Retrasos excesivos y aumento de costos en el desarrollo de proyectos de inversión, deterioro de zonas y componentes patrimoniales, demoras en la ejecución de obras públicas necesarias para la población, problemas para preservar elementos que forman parte de la identidad natural y sociocultural de nuestro país. Esas son algunas consecuencias negativas que, de cuando en cuando, se producen en Chile por la falta de herramientas para armonizar el resguardo del patrimonio con el desarrollo de proyectos de inversión.
Para aportar soluciones a esa importante problemática, el pasado 10 de diciembre InduAmbiente organizó en Santiago un seminario en que se analizó el marco institucional y regulatorio para la protección patrimonial y se plantearon alternativas, instrumentos y experiencias que pueden contribuir a conciliar ambos aspectos, aportando valor y sustentabilidad a los territorios.
El encuentro contó con el apoyo principal de la empresa FCAB (Ferrocarril Antofagasta Bolivia) y la participación de autoridades y especialistas del sector público y privado que entregaron información útil y práctica para avanzar hacia dicho objetivo.
Cristián Araya, subdirector de InduAmbiente, destacó la importancia del encuentro para avanzar hacia el desarrollo sustentable.
Institucionalidad y regulación
La primera parte del evento permitió revisar el marco institucional y regulatorio que hoy rige en la materia, así como algunas iniciativas que buscan actualizar y reforzar estas herramientas de gestión.
En ese contexto, Juan Cristóbal Moscoso, Jefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), y Javier Astorga, arqueólogo y especialista en patrimonio cultural del SEA, explicaron cómo se aborda la variable patrimonial en la evaluación ambiental de los proyectos de inversión.
Al respecto, indicaron que para entregar certezas técnicas y jurídicas respecto a la información requerida por las autoridades evaluadoras y estandarizar criterios a nivel nacional en esta materia, se han realizado tres publicaciones en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA): la Guía de Monumentos Nacionales Pertenecientes al Patrimonio Cultural, presentada en 2012; la Guía Trámite del Permiso Ambiental Sectorial (PAS) 132, que otorga el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para hacer excavaciones de tipo arqueológico, antropológico y paleontológico, publicada en 2018; y el criterio de evaluación para la caracterización del componente patrimonio cultural arqueológico, vigente desde este año.
Javier Astorga y Juan Cristóbal Moscoso explicaron cómo se aborda la variable patrimonial en los procesos de evaluación ambiental.
"Como SEA, analizamos y unificamos criterios de los distintos organismos de la administración del Estado con competencia ambiental. En ese sentido, el CMN ha estado de acuerdo con las guías y criterios que hemos desarrollado", afirmó Moscoso. Enseguida, comentó que el Servicio está trabajando en una guía para la evaluación del componente paleontológico, y también en otras herramientas como mapas interactivos y líneas de base públicas que está generando el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) para orientar mejor el desarrollo de los proyectos de inversión que se deben presentar al SEIA.
La siguiente presentación profundizó en el marco jurídico para proteger el patrimonio natural. Estuvo a cargo de Ariel Espinoza, Jefe de la División Jurídica del MMA, quien indicó que las principales normas que hoy cumplen esta función en Chile son: la Ley 19.300, que estableció las bases de nuestra institucionalidad ambiental dando vida, entre otros instrumentos, al SEIA y a la responsabilidad por daño ambiental; la Ley 21.600, publicada en septiembre de 2023, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y otras herramientas para el resguardo de la naturaleza; el Código Penal, que considera la figura de delitos ambientales; y la Ley 21.202, que habilita la declaración de humedales urbanos.
Luego destacó la importancia de la Ley 21.600, por cuanto permitirá "contar con un servicio público 100% enfocado en la protección de la naturaleza terrestre y marina, para afrontar de manera más eficiente y efectiva la crisis climática y de biodiversidad; resolver la dispersión institucional de las áreas protegidas; contar con instrumentos para la conservación en todo el territorio nacional; fortalecer la normativa y aumentar el financiamiento para la conservación".
Ariel Espinoza también se refirió al SNAP, recordando que las áreas protegidas se homologaron en 6 categorías: reserva de región virgen, parque nacional, monumento natural, reserva nacional, área de conservación de múltiples usos y área de conservación de pueblos indígenas. Las 3 primeras son de "conservación estricta", por lo que se prohíbe la explotación de recursos naturales con fines comerciales, mientras que en las otras 3 se pueden desarrollar actividades de usos sustentables. En ese marco, explicó cómo funcionará el otorgamiento de concesiones en beneficio del SNAP (turismo ambientalmente responsable, investigación científica y educación ambiental) y las de tipo sectorial dentro de áreas protegidas; así como el régimen de fiscalización y sanciones dispuesto en la nueva regulación.
