La Ley Marco en Marcha

Hasta el 19 de abril pasado, la Ley Marco de Cambio Climático despachada el 9 de marzo desde el Congreso Nacional seguía su proceso de revisión por parte del Tribunal Constitucional. Una condición necesaria para completar la tramitación y promulgar este instrumento de gestión que permitirá institucionalizar y fortalecer los esfuerzos que el país debe hacer para mitigar y adaptarse al principal desafío ambiental de nuestros tiempos.

"Esta Ley es una de las principales herramientas que tenemos hoy para hacer transversal el mandato de ser el primer