¡Culpables!

Un inolvidable inicio del siglo XXI tuvo Julia Roberts. En el 2000, la actriz estadounidense se convirtió en la mejor pagada entre sus pares al cobrar unos 20 millones de dólares por el rol protagónico en la película "Erin Brockovich". Por su elogiada actuación recibió, además, los premios Óscar y Globo de Oro al año siguiente, entre otros reconocimientos.

Por si fuera poco, puso en el tapete una problemática de larga data, y sin solución aún en muchos casos, en Norteamérica y otras extensas latitudes: el importante daño a la salud de las personas y al medio ambiente que llega a generar en ocasiones la actividad industrial. El filme, en particular, se basa en la historia real de una empleada en una oficina de abogados que logró ganar un importante juicio contra Pacific Gas & Electric Company. Esta empresa contaminó con cromo hexavalente, un compuesto altamente cancerígeno, las aguas subterráneas de la localidad de Hinkley, en California, desde mediados del siglo pasado. Después de varios años de disputas judiciales, los afectados consiguieron una indemnización de más de 330 millones de dólares.

En Chile, uno de los eventos de contaminación ambiental de mayor connotación pública, ligado a empresas que finalmente fueron sancionadas, ocurrió en 2004, cuando cientos de cisnes de cuello negro murieron sin que existiera una razón natural en el Santuario Río Cruces, en Valdivia. El Primer Juzgado Civil de la ciudad determinó que la responsable era Celulosa Arauco, específicamente los residuos industriales líquidos provenientes desde su planta local. La empresa decidió no apelar y aceptar el pago al Estado de $2.600 millones y de una suma similar para establecer programas de desarrollo comunitario, además de otras medidas.

Otra sanción de alta notoriedad es la que recibió el proyecto minero Pascua Lama, que Compañía Minera Nevada (perteneciente a la canadiense Barrick Gold) pretendía poner en marcha en la comuna de Alto El Carmen, región de Atacama. En 2020, la iniciativa fue clausurada de manera definitiva por el Primer Tribunal Ambiental que además ratificó la multa de más de $7.000 millones impuesta por la Superintendencia de Medio Ambiente, a raíz de los daños provocados a los glaciares y a los cursos de agua de la zona como el río Estrecho, entre otras infracciones. Una apelación a la Corte Suprema mantiene aún en vilo el cumplimiento del fallo.

A esos casos se suman numerosas denuncias ciudadanas contra diversas empresas, como las ubicadas en zonas altamente contaminadas por actividades industriales como Coronel, Huasco o Quintero-Puchuncaví, aunque en ninguno de esos casos se han determinado sanciones severas o condenas judiciales para alguna compañía en particular por los evidentes daños provocados a la población y al medio ambiente.

Monsanto y Más

De manera periódica se conocen en el mundo nuevas sentencias o denuncias contra empresas multinacionales por cometer daños o delitos ambientales, los cuales, sin embargo, no están tipificados como tales en muchos países. Es lo que ocurre en Chile, donde un proyecto de ley, en trámite desde hace más de 3 años, pretende revertir esa situación.

Por citar un ejemplo, el pasado 24 de diciembre el estado de California, en Estados Unidos, anunció que había demandado a la cadena Walmart por eliminar millones de residuos tóxicos de forma ilegal. Una autoridad local reveló que en la revisión de 58 compactadores de basura de las tiendas de la compañía, entre 2015 y 2021, se encontraron desechos que requerían manejo especial al momento de arrojarlos, como baterías, insecticidas, artículos de limpieza y desechos electrónicos, entre otros.

Basado en los registros de Walmart, el estado asegura que la cadena de tiendas se deshace ilegalmente de más de 72 mil kilos de residuos tóxicos cada año en millones de estos artículos. La empresa, en sus descargos, exhibió antecedentes que demostrarían la efectividad de su programa de eliminación de desechos tóxicos. El debate judicial promete extenderse por años.
Muy prolongados han sido también los juicios, en distintos países, contra Monsanto, gigante agroindustrial de propiedad de Bayer desde 2016. Su operación ha generado y sigue produciendo controversia por el peligro potencial de algunos de sus productos sobre la salud humana y el medio ambiente.

