En un entorno mediático ávido de polémica, no podemos permitir que titulares sensacionalistas definan el futuro de nuestra sociedad. Un reciente debate sobre un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) –por su supuesta repercusión en la astronomía chilena– ilustra este problema. ¿Debe Chile proteger su rol en la astronomía? Por supuesto, pero el análisis técnico revela que el incremento en la luminosidad del cielo es apenas de 0,27%, muy inferior a la contaminación lumínica de ciudades como Antofagasta o Tal Tal. Este ejemplo muestra cómo cifras aisladas pueden inducir a conclusiones alarmistas sin el contexto adecuado.
Las instituciones públicas encargadas de revisar y autorizar proyectos ambientales son esenciales para que nuestras decisiones se basen en evidencia y análisis multidisciplinarios. No se espera que cada ciudadano sea un experto –ni que la participación se reduzca a levantar la mano para votar como en el colegio–, por lo que es indispensable contar con organismos capacitados que analicen, sinteticen y comuniquen la información relevante.
La transparencia y el rigor técnico de estos organismos son fundamentales para contrarrestar interpretaciones parciales y restaurar la confianza en nuestra institucionalidad.
Fortalecer estos organismos y promover una cultura de información rigurosa es vital para garantizar un desarrollo nacional sustentable y justo. La verdadera democracia representativa se construye con decisiones informadas y el compromiso de expertos y ciudadanía, que, a través del diálogo, transforman el conocimiento técnico en políticas que respondan a las necesidades colectivas. Solo así avanzaremos hacia un futuro en que el progreso y la protección del medio ambiente se integren en beneficio del bien común.
Columna publicada en InduAmbiente n° 192 (enero-febrero 2025), página 75.