Energéticas y valiosas

La electromovilidad está creciendo en Chile y con ello, a la par, también el consumo de baterías para vehículos que utilizan esta fuente de energía eléctrica. Tanto este tipo de acumuladores, que contienen litio, y también aquellos considerados como "tradicionales", es decir los de plomo, son parte de las cerca de 40 mil toneladas de este material en desuso que anualmente está disponible para ser valorizado en nuestro país. De ese total, en el año 2020 se gestionaron 26.448 toneladas, según datos de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje A.G. (ANIR).

Las baterías son uno de los seis productos prioritarios definidos en la Ley de Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor, más conocida como Ley REP. Por lo tanto, los importadores de estos dispositivos –ya que no hay productores en el medio local– tendrán que cumplir determinadas metas de recolección y valorización de estos productos una vez que terminen su vida útil.

A diferencia de los neumáticos y de los envases y embalajes, que ya cuentan con sus respectivos decretos, las baterías fuera de uso (BFU) se clasifican como residuos peligrosos. Pese a ello, sus componentes son factibles de valorizar, ya sea en aplicaciones de segundo uso que no requieran el rendimiento de las baterías nuevas, o bien en aplicaciones de reciclaje.

La Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje en diciembre publicó el "Estudio del material disponible país y el reciclado de los productos prioritarios en Chile, 2020", un informe que muestra la evolución en materia de valorización de distintos tipos de residuos, entre ellos, las baterías, durante el período 2016-2020.

El desarrollo de este trabajo estuvo a cargo de Kyklos, empresa afiliada a ANIR. E incluyó datos obtenidos a partir de un análisis efectuado por la consultora Gescam en 2017 y fue difundido en el marco de dos webinars organizados por la entidad gremial.

Composición

Todas las baterías que se comercializan en el mercado nacional son importadas, principalmente desde Corea del Sur, China, Colombia, Ecuador y Estados Unidos.

El estudio abarca las BFU provenientes de la utilización en maquinarias y vehículos industriales, herramientas y también las del parque automotor de transporte particular.

Estos acumuladores poseen una vida útil de entre 2 y 6 años. El 70% de ellos hay que recambiarlos al cumplirse 2 a 4 años de uso, mientras que el 30% restante a los 6 años.

Su composición corresponde a un 65%-75% de plomo; un 15%-25% de electrolitos (es decir, una disolución de ácido sulfúrico); y un 5% de cajas de plástico y en similar porcentaje de separadores fabricados de dicho material. Estos últimos son altamente corrosivos, mientras que las cajas se estiman como tóxicas debido a que están en contacto con las demás partes. "Es por esto que después de ser utilizadas se consideran BFU y pasan a la categoría de residuos peligrosos, ya que presentan un riesgo instantáneo o a lo largo del tiempo para la salud pública o el medio ambiente, ya sea de forma directa o debido a su manejo", señala el documento de ANIR.

Recuperación de Materiales

Entre los indicadores más relevantes, el estudio incluye el material disponible país (MDP), concepto que se refiere a la "cantidad de productos prioritarios que están disponibles para ser reciclados dentro del territorio nacional en un determinado período de tiempo".

El MDP se calculó de tres maneras: a partir de un análisis de los permisos de circulación, utilizando la proyección del estudio realizado por Gescam en 2017, y considerando la importación y exportación de este elemento.

Además, se menciona la cantidad de BFU que efectivamente se valoriza en Chile –o material gestionado país (MGP)–, y la capacidad técnica instalada País (CTIP) para valorización.

El MGP describe la cantidad de BFU gestionada por las empresas recicladoras dentro del territorio nacional o que se exporta.

El reciclaje de las baterías de plomo consiste en un proceso de trituración que permite separar sus componentes. Los electrolitos se neutralizan mediante el uso de cal; el plástico se transforma en pellet para su posterior venta, y el plomo se almacena con el objetivo de fundirlo, para obtener lingotes.

Según el estudio, una sola empresa en Chile, RECIMAT, cuenta con los permisos necesarios para realizar el proceso completo de recuperación del plomo desde las BFU.

