Reportes integrados: ¿obligatorio o voluntario?

Qué duda cabe que en las últimas dos décadas las empresas están interesadas en decirle a sus públicos que están preocupadas (y ocupadas) de que sus acciones se alineen con la sostenibilidad. En este sentido, el principal referente para generar estos reportes ha sido el Global Reporting Initiative (GRI). Pero, los tiempos cambian y la homogeneización que permite una comparación comienza a imponerse a través del International Sustainability Standard Board (ISSB). La adopción de los reportes integrados puede ser obligatoria, como ocurre en nuestro país, o voluntaria, alternativa que ha tomado Argentina. Dos caminos que buscan el mismo destino, pero, ¿cuál asegura mayor éxito?

En Chile, desde el 2021, las entidades supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) deben informar acerca de sus acciones para la sostenibilidad, incluyendo aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, los llamados criterios o aspectos ESG (Environment, Social & Governance).

Pero la pista se pone más pesada. A partir del ejercicio 2026, estas organizaciones deberán considerar la Norma de Carácter General N° 519, que impone los estándares NIFF S1 y S2 de la ISSB, "con el fin de contribuir a que la información reportada sea útil, consistente y comparable, no solo en términos locales, sino que también a nivel internacional" (CMF), buscando así fortalecer el mercado de capitales, fomentar una mayor transparencia, reducir los riesgos y facilitar la inversión global.

La ISSB, desde 2022, reagrupa los criterios de los reportes integrados, así como aquellos relativos al cambio climático, y los estándares de sostenibilidad, una suerte de unión entre el trabajo que venían desarrollando la International Integrated Reporting Council (IIRC), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) y Climate Disclosure Standards Board (CDSB), imponiendo así una estandarización en la forma de generar esta comunicación.

Otro camino han seguido en Argentina. La Comisión Nacional de Valores (CNV) del país hermano ha optado por una tendencia a educar y fomentar la generación de los reportes integrados de manera voluntaria, estableciendo una Guía para el reporte y divulgación voluntaria de información ambiental, social, y de gobernanza (ASG), documento desarrollado por el mismo organismo, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Este enfoque del ente que regula el mercado de capitales argentino, busca entregar las herramientas de estandarización para los reportes integrados siguiendo, entre otros, los lineamientos de la ISSB, buscando así "profundizar los incentivos a las empresas para que incorporen prácticas tendientes a lograr una mayor transparencia en la divulgación de información ASG, para así atraer la demanda creciente de inversores socialmente responsables a nuestro mercado local" (CNV). Desde esta perspectiva, la apuesta argentina es propiciar un camino virtuoso hacia la sostenibilidad.

La verdad, es que no existe una respuesta única. Hay aspectos de idiosincrasia, políticos, ideológicos, comunicacionales, entre muchos otros que entran en la juguera de esta decisión. Pero donde sí coinciden los expertos de diferentes disciplinas es que, informar sobre las iniciativas ESG permite desarrollar una imagen de marca y prestigio.

En los próximos 10 años veremos los indicadores de ambas opciones y podremos, además, compararnos con otros países del continente, como México, quienes a partir de este año enfrentan la obligatoriedad de reportar, tal como ocurrirá con Brasil desde 2026. Además, se podrá observar el desarrollo en la Unión Europea, conglomerado geopolítico que, desde 2024, obliga a las empresas (en función de su presencia en la bolsa, volumen de facturación, relación proveedor, entre otros, de manera escalonada) a informar sobre sus impactos sociales, ambientales y de gobernanza.

Sin duda, los criterios ESG como indicadores de sostenibilidad han redefinido la responsabilidad social empresarial estableciendo un nuevo lenguaje: la inversión socioambientalmente responsable.