Gabriel Boric Font
Presidente de la República de Chile
Columna especial para InduAmbiente
Nuestro gobierno comenzó su mandato convencido de la urgencia de transformar el modelo de desarrollo vigente por uno que ponga en su centro el cuidado de las personas y la naturaleza.
Nuestra sobrevivencia depende del agua de los ríos y del oxígeno que generan nuestros árboles. Nuestro bienestar y crecimiento dependen de proteger bosques, humedales, glaciares y océanos. Por eso, promover un desarrollo sostenible que llegue a todas y todos, y que resguarde la existencia de estos vitales elementos, es un imperativo para una sociedad próspera.
Enfrentar la degradación ambiental requiere que el entendimiento ecológico esté en el centro de la forma en que habitamos y tomamos decisiones, a nivel público y privado. Para conseguirlo, es imprescindible que adquiramos una mirada sistémica. El cuidado del medio ambiente no puede quedar aislado en un solo ministerio, sino que debe ser un eje transversal a todas las políticas públicas del Estado chileno. Por eso, estamos trabajando para sentar las bases de un "Estado Ecológico", de modo que lo socioambiental tome cada vez más relevancia y que las decisiones país se tomen considerando a este factor como uno fundamental.
Enfrentar las tres crisis ecológicas –climática, de pérdida de biodiversidad y de contaminación– es una prioridad del Gobierno. Esta urgencia nos llama a cambiar el modo en que nos transportamos, alimentamos, calefaccionamos, construimos nuestras ciudades y habitamos nuestro territorio en general; es decir, necesitamos impulsar un proceso de transformación planificado, gradual, pero decidido, que no deje a nadie atrás. Transitar hacia el desarrollo sostenible en Chile traerá beneficios directos a las personas.
Estos beneficios vienen al hacerse cargo de las causas del cambio climático –aquí nuestro compromiso de carbono neutralidad moviliza la transición energética con grandes posibilidades de desarrollo para el país, como la creciente industria del hidrógeno verde–, pero también al ocuparnos de las consecuencias del cambio climático.
Un ejemplo de lo anterior es el desafío de adaptarnos, especialmente para los eventos extremos a los que estamos y estaremos expuestos. La naturaleza tiene memoria de los cauces de los ríos y no tenemos tiempo que perder para proteger la vida y el sustento de las personas. Para ello, estamos implementando con fuerza la Ley Marco de Cambio Climático que, justamente, nos desafía a transversalizar la mirada sobre cómo estamos mejor preparados como país para enfrentar incendios, inundaciones y olas de calor.
En el diagnóstico sobre protección y recuperación de la biodiversidad, teníamos claro que se requería un rediseño institucional que lograse monitorear y proteger eficazmente el estado de los ecosistemas. Con la colaboración decidida del Congreso, sacamos adelante la Ley para la Naturaleza, que nos permitirá contar con un servicio público enfocado en proteger la rica biodiversidad de nuestro país. También hemos aumentado nuestras áreas protegidas en rincones emblemáticos de nuestro país: el mar de Pisagua, el desierto florido de Atacama, el archipiélago de Humboldt y el Valle de Cochamó. En nuestro primer año de gobierno logramos publicar la mayor cantidad de áreas protegidas desde la vuelta a la democracia.
Para hacernos cargo de la crisis de contaminación –tal vez la más visible a los ojos de los ciudadanos–, continuando con esta política de Estado, pusimos en marcha las metas de valorización y reutilización de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor o Ley del Reciclaje. Estamos apostando por una economía circular, donde lo que entendemos por residuos tengan una vida útil más allá de lo que podemos imaginar, creando oportunidades de desarrollo y de nuevos empleos, restando presión a los vertederos del país y cuidando la naturaleza, pues muchas veces los desechos terminan en quebradas, ríos u océanos.
Hoy existen cientos de miles de personas que viven en nuestro país expuestas al deterioro ambiental severo que hemos causado o permitido y hemos trabajado, junto a la ciudadanía, en procesos de transición socioecológica justa para ir en ayuda de territorios que históricamente han sido afectados por un crecimiento económico no sostenible. Sin duda que existe mucho por avanzar, pero en este camino que estamos emprendiendo, nuevamente, establecimos una lógica colaborativa. Las soluciones no vienen de una sola institución. Requiere del trabajo conjunto de un Estado que actúa con la visión del desarrollo sostenible como norte.
Pasar desde lo sectorial a lo transversal no es inmediato, pero como Gobierno estamos sentando las bases sólidas para que construyamos juntos un Chile más justo, inclusivo y sostenible.
Columna exclusiva publicada en InduAmbiente n° 183 (julio-agosto 2023), páginas 14 a 15.