Otras firmas, que están afiliadas a ANIR, también participan en la cadena de reciclaje, a través del servicio de acopio y transporte del material para su posterior valorización. En ese ámbito, la gestión de los socios de la entidad alcanza a 1.530 toneladas, lo que representa un 5,7% del total del MGP.

Valorización en Alza

Al contrastar los antecedentes correspondientes al período 2016-2020, desde ANIR resaltan que "esto entrega luces acerca de la evolución del mercado en cuanto a la producción de baterías y a la gestión de este producto prioritario". Entre otros datos, se observa un aumento de poco más de 8.000 toneladas en el material gestionado país, en el lapso de cinco años.

Asimismo, como se puede ver en la tabla 1, al comparar el MGP con el material disponible país, en 2016 un 47,4% de este último (39.022 toneladas) fue efectivamente valorizado (18.500 toneladas). Con el tiempo, esta tasa ha crecido hasta alcanzar un 65,2% en el año 2020 (26.448 toneladas, gestionadas por RECIMAT).

Vinculado con lo anterior, al determinarse la capacidad técnica instalada de los gestores respecto a las BFU, se estima un total de 49.477 toneladas anuales (t/año), guarismo que se mantiene constante entre los años 2016 y 2019, para experimentar en 2020 una leve alza, llegando a 50.677 t/año.


Otro indicador que destaca en el estudio es una reducción de las baterías fuera de uso que se dispone de manera inadecuada en el país, pasando de 20.522 en 2016, a 14.118 toneladas en 2020.

En el gremio de recicladores señalan que este volumen posiblemente es entregado por los generadores a los gestores informales y no autorizados, por causa del alto precio que consiguen fuera del país.

Al respecto, en las conclusiones del reporte se afirma que "ANIR comparte la preocupación manifestada por organismos tales como la FNE (Fiscalía Nacional Económica) y el MMA (Ministerio del Medio Ambiente), al tiempo de tramitar la Ley REP, en cuanto a que parte de la disposición inadecuada de BFU pudiese explicarse por la prohibición de exportación del saldo de BFU para reciclar, amparado por el D.S. 2 del MINSAL (Ministerio de Salud), que prohíbe exportar las BFU".

En la misma dirección, se añade que esto representa un factor de incremento del comercio internacional ilegal de estos materiales, "aumentando los riesgos a la salud humana y ambiental por el inseguro manejo y transporte".

Adicionalmente, ANIR estima que "el comercio internacional debiese realizarse hacia países donde se garantice el manejo ambientalmente racional de los residuos, que cuenten con regulaciones medioambientales y tecnologías similares a las de Chile, considerando las últimas enmiendas del Convenio de Basilea".

Junto a lo anterior, la organización vislumbra un crecimiento en el uso de baterías de litio, lo cual requerirá buscar nuevas vías para gestionarlas.

Ya existe una compañía dedicada específicamente a estas BFU: Ecominería, que cuenta con una capacidad para tratar 1.200 t/año.

Decreto Pendiente

Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente, afirma que aún no se ha iniciado el proceso de elaboración del decreto con las metas de recolección y valorización para las BFU, añadiendo que tampoco es posible estimar una fecha de publicación de este documento.

Aunque las baterías están categorizadas como residuos peligrosos, al ser consultado por cuál es el destino principal de este tipo de pasivos ambientales en Chile, el experto responde que la cartera no cuenta con estimaciones oficiales referentes a baterías.

Considerando su peligrosidad, aclara que el organismo a cargo de monitorear la gestión de este tipo de desechos es el Ministerio de Salud. En la misma línea, agrega que las regulaciones del MMA no incluirán exigencias especiales al respecto: "La correcta gestión de los residuos peligrosos se encuentra regulada en la normativa sanitaria. Los decretos supremos de metas de estos productos no buscan reemplazar dicha regulación ni menos duplicarla".


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Dato:

92%
De las baterías que ingresan al país son de plomo y un 2%, de litio (Fuente: ANIR).

Artículo publicado en InduAmbiente 174 (enero-febrero 2022), páginas 24 a 27.