El 17 de mayo pasado, con ocasión del Día Internacional del Reciclaje, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, promulgó una de las regulaciones ambientales que más expectativa ha generado en el último tiempo: la Ley de Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor (REP).
Claro, porque con este instrumento, se pretende que el país dé un salto cuantitativo y cualitativo en la gestión de los residuos, con miras a disminuir su generación y elevar la tasa de reciclaje que hoy es menor al 10% a más de un 30%.
¿Cómo operará en la práctica esta Ley?, ¿Qué dificultades se pueden encontrar en su implementación y cómo se podrían superar?
Aspectos Generales
“El sentido de la Ley que estamos promulgando hoy es coordinar y sistematizar los esfuerzos de todos los actores de la sociedad para reducir la contaminación y, de paso, dinamizar la economía (…) La ley de Reciclaje crea un mecanismo para que productos que son habituales en hogares y empresas no sean botados a la basura, sino reciclados y redestinados a otro fin”, decía la Mandataria durante la ceremonia en que se oficializó esta iniciativa legal.
La Ley define seis productos prioritarios para la recuperación y valorización, una vez que terminen su vida útil: aceites lubricantes, artículos eléctricos y electrónicos, envases y embalajes, pilas, baterías y neumáticos. Todos ellos tienen en común que son de consumo masivo, generan grandes volúmenes de residuos y además son valorizables. A futuro se podrían sumar nuevos productos prioritarios a esta lista, mediante la dictación de reglamentos.
El Ministerio del Medio Ambiente fijará metas anuales de recuperación para dichos productos y serán sus fabricantes e importadores los encargados de organizar y financiar los sistemas de gestión que permitan cumplir con esos objetivos. Esto es lo que se conoce como Responsabilidad Extendida del Productor.
En ese contexto, se busca formalizar una industria del reciclaje en el país, impulsando más empleos y emprendimientos verdes, sin dejar de lado a los recicladores de base que llevan años trabajando en esta actividad y debieran integrarse a esta cadena.
El Ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, plantea: “Hoy Chile cuenta con una Ley que establece una política pública eficiente en materia de reciclaje y de gestión de residuos. Existen empresas recicladoras que deben importar, por ejemplo, botellas plásticas de otros países para obtener la materia prima necesaria para su industria. Esta Ley garantizará volúmenes suficientes de materiales para las empresas recicladoras ya existentes, y abre un gran espacio para nuevos emprendimientos en esta materia”.
Añade que con la reincorporación de estos residuos a la cadena productiva de las industrias se podrá ahorrar materias primas y energía.
De igual manera, la iniciativa legal introduce nuevos elementos para la gestión de residuos, como la certificación, rotulación y ecoetiquetado, la recolección selectiva y separación en origen.
En ese sentido, se espera que los ciudadanos también asuman su cuota de responsabilidad en la gestión de los residuos, participando activamente en la separación y traslado de la basura reciclable a los lugares habilitados para recibirla. Cabe recordar que cada año, los chilenos generamos cerca de 17 millones de toneladas de residuos, de los cuales unos 7 millones de toneladas son domiciliarias. Vale decir, la tasa de generación es de poco más de un kilo diario por habitante, cifra que crece cada año. Se espera que con esta Ley se implementen más puntos verdes para facilitar e incentivar el reciclaje.
Lea este artículo completo en InduAmbiente N° 140 (mayo-junio 2016).