Sin ir más lejos, en junio de 2019 el condado de Los Ángeles, en Estados Unidos, presentó una demanda civil contra la compañía por la presunta contaminación de diversos cuerpos de agua con productos cancerígenos como los bifenilos policlorados (PCB).

Dos años antes, a instancias de más de mil organizaciones no gubernamentales (ONGs), el Tribunal Internacional Popular de La Haya (Holanda) –entidad judicial simbólica que utiliza los mismos procedimientos de la Corte Penal Internacional (CPI) que sesiona en la misma ciudad– emitió una dura sentencia en contra de Monsanto. Luego de analizar su historia, encontró a la empresa culpable de los delitos de ecocidio, crímenes de guerra, violaciones de los derechos a un medio ambiente sano y equilibrado, y a la salud y a la alimentación, y de quebrantar la libertad científica. Lo anterior, sobre todo, por comercializar desde hace más de un siglo productos altamente tóxicos, como PCB; el 2,4,5-T; el herbicida Lasso; y el muy cuestionado Roundup, elaborado a base de glifosato.

Aunque solo se trató de una sanción ética, las conclusiones del fallo han sido usadas en demandas en diversos países, y se están ocupando para incluir la figura del ecocidio en el Estatuto de Roma de la CPI.

Otros Casos

Otras compañías de alcance global, como Barrick y Texaco-Chevron, también enfrentan juicios y han sido apuntadas con el dedo por ONGs, pueblos originarios y otros sectores de la sociedad por su huella contaminante en distintas partes del planeta.

En los últimos meses, dos onerosas sanciones a empresas mineras han tenido amplia difusión por su monto y el daño ambiental que las provocaron. Una de ellas, la canadiense Mina Tucano, fue multada con unos 10 millones de dólares por su responsabilidad en la mortandad de peces en el extremo norte de la Amazonía, en Brasil. Allí contaminó dos arroyos con cianuro de mercurio, que emplea para la extracción del oro.

Peor le fue al gigante minero ruso Norilsk Nickel, que debió pagar en 2021 una multa récord de 1.900 millones de dólares tras ser condenado por la justicia rusa por un gran derrame de petróleo en mayo de 2020. En el dictamen se aseguró que unas 21 mil toneladas de crudo de la compañía contaminaron varios cursos de agua en el Ártico. La limpieza del combustible tomará años.

Grandes repercusiones tuvieron también los resultados del último estudio anual que elabora Greenpeace sobre las empresas que más contaminan con plásticos a nivel mundial. El análisis arrojó que Coca-Cola, Pepsi, Unilever y Nestlé, en ese orden, son las que más lo hacen. La organización asegura que Coca-Cola, que ha encabezado el ranking en los cuatro años del informe, produce alrededor del 10% de los envases plásticos asociados a marcas que se desperdician en el planeta, lo que equivale a unas tres millones de toneladas. En el "top 10" de la lista figuran, además, Procter & Gamble, Mondelez, Philip Morris, Danone, Mars y Colgate-Palmolive.

El reporte se realizó a partir del trabajo de unos 11 mil voluntarios que limpiaron las playas de 45 países y recogieron más de 330 mil envases.

DATO:

14.745
Unidades tributarias anuales (más de $9.700 millones actuales) es la mayor multa histórica aplicada por la Superintendencia del Medio Ambiente a una empresa en Chile. Recayó en la minera Lumina Cooper, en 2015, principalmente por una serie de incumplimientos de su proyecto Caserones asociados al resguardo de la calidad de las aguas subterráneas de la cuenca del río Copiapó.

Artículo publicado en InduAmbiente 174 (enero-febrero 2022), páginas 82 a 84.