Las Tareas que Vienen

Por Mónica Aedo Guerrero
Gerente General de SQ Empresas

Chile se encuentra entre los cuarenta países que más basura electrónica genera a nivel mundial, con una producción por habitante de 9,9 kilogramos por año. Esto, debido al creciente aumento de la tasa de recambio de este tipo de productos.

¿Ha pensado usted cuántos celulares viejos tiene en su casa sin saber qué hacer con ellos? ¿O cómo se desharía del microondas, refrigerador, computador, cables o cargadores, si estos artefactos dejan de funcionar?

Como consumidores tenemos que ocuparnos de reducir el impacto ambiental que nuestros desechos generan en el entorno. Por ello, junto con prestar atención al valor del equipo y sus beneficios actuales, debemos preguntarnos, ¿cuando acabe su vida útil, la compañía fabricante lo recogerá? O, si se daña, ¿quién se hace cargo?

El destino de la basura es responsabilidad de todos. Chile, en su condición de miembro de la OCDE, debe implementar la Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor) como requisito de ingreso al selecto grupo de naciones desarrolladas. Este consiste en un instrumento para la gestión de la basura, a través del cual las empresas tienen que hacerse cargo de los productos que ingresan al mercado aun después del consumo, cuando éstos dejan de ser útiles y no cumplen su propósito original.  

La normativa incluye a los envases y embalajes. Pero, en especial, a productos definidos como prioritarios, ya sea porque tienen alto precio al ser valorizados, como el vidrio, el plástico, el papel y cartón; o bien, debido a su peligrosidad para la salud de las personas, animales o ambiente, categoría en que se encuentran las baterías usadas, los aceites y lubricantes. En ese contexto, el cuerpo legal fijará por decreto metas de recolección, según las cantidades ingresadas cada año y a la obsolescencia de dichos bienes.

Crecimiento Sustentable

La Ley REP propende a hacer de nuestro desarrollo económico un proceso armónico y ambientalmente sustentable. Sin embargo, es importante recalcar que no es una nueva credencial que nos asegure un puesto dentro de la OCDE. Se trata, en realidad, de un importante valor agregado al crecimiento sostenible del país, que se traduce en crecer hoy, sin comprometer los recursos de que dispondrán las futuras generaciones.

Si nos preguntamos cómo impactará en nuestra vida cotidiana la implementación de esta normativa, diremos que los productores tendrán que adaptarse e internalizar los costos, al ver extendida su responsabilidad. Pero las que se verán más afectadas son las municipalidades, que deberán incorporar obligatoriamente planes de segregación de residuos en origen (tambores de color distintivo) y puntos limpios para reciclar, junto con firmar nuevos contratos con las empresas de basura e informar y educar a los vecinos. A su vez, los gobiernos regionales apoyarán a los municipios en la ejecución de sistemas de monitoreo de desechos domiciliarios y, de este modo, asegurar al gobierno central que se cumplan las metas anuales.

Por su parte, los recicladores de cartones, conocidos como “cartoneros”, que actualmente trabajan de forma independiente, tendrán que formalizar sus actividades. Con ese propósito, se inscribirán en un registro y certificarán que cuentan con las competencias necesarias para manejar no sólo cartones, sino todos los residuos prioritarios de manera adecuada.


Lea este artículo completo en InduAmbiente N° 138 (enero-febrero 2016), páginas 86-87.