Ariel Espinoza profundizó en el marco jurídico para proteger el patrimonio natural.
Patrimonios culturales
Otro tema muy relevante abordado en la jornada fue el nuevo proyecto de ley de patrimonios culturales que el Gobierno presentó en octubre pasado al Senado con el objetivo de establecer "una nueva y mejor relación, acorde a los estándares internacionales, entre la protección patrimonial y el desarrollo, como dos elementos clave para la sostenibilidad cultural y económica del país".
Así lo afirmó Carolina Pérez, Subsecretaria de Patrimonio Cultural, poniendo énfasis en que se busca avanzar en la protección patrimonial y dar un salto de modernización y eficiencia, con el fin de entregar certezas para la conservación de nuestra historia cultural y para el desarrollo nacional y regional a través de proyectos de inversión, con tiempos y procedimientos claros. La autoridad explicó que esta propuesta corresponde a una indicación que sustituyó la iniciativa presentada en 2019, cuya tramitación se había complicado principalmente por la falta de consulta indígena. Por lo mismo, señaló que antes de presentarla al Congreso realizaron un amplio proceso de participación ciudadana que incluyó la consulta a pueblos originarios y comunidades afrodescendientes, lo que aportó insumos para el adecuado reconocimiento de su patrimonio cultural y también permitió alcanzar acuerdos relevantes como el protocolo a seguir frente a hallazgos arqueológicos indígenas en el desarrollo de proyectos de inversión.
"Esta ley protege el patrimonio material y reconoce el patrimonio inmaterial, pasando a una visión integral de los patrimonios. Lo que protegemos es lo que tiene implicancia en el régimen autorizatorio", comentó Carolina Pérez.
Carolina Pérez, Subsecretaria de Patrimonio Cultural, detalló la nueva propuesta legal con que el Gobierno busca armonizar la protección patrimonial y el desarrollo.
Luego, presentó los pilares de la propuesta legal, entre los que destacan:
• Modernización institucional: El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) se creó en 1925, como una instancia horizontal y colegiada que, históricamente, ha tenido todas las atribuciones: declarar y proteger el patrimonio cultural, y entregar las autorizaciones para su intervención. El proyecto de ley separa las funciones: mantiene en el CMN -que pasa a llamarse Consejo de los Patrimonios Culturales- las primeras competencias y traspasa la facultad de otorgar permisos al Servicio del Patrimonio Cultural de cada región. "Esto es fundamental porque parte importante del atochamiento en la entrega de permisos que hoy existe se debe a que tenemos un sistema completamente centralizado", planteó la Subsecretaria asegurando, además, que así se contará con un sistema de autorizaciones más ágil, justo y que dará mayor certeza jurídica a todos los actores.
• Categorías de protección y reconocimiento para una gestión más efectiva: El proyecto pone énfasis en el respeto a las convenciones internacionales ratificadas por el Estado en materia de patrimonio cultural inmaterial, indígena y tribal, ampliando la mirada sobre patrimonio.
• Nuevas herramientas para inspección y sanción: Se abren algunos espacios en que no habrá que pedir autorización, pero en los que se exigirán estándares que aseguren el cuidado del patrimonio. Así ocurriría, por ejemplo, en ciertas tareas arqueológicas que podrán ser ejecutadas solo por profesionales que sean parte de un registro público, o también con algunas intervenciones de monumentos históricos (que pasarían a llamarse "zonas típicas") en que solo se requerirá avisar a la autoridad. El Estado inspeccionará el cumplimiento de esos compromisos de protección, pudiendo aplicar sanciones.
• Procedimientos claros para la conservación e intervención: Se actualizan los sistemas de autorización para entregar mayor certeza jurídica a las instituciones de protección patrimonial, a titulares de proyectos de inversión, a dueños y habitantes de zonas protegidas y a la inversión pública y privada en general.
• Se pretende generar un nuevo estatuto de protección arqueológica y paleontológica, con procedimientos, criterios y tipologías claras para su conservación e intervención, así como para agilizar los procesos de tramitación, evaluación y fiscalización. Para eso se definió un marco focal de protección patrimonial que llega hasta la época de la Colonia y los hallazgos que correspondan a periodos posteriores se someterían a un proceso de valoración para tomar decisiones de protección.
