Una Relación Difícil

La contingencia nacional ha dado cuenta, sin gran sorpresa, que nadie, o muy pocas personas, estarían dispuestas a aceptar una cárcel cerca de sus hogares. Lo mismo que un vertedero o relleno sanitario, un plantel de cerdos, una planta de tratamiento de aguas servidas y otras instalaciones que afectan, de una u otra manera, su calidad de vida.

Las comunidades indígenas criollas suelen tener esa postura frente a las faenas mineras, que, por décadas, han operado en las áreas de influencia de muchos de sus miembros, sobre todo en el norte de nuestro país.

¿Cuál ha sido el resultado de la interacción entre las partes? Dispar, manteniéndose diferencias y disputas hasta nuestros días. Por citar un caso, en abril pasado siete asociaciones indígenas de la comuna de Pica, en la Región de Tarapacá, ingresaron una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental, contra el Servicio de Evaluación Ambiental, por la calificación ambiental favorable de un proyecto clave de la minera Collahuasi. Esto, por no considerar los impactos de las emisiones de material particulado sedimentable sobre los cultivos de árboles frutales de la localidad de Matilla, así como las características singulares de la biota existente en el entorno de la iniciativa que busca asegurar la continuidad de las operaciones de la cuprífera por al menos 20 años.

Evolución positiva

En relación al vínculo entre las empresas mineras y los pueblos originarios, el Dr. Cristóbal Carmona, académico del Programa de Derecho y Política Ambiental de la Universidad Diego Portales, plantea que, en general, "se puede notar una evolución positiva. Desde una lógica más clientelar, marcada por políticas de 'buena vecindad', pasando por la necesidad de obtener una 'licencia social', hasta el actual paradigma de generar 'valor compartido', es ostensible que la industria se ha acercado de un modo distinto a estas comunidades. Aunque este cambio de relacionamiento no ha sido desinteresado, sino que se explica por el aumento de los estándares ambientales e indígenas, la consecuente judicialización por su incumplimiento y la incertidumbre que genera dicho proceso".

Esta nueva realidad, si bien permite un grado mayor de involucramiento de las comunidades en los proyectos mineros, recibiendo en ciertos casos algunos beneficios, "también les genera costos, como conflictos inter o intracomunitarios", señala.

Francisco Roa es líder de Medio Ambiente Humano y Participación Ciudadana en la consultora Jaime Illanes & Asociados, empresa con 24 años de experiencia que desarrolla asesorías vinculadas a relacionamiento comunitario, participación ciudadana temprana y consulta indígena, entre otros servicios. En ese marco, el especialista sostiene que la relación entre las mineras y los pueblos originarios "ha sido históricamente conflictiva, marcada por la falta de consulta y el impacto de las actividades mineras en los territorios indígenas. En los últimos años, eso sí, ha habido un esfuerzo creciente para mejorar el vínculo a través de procesos de consulta y participación más robustos. La Ley Indígena de Chile, el Convenio 169 de la OIT y acuerdos como Escazú han impulsado a las empresas a considerar a las comunidades vecinas, relacionándose con ellas para incorporar sus opiniones y dado su conocimiento de los territorios. Este cambio ha sido un paso positivo hacia la inclusión de los pueblos indígenas en el proceso de toma de decisiones".

Según Francisco Roa, ha habido un esfuerzo creciente para mejorar el vínculo entre mineras y pueblos originarios a través de procesos de participación más robustos.

Aspectos a mejorar

Sin perjuicio de lo anterior, el especialista pone el acento en los desafíos pendientes para mejorar el nexo entre los pueblos originarios y la industria minera. A su juicio, todavía se nota "superficialidad en algunos procesos de relacionamiento y faltan beneficios tangibles para las comunidades".

Francisco Roa acota que para que exista mayor participación de las comunidades indígenas en proyectos y operaciones mineras, se deben "asegurar procesos de consulta con información clara y simple sobre los proyectos y sus impactos, y considerando tiempos adecuados, que permitan a las primeras expresar sus opiniones e idealmente incidir en los diseños de los mismos; establecer mecanismos que hagan posible que este vínculo se manifieste de buena forma; y ofrecer capacitación en temas técnicos a los representantes de las comunidades para que éstas puedan participar de manera efectiva en los proyectos, entre otros aspectos".

Cristóbal Carmona, en tanto, plantea tres puntos a mejorar. Primero: que el involucramiento de la población nativa parta desde que la empresa llega al territorio, por ejemplo, para realizar las labores de exploración y no solo antes de ingresar un proyecto a evaluación ambiental, como se hace muchas veces. Segundo: apoyar la creación de empresas indígenas que presten servicios a la industria; y, por último, asegurar a las comunidades la participación en los beneficios de la explotación de recursos naturales.

Cristóbal Carmona plantea la necesidad de asegurar a las comunidades la participación en los beneficios de la explotación de recursos naturales.

