por 12 años la vigencia de un instrumento que ha cumplido con la finalidad de ampliar la superficie regada en Chile para favorecer la productividad agrícola. Sin embargo, también genera cuestionamientos de algunos sectores por la escasa consideración de criterios ambientales para que esta actividad se desarrolle de manera sostenible.

Propuestas Insuficientes

Una de las novedades relevantes del proyecto de ley presentado por el Gobierno es la incorporación de objetivos ambientales que ponen énfasis en el cuidado del agua, el establecimiento de limitaciones en zonas de déficit hídrico y consideraciones para los cultivos en laderas. En ese contexto, propone por ejemplo que los proyectos de riego que ahorren agua o que la devuelvan al sistema obtengan un mayor puntaje en la postulación a los fondos que entrega la Ley a través de concursos.

Desde Fundación Terram reconocen que algunos de estos aspectos podrían aportar sostenibilidad ambiental a la Ley de Riego, pero los consideran insuficientes. Más aún frente al escenario de sequía estructural que está viviendo el país y las perspectivas del cambio climático.

La geógrafa Fernanda Miranda expone: "Un tema relevante es el ahorro de agua para otros usos. El proyecto incorpora como una variable de ponderación de puntajes el 'ahorro de agua transferido', que es el volumen o caudal de agua liberado como consecuencia del proyecto de riego y que será objeto de renuncia, transferencia o constitución de un derecho real. En Terram, nos parece sumamente relevante que este tema sea incorporado, ya que uno de los problemas de la ley vigente es que a pesar de que uno de sus objetivos es la eficiencia en el uso del agua, en la práctica, el agua que los privados se ahorran mediante los subsidios a obras de tecnificación del riego termina siendo utilizada para seguir incrementando las hectáreas regadas. Eso es algo preocupante especialmente en zonas que están afectadas por la escasez hídrica para el consumo humano o para la conservación de los ecosistemas".

Los criterios ambientales incluidos en el proyecto de ley son insuficientes, sostiene Fernanda Miranda.

Luego, la especialista plantea: "Si bien la propuesta del Ejecutivo va en una línea correcta, debiera establecerse una obligación de renuncia de una parte o toda el agua que un privado se ahorre producto de una bonificación de la Ley 18.450, que no debiera ser inferior al 50% en zonas con decretos de escasez, o áreas declaradas en restricción o zonas de prohibición de aguas subterráneas. Eso debería regir para los medianos y grandes productores agrícolas, y no para pequeños productores".

Fernanda Miranda también valora algunas mejoras introducidas durante la discusión del proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputados: "Se logró incluir limitaciones de acceso a los beneficios de la ley a proyectos de nuevas superficies de riego en zonas declaradas de agotamiento de aguas superficiales o zonas de prohibición de aguas subterráneas, exceptuando pequeños productores. Además, se incorporó la eliminación de las bonificaciones a proyectos de riego en laderas o que afecten vegetación nativa, algo que nos parece muy positivo. Ambas indicaciones contribuyen a que no se continúe ampliando la frontera agrícola, considerando el contexto de cambio climático, sequía y escasez hídrica".

Más Consideraciones

Desde Fundación Terram plantean otras propuestas para reforzar la sostenibilidad en la modificación de la Ley 18.450, como someter las obras civiles para riego a evaluación ambiental e incorporar la huella hídrica y los métodos de cultivo como factores de ponderación para los concursos, favoreciendo aquellos proyectos con menor impacto ambiental.

A eso suman una temática poco abordada como es la seguridad alimentaria en un contexto de cambio climático. "La Ley debe fomentar el riego para una producción agrícola diversificada, destinada al consumo interno y con bajo impacto ambiental. Para eso se deben incorporar la seguridad y la soberanía alimentaria como objetivos de la Ley; aspectos claves para que exista una focalización hacia pequeños agricultores que, en su gran mayoría, destinan su producción al consumo interno", señala Fernanda Miranda.

Por otro lado, en la ONG consideran inapropiado extender la vigencia de este instrumento por 12 años más, en medio de la elaboración de una nueva Constitución y de la tramitación de varias reformas asociadas a la gestión del agua. "La prórroga no debiese ser superior a tres años", concluye la especialista.

Avances y Alcances

Diferente es la perspectiva que tienen en la Asociación Gremial de Riego y Drenaje (AGRYD), con respecto a la modificación y prórroga de la Ley 18.450. Desde su Directorio destacan primero que esta regulación "ha cumplido con su objetivo específico: aumentar la eficiencia del uso de agua de riego, del 28% inicial de principios de los años 80, al 50% en estos momentos, gracias al esfuerzo conjunto del Estado y de los usuarios del agua, a través de la incorporación de nuevas tecnologías de riego".

Por lo mismo, opinan, que esta herramienta legal es más necesaria que nunca para afrontar el cambio climático global y la sequía que afecta a nuestro país. Al respecto plantean: "Frente a los escenarios de cambio climático, resulta necesario implementar medidas de mitigación que aumenten la resiliencia de la agricultura y, para ello, realizar concursos especiales y generar directrices e incentivos".

En AGRYD también expresan su desacuerdo con los cuestionamientos por la falta de consideraciones ambientales en esta regulación. Y acotan: "No obstante, como todos los textos legales, la Ley N° 18.450 puede ser modificada y adaptada a los nuevos requerimientos sociales y ambientales. En ese sentido, incorporar objetivos ambientales nos parece un avance".


Forzar consideraciones ambientales en la Ley de Riego pone en riesgo su alcance para financiar proyectos, dicen en Agryd.

Desde el Directorio de la asociación gremial, además, señalan que esta regulación debe ser coherente y armónica con la demás la normativa vigente. "En este sentido, es muy importante la visión del territorio y el establecimiento de los Planes Estratégicos de Ordenamiento Territorial, que son los instrumentos donde se deberían plasmar las limitaciones a la actividad agrícola", indican.

Asimismo, aseguran que "la mayoría de los proyectos beneficiados por la Ley N° 18.450 corresponde a pequeños y medianos agricultores, por lo que lo único que se logrará si se aumentan las trabas y costos para hacerla operativa, es disminuir su alcance. Dado que son obras pequeñas, en general, su impacto ambiental no es significativo. Estamos hablando de obras que en la mayoría de los casos captan y/o conducen menos de 50 l/s".

Y frente a la opción de sumar propuestas para que la Ley de Riego contribuya a la sostenibilidad de las actividades agrícolas, en AGRYD sentencian: "La Ley N° 18.450 es de fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje; no es una ley medioambiental. Las consideraciones medioambientales, así como las posibles restricciones y otros aspectos relacionados con ellas, son responsabilidad de otras autoridades competentes. Para enfrentar los aspectos medioambientales, que desde luego son muy relevantes y requieren de creciente atención, se necesita otro tipo de instrumentos y legislación. Si se pretende forzar estas consideraciones en el marco de la extensión de la vigencia de esta exitosa Ley, se van a desvirtuar totalmente sus objetivos, procedimientos e impactos, lo que desde luego pondrá en serio peligro sus alcances".

Artículo publicado en InduAmbiente 172 (septiembre-octubre 2021), páginas 22 a 23.