• Nuevas instancias de participación permanente de la sociedad civil: Se crean protocolos en materia indígena y tribal afrodescendiente que, entre otros beneficios, permitirán tener certeza sobre qué hacer cuando se encuentren hallazgos indígenas en el desarrollo de un proyecto de inversión.
• Incentivos, beneficios y subsidios: Se plantea, por ejemplo, el establecimiento de exenciones tributarias para quienes viven en territorios o zonas patrimoniales.
Carolina Pérez subrayó también que el proyecto de ley considera el financiamiento necesario para fortalecer las capacidades del Estado que permitan proteger efectivamente el patrimonio. Al mismo tiempo, recalcó que esta tarea tiene una especificidad técnica que, por ejemplo, a diferencia de la evaluación de impacto ambiental, no permite medir el impacto de acuerdo al tamaño de un proyecto o inversión, ya que esto tiene que ver con la valoración de los hallazgos. "Por esto es importante que podamos tener una ley que realmente nos permita valorar y definir qué queremos cuidar y, por otro lado, avanzar con rapidez en aquellos casos en que estamos convencidos colectivamente que no son parte de lo que debemos resguardar como patrimonio cultural", concluyó.
Algunas de las propuestas del proyecto de ley de los patrimonios culturales fueron también abordadas por Camila Martínez, abogada integrante de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental, quien ahondó en el rol del Consejo de Monumentos Nacionales y presentó opciones para acelerar la tramitación de las solicitudes y permisos asociados a proyectos de inversión que recibe este organismo, respecto de lo cual se han verificado demoras que incluso en algunos casos superan los 800 días.
En ese marco, a la espera de la reforma legal que pretende corregir esta situación, citó algunas recomendaciones entregadas por profesionales del mismo CMN que podrían adoptar los titulares de los proyectos para agilizar sus autorizaciones: planificar con tiempo los estudios arqueológicos y paleontológicos, para así reducir el riesgo de paralización de una obra en construcción; planear mejor las medidas de caracterización o rescate requeridas; contar con una línea de base y documentos técnicos robustos; realizar análisis de prefactibilidad de arqueología y no subestimar dicho componente. Al mismo tiempo, indicó que uno de los temas que genera más retraso en la labor del CMN suelen ser los Informes de Rescates con Hallazgos No Previstos ya que se presentan sin contexto.
Camila Martínez, de Achidam, planteó opciones para agilizar las solicitudes ante el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).
Herramienta de valor
El segundo bloque del Seminario permitió conocer diversas herramientas de gestión, tecnologías y experiencias que contribuyen a armonizar la protección patrimonial y su puesta en valor con la agilización del desarrollo de proyectos de inversión.
Sobre ese escenario, Jaime Henríquez, Gerente de Sustentabilidad y Desarrollo Territorial en FCAB dio a conocer los avances en la gestión patrimonial de la empresa que durante 136 años ha contribuido a construir la historia e identidad de la región de Antofagasta. Al respecto, puso énfasis en la importancia de la colaboración público-privada y del diálogo con las comunidades para ejecutar estas iniciativas de recuperación del patrimonio ferroviario con miras a convertirlo en un instrumento de valor para el desarrollo de los territorios. "Creemos que la forma de resguardar y conservar el patrimonio es a través de su activación social, en proyectos colaborativos que junten todas las iniciativas en busca de un desarrollo que sea compartido a nivel local y regional", resaltó.
A modo de ejemplo, detalló el plan de recuperación de los patios ferroviarios ubicados en el centro de Antofagasta que, mediante la ejecución de diversas obras, busca integrar este espacio a la ciudad para hacerla más sustentable y amigable con el medio ambiente, generar situaciones urbanas que valoricen la identidad y memoria ferroviaria, mejorar la calidad de vida de los antofagastinos con más áreas verdes, parque y plazas que permitan consolidar nuevos barrios, e impulsar un nuevo polo de desarrollo turístico a través de la puesta en valor del patrimonio ferroviario. "Este es un proyecto de mediano a largo plazo que permitirá conectar la ciudad, integrando obras urbanas con los elementos patrimoniales presentes en estas 48 hectáreas, para dar mayor valor a este espacio y evitar que se convierta en un pasivo. Desde ese punto de vista, también puede ser un buen ejemplo de cómo hacer un cierre adecuado de pasivos industriales en ciudades", planteó Jaime Henríquez.