Industria del litio

Considerando que en Chile se impulsa una Estrategia Nacional del Litio, que implica una importante participación estatal y proyecta una explotación mucho mayor de este recurso, el académico y coordinador del Doctorado en Derecho de la UDP comenta que "debe prestarse atención a las disputas inter e intracomunitarias que pueden surgir a propósito del flujo de dinero que ingrese a los territorios. Además, es importante que las empresas, por más que tengan el consentimiento de las comunidades indígenas, no descuiden en el diseño de sus proyectos el resguardo del componente ambiental".

Añade que la lógica de acuerdos privados entre la industria minera y los pueblos indígenas, que ha operado en la explotación del litio, tiene muchos beneficios, pero advierte: "En estos casos se da una lógica transaccional, de intercambio, que, al mismo tiempo que reduce la incertidumbre respecto a la aprobación del proyecto, genera el riesgo de que se replique en la evaluación ambiental, lo que iría en desmedro del objetivo de la protección ambiental y el desarrollo sustentable".

Por su parte, Roa señala que la explotación futura del litio en el Salar de Atacama "debe abordar cuidadosamente aspectos socioambientales clave. Las empresas mineras deben realizar evaluaciones de impacto ambiental rigurosas, respetar los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas mediante el consentimiento previo e informado, y procurar no afectar las fuentes de agua locales. Además, se debe garantizar la transparencia y su participación efectiva en la toma de decisiones, implementar monitoreos independientes, y buscar preservar el patrimonio cultural indígena. También hay que apuntar en el futuro a la participación de las comunidades en los beneficios. Estos pasos son esenciales para una relación equitativa, respetuosa y sostenida entre las partes".

Ejemplos de iniciativas

Para ilustrar el trabajo que las compañías mineras vienen realizando en el último tiempo con los pueblos originarios, detallamos a continuación algunas iniciativas desarrolladas por cuatro de las más importantes empresas del rubro que operan en Chile, según información publicada en sus Reportes de Sustentabilidad 2023.

• Codelco

La compañía estatal asegura que mantiene mesas de trabajo permanentes con grupos de pueblos originarios presentes en las áreas de influencia de sus faenas y da a conocer a las comunidades, de manera anticipada, la presentación de diversos proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que le permite responder las dudas y realizar ajustes a los mismos.

Durante el año 2023, en particular, llevó a cabo un diálogo sobre los compromisos socioambientales establecidos en la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto RT Sulfuros de la División Radomiro Tomic. De acuerdo a lo que indica la Corporación, esta iniciativa involucró a distintas comunidades indígenas, logrando una alta participación de los vecinos.

El respeto por la cultura y las tradiciones de los pueblos ancestrales es fundamental en el buen relacionamiento comunitario.

• Antofagasta Minerals

En 2023, la empresa suscribió acuerdos de inversión social con cuatro comunidades del Salar de Atacama (Peine, Socaire, Camar y Talabre) que actualmente se encuentran en proceso de implementación.

Asimismo, la minera destaca que Los Pelambres se ha vinculado estrechamente con los pueblos originarios para establecer convenios formales de trabajo conjunto, principalmente con el pueblo chango, así como con comunidades diaguitas y mapuches del Valle del Choapa.

Añade que Zaldívar realiza un trabajo conjunto con comunidades alrededor del Salar de Atacama dentro del contexto del estudio de impacto ambiental del proyecto de extensión de la operación, cuyo objetivo es reemplazar el uso de agua continental por otras fuentes en el Salar para 2028.

• Collahuasi

La minera reconoce dos impactos de su actividad en las comunidades indígenas y detalla las medidas de mitigación y compensación que está aplicando:

-Modificación de la actividad pastoril y de las prácticas culturales por pérdida o reducción de las áreas de pastoreo. Frente a eso han adoptado acciones como las siguientes: adquisición de ganado, manejo de pradera natural y mejoramiento de infraestructura productiva.

-Alteración de mesas ceremoniales utilizadas por grupos indígenas debido a que verán retrasada la salida del sol entre 5 a 25 minutos a causa del crecimiento máximo del botadero. Las medidas de mitigación propuestas en este caso son: facilitación de acceso y conectividad a prácticas culturales; y puesta en valor de las prácticas ceremoniales.

• SQM

La empresa productora de litio y otros minerales resalta que implementa programas de valor social compartido que llegan a 21 comunidades (Alianza Mujer Atacameña, Atacama Tierra Fértil, entre otras), atenciones dentales con un alcance territorial comunal, y proyectos particulares desarrollados para y en conjunto con organizaciones locales y comunidades.

La propia SQM y Codelco suscribieron hace unos meses un acuerdo de asociación público-privada para la producción de litio en el Salar de Atacama entre 2025 y 2060. En varias secciones del documento se hace referencia a los derechos que corresponden a las comunidades integrantes del pueblo atacameño, habitantes ancestrales de la zona.

Se espera que la asociación comience a operar durante 2025, una vez cumplidas las condiciones previas, entre las que está el proceso de consulta indígena liderado por Corfo.

Artículo publicado en InduAmbiente n° 189 (julio-agosto 2024), páginas 14 a 17.