¿Mejora la Relación?

El proyecto que Minera Spence presentó a evaluación ambiental el 31 de enero pasado llamó la atención no solo por el monto de inversión y su destino: US$1.600 millones para extender la vida útil de su proceso hidrometalúrgico de lixiviación hasta 2039.

Lo hizo también porque, antes de ingresar su estudio al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la compañía realizó un proceso de participación ciudadana anticipada que se basó en los principios del Acuerdo de Escazú, involucrando a las comunidades de Sierra Gorda y Baquedano, en la Región de Antofagasta.

Por si no lo recuerda, tal tratado entró en vigencia en Chile el 11 de septiembre de 2022 luego de que fuera aprobado por el Congreso y el Presidente Gabriel Boric depositara el documento en la Sede de Naciones Unidas en Nueva York. Este es un inédito pacto de América Latina y el Caribe que garantiza el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales, promoviendo también la defensa de los derechos de las personas defensoras del medio ambiente.

A juicio de Carlos Gajardo, Gerente de Medio Ambiente de la Sociedad Nacional de Minería, Sonami, la vigencia del Acuerdo de Escazú se traducirá, precisamente, "en una creciente transparencia e incremento de la información aportada por las compañías mineras, lo que permitirá tener una mejor gestión y una mayor calidad de la información disponible de los proyectos y operaciones".

Leslie Lira, Gerente de Gestión Operacional y Proyectos de Gestión Ambiental Consultores (GAC), aporta otros antecedentes: "El principal cambio que introduce el tratado, de acuerdo con la legislación ambiental vigente en Chile, es establecer el derecho a la participación y consulta en la toma de decisiones en asuntos ambientales, incluyendo la planificación y diseño de proyectos mineros. Esto difiere de lo que se realiza hoy en nuestro país, pues si bien las comunidades tienen el derecho de expresar sus opiniones y preocupaciones sobre las operaciones mineras que afecten sus territorios y recursos naturales, no intervienen en las decisiones. Lo anterior, podría significar que la industria minera deba incluir desde la prefactibilidad de los proyectos a las comunidades locales para evaluar en conjunto distintas alternativas y así definir el mejor proyecto que será sometido a evaluación ambiental".

Mayor Participación

Más allá de los desafíos que impone al rubro la implementación de los principios del Acuerdo de Escazú, la especialista destaca que, en los últimos años, la relación entre la industria minera y las comunidades cercanas a sus operaciones ha experimentado avances en varios aspectos, "buscando promover una relación más equitativa, participativa y sostenible".

Menciona los más importantes:

• Participación ciudadana anticipada: Las empresas del sector han adoptado enfoques más participativos con las comunidades locales, involucrándolas desde una etapa temprana en el conocimiento de los proyectos.

• Desarrollo local: La industria ha reconocido la importancia de contribuir al desarrollo local de las comunidades. Lo anterior considera desde implementar programas de formación técnica y profesional, programas y proyectos que generen empleo, hasta el desarrollo económico y mejoras en la infraestructura básica, como escuelas, centros de salud y vías de acceso, entre otros.

• Responsabilidad social y ambiental: Las compañías han mejorado su enfoque hacia la responsabilidad social y ambiental, adoptando prácticas más sostenibles, uso de energías más limpias y buscando minimizar los efectos de sus operaciones en las comunidades y el medio ambiente.

Gajardo, en tanto, plantea que hoy los ciudadanos están más informados de lo que ocurre en sus comunidades, "lo que hace que exista una creciente interrelación entre éstas y las empresas mineras aledañas, que se traduce en trabajo conjunto de gestión de impactos y mayor flujo de información y conocimiento entre ambas partes. Las compañías son parte de la comunidad que les rodea y, por lo mismo, los logros y los desafíos deben asumirse en conjunto. Por otra parte, la mayoría de ellas están asociadas al International Council of Mining and Metals (ICMM), entidad que exige a sus miembros el mantenimiento de exigentes normas de buen relacionamiento comunitario en los lugares en que realizan sus operaciones".

Leslie Lira plantea que la aplicación del Acuerdo de Escazú le podría significar a la industria minera considerar la opinión de las comunidades desde la prefactibilidad de los proyectos.

Desafíos Pendientes

Respecto a las brechas que aún persisten en este ámbito, el ejecutivo de Sonami comenta que todavía se aprecia en algunos lugares "un déficit de asesoría experta a las comunidades, que es necesaria para entender mejor el desarrollo de los proyectos mineros. La superación de esta carencia probablemente hará que se reduzca también la falta de información que puede predisponer negativamente a una comunidad. El Estado, en su función educativa, tiene un importante rol que jugar en la solución de este problema".

Para Leslie Lira, son dos los principales desafíos que debe superar la industria minera para plasmar un mejor vínculo con sus vecinos:

• Participación ciudadana anticipada y recíproca, ya que "no basta solo con que las comunidades sean informadas de manera adecuada, con antecedentes completos y comprensibles, sino que también que sus aprehensiones puedan ser consideradas, en la medida de lo posible, en la toma de decisiones", acota.

• Diálogo y resolución de conflictos: Se requiere promover un diálogo abierto, continuo y constructivo entre las partes, manteniendo y fortaleciendo las relaciones comunitarias, así como establecer mecanismos efectivos y expeditos de resolución de conflictos que permitan abordar diferencias y disputas de manera pacífica y justa, evitando la polarización y la confrontación. Agrega: "Lo anterior es muy necesario, ya que se debe permitir la ejecución sustentable de proyectos, con valor compartido, que aporten a su vez al desarrollo del país".

La especialista comenta que, para apoyar a las compañías mineras en esta trascendental labor, GAC ofrece asesoría integral a todos sus clientes. "Participamos de todo el proceso de evaluación y tramitación ambiental de los proyectos, apoyando a las empresas en las etapas de participación ciudadana. Y una vez que éstos inician su ejecución, también realizamos la implementación de medidas, monitoreo y seguimiento ambiental para asegurar que se cumplan los compromisos establecidos en los planes de gestión ambiental de cada proyecto de forma adecuada y eficaz", subraya Lira.

Artículo publicado en InduAmbiente 181 (marzo-abril 2022), páginas 26 a 27.