FCAB busca convertir el patrimonio ferroviario en un instrumento de valor para el desarrollo de Antofagasta, resaltó Jaime Henríquez.
El ejecutivo de FCAB explicó que, inicialmente, la gestión patrimonial incluida en dicho plan apuntaba solo a restaurar la Estación Valdivia. Sin embargo, las dificultades que encontraron en el proceso les hizo avanzar hacia un trabajo colaborativo con el Consejo de Monumentos Nacionales y otros actores que los llevó finalmente a redefinir el proyecto con una visión más amplia, pasando a la idea de crear un centro de interpretación del patrimonio minero y ferroviario que conservará 9 inmuebles que son monumentos nacionales y aportará al desarrollo cultural, social y económico local y regional.
Otra experiencia interesante que se dio a conocer durante la jornada fue el rescate y resguardo de componentes patrimoniales en las obras del Metro de Santiago. Rodrigo Terrazas, Gerente de Ingeniería de la empresa, comentó que "hoy tenemos la mayor cantidad de proyectos de construcción en nuestra historia, y en esa tarea el desarrollo sustentable y el cuidado del patrimonio son ejes estratégicos". Añadió que cuentan con expertos de vasta experiencia y conocimiento para garantizar la excelencia en la gestión de impactos y preservación del patrimonio cultural.
En ese marco, destacó que en sus proyectos han tenido "grandes hallazgos arqueológicos que tratamos de colocar en valor para que las comunidades puedan conocerlos". Un ejemplo es el trabajo en las faenas de la Línea 7, donde durante 4 años se hicieron sondeos y rescates antes de iniciar las obras, y en la comuna de Renca se recuperaron más de 240.000 piezas arqueológicas que corresponden al primer registro en el valle de Santiago de actividades de cazadores recolectores del periodo prehispánico arcaico (11.000 a 300 años A.C.).
"Hemos trabajado para que el cuidado del patrimonio no signifique deterioro en las inversiones y podamos desarrollar proyectos que equilibren la sostenibilidad ambiental con la viabilidad económica y social. Se pueden hacer ambas cosas", sostuvo Rodrigo Terrazas.
Metro de Santiago ha tratado de resguardar el patrimonio sin afectar las inversiones, subrayó Rodrigo Terrazas.
Servicios y tecnologías
Los servicios y tecnologías para resguardar componentes patrimoniales en el desarrollo de proyectos también tuvieron un lugar protagónico en la jornada.
Camilo Robles, Líder de Patrimonio de la consultora Jaime Illanes & Asociados (JIA), se refirió en particular al uso de la geomática –herramientas como drones, satélites, GPS, sistemas de información geográfica (SIG), tecnología Lidar y softwares de modelado– para el cuidado del patrimonio cultural. Enseguida, comentó que su aplicación permite realizar un levantamiento exhaustivo de rasgos lineales (expresiones del tránsito humano en el pasado, como senderos y huellas) y obtener "un conocimiento acabado tanto de sus morfologías y trayectoria como de los elementos asociados a éstos". También resulta muy útil para la identificación y registro de unidades arqueológicas que "corresponden a los espacios o sectores seleccionados para excavar, recolectar, registrar y documentar el material arqueológico al interior de un sitio. Esto permite llevar cabo una investigación de manera ordenada y controlada", aseguró el especialista de JIA.
La geomática, asimismo, ayuda al registro y levantamiento de estructuras arqueológicas, que son los restos de construcciones o elementos construidos por las culturas en el pasado.
Camilo Robles resaltó que, en todas esas aplicaciones, esta tecnología entrega beneficios importantes como la reducción de tiempos, la optimización de recursos y el conocimiento más detallado y preciso de los elementos patrimoniales registrados.
Camilo Robles mostró cómo la geomática puede ayudar a cuidar el patrimonio.
A su turno, Javiera Arriagada, Jefa de Arqueología de ORBE Ambiental y Legal, planteó que frente a las trabas que la protección del patrimonio arqueológico hoy implica para la ejecución de algunos proyectos de inversión, conviene analizar y repensar nuevas alternativas para el resguardo patrimonial. "Esas herramientas debieran estar enfocadas principalmente en educar y difundir hacia la ciudadanía el valor del patrimonio arqueológico que, en definitiva, nos permite conocer nuestra historia y los modos de vida de comunidades pasadas. Actualmente, toda esa información se mantiene en un círculo muy cerrado, con un lenguaje bastante complejo de entender para quienes no son especialistas", advirtió.
