El 5 de noviembre de 2015 parecía un día como cualquier otro para los habitantes de Bento Rodrigues, pequeña localidad del estado de Minas Gerais, al sureste de Brasil. Nada hacía presagiar lo que pronto ocurriría.
Súbitamente, se produjo el colapso de un depósito de relaves, que causó la liberación de más de 60 millones de toneladas de residuos provenientes de la mina Samarco. La avalancha tóxica arrasó con varios poblados y sepultó la vida de casi 20 personas, mientras que otros tantos quedaron en condición de desaparecidos.
El accidente fue calificado por el gobierno como el peor desastre ambiental en la historia del país carioca. El torrente se desplazó 650 kilómetros a lo largo del río Doce, causando graves daños a vía fluvial, y frenó su cauce arrollador solo cuando llegó al océano Atlántico. Sumado a las lamentables pérdidas humanas, como saldo de la tragedia resultó perjudicada una región de la costa brasileña que posee una gran diversidad de vida marina.
En Chile también han sucedido incidentes de características similares. Durante el terremoto de La Ligua, en marzo de 1965, a pocos kilómetros de La Calera, el tranque de relaves El Cobre cedió y, a consecuencia de ello, originó un alud que enterró al poblado minero El Cobre casi en su totalidad. Estimaciones cifran en alrededor de 200 las personas fallecidas y cientos de kilómetros de superficie contaminados con relaves. El depósito no contaba con normas de seguridad adecuadas, ya que en esa época no había un marco regulatorio aplicable.
En las décadas siguientes se elaboraron disposiciones orientadas a la minería extractiva, hasta llegar a la promulgación de la ley N° 20.551, que “Regula el cierre de faenas e instalaciones mineras”. Este cuerpo legal, que entró en vigencia en 2012, establece medidas dirigidas a mitigar los impactos ambientales de las operaciones y sus residuos, tras el cese de las actividades productivas.
Peligro Latente
Jacques Wiertz, profesor adjunto del departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile, afirma que los residuos mineros son un tema que genera gran preocupación en las comunidades aledañas a las faenas. Los habitantes perciben la cercanía de tranques de relaves como una amenaza a su calidad de vida, en términos de los eventuales efectos sobre el aire, agua y suelos de su entorno.
Según la ley N° 20.551, el objetivo de un plan de cierre es “la integración y ejecución del conjunto de medidas y acciones destinadas a mitigar los efectos que se derivan del desarrollo de la industria extractiva minera, en los lugares en que ésta se realice, de modo de asegurar la estabilidad física y química de los mismos, en conformidad a la normativa ambiental aplicable”.
Esto significa, comenta Wiertz, que el depósito de relaves o estériles demuestre una estabilidad física y química que perdure en el tiempo. “Hay que considerar que los materiales van a quedar probablemente para siempre en el lugar donde se emplazan las instalaciones, por lo tanto todas las operaciones de la mina tienen que estar enfocadas a asegurar esa estabilidad”, explica.
La estabilidad física se refiere a una situación de seguridad estructural, que mejora la resistencia y disminuye las fuerzas desestabilizadoras que podrían afectar obras o depósitos de una faena minera, para lo que se adoptan medidas con el fin de evitar fenómenos de falla, colapso o remoción.
Lea este artículo completo en InduAmbiente N° 138 (enero-febrero 2016), páginas 26 a 30.
Para un Final Feliz
Los proyectos mineros deben asegurar la estabilidad de sus residuos.