En relación con eso, Javiera Arriagada propuso acciones como organizar museos móviles o talleres, crear juegos didácticos o publicaciones que permitan acercar estos bienes a las personas. "El arqueólogo no solo tiene un rol técnico dentro de los proyectos y estudios, sino que también debiera cumplir un rol social", sostuvo.
Javiera Arriagada propuso repensar las opciones para dar valor al patrimonio arqueológico.
Ciudades y minería
Las últimas charlas del evento analizaron la protección patrimonial en dos sectores específicos.
Pablo Allard, arquitecto urbanista y Decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la U. del Desarrollo, abordó primero los desafíos que esto implica para la industria inmobiliaria y de infraestructura. "El desarrollo inmobiliario muchas veces se ve como una amenaza al patrimonio, pero tenemos que cambiar la mirada ya que, probablemente, a través de las inversiones inmobiliarias en la ciudad podremos encontrar los recursos y la capacidad de levantar y poner en valor nuestras ciudades, edificaciones y barrios históricos. Dentro de las oportunidades que surgen para eso están los nuevos modelos de negocio y las nuevas tecnologías que están permitiendo cambiar ciertos paradigmas en algunas industrias", planteó el socio de Allard&Partners.
Pablo Allard sostuvo que hay inversiones inmobiliarias que aportan a recuperar edificaciones históricas.
Expuso como ejemplo el trabajo de la inmobiliaria Cassa que está remodelando edificios patrimoniales en el centro de Santiago y los arrienda a turistas extranjeros por medio de la plataforma Airbnb, fomentando la recuperación patrimonial. "Se pueden dar muchas otras oportunidades, pero para eso es clave contar con una ley de patrimonio. Es urgente una actualización legislativa que promueva la gestión efectiva del patrimonio, la descentralización en la toma de decisiones y la creación de incentivos que armonicen la conservación patrimonial con el desarrollo inmobiliario en Chile", concluyó Pablo Allard.
Finalmente, Javier Hernández y Patricia Thielemann, Gerente del Área de Patrimonio y Coordinadora de Proyectos de dicha área, respectivamente, en WSP Ambiental, presentaron un caso de protección patrimonial en la industria minera: la restauración del geoglifo de Talabre. Este sitio se ubica en la comuna de Calama, en el borde suroeste de un tranque de relaves de Codelco, compañía que contribuyó voluntariamente a la puesta en valor del geoglifo afectado por intervenciones antrópicas (paso vehicular y pedestre) y naturales (lluvia, polvo, erosión eólica). Los profesionales destacaron que la recuperación del geoglifo de Talabre se logró gracias a un trabajo interdisciplinario con diversos especialistas y en conjunto con la empresa y las comunidades.
Desde WSP Ambiental, Javier Hernández, detalló el proceso para restaurar el geoglifo de Talabre en Calama.
El Seminario "Patrimonio y Desarrollo Sustentable" contó con el coauspicio de Jaime Illanes & Asociados, ORBE Ambiental y Legal, e Hidronor. Y con el patrocinio de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental, la Asociación Gremial de Industriales Químicos, el Colegio de Ingenieros de Chile, el Consejo Minero, Metro de Santiago, la Sociedad de Fomento Fabril y la Sociedad Nacional de Minería.
Las imágenes adjuntas grafican parte de lo que fue el encuentro.
La subsecretaria Carolina Pérez junto a los organizadores del seminario: Rodolfo Bravo y Cristián Araya, de InduAmbiente.
Isaías Urzúa, de GTR Abogados, compartiendo con los representantes de Achidam, Arturo Brandt y Camila Martínez.
El abogado Óscar Acuña; Constanza Abarca, de CCU; y Sandra Araya, de SQM intercambiaron puntos de vista y experiencias en torno al patrimonio.
Cristián Araya, de InduAmbiente, con Luis Alberto Olcay, de ORBE Ambiental y Legal, empresa que aportó ideas para el cuidado patrimonial.
La periodista Carla Ávila condujo el evento.
Ignacio Urbina, de Fermandois Abogados, y las representantes de Generadoras de Chile, Laura Contreras y Macarena Álvarez.
María José Figueroa, de ENEL, y Melina Ibáñez, de Metro de Santiago, también participaron activamente en la jornada.
Artículo publicado en InduAmbiente n° 191 (noviembre-diciembre 2024), páginas 48 a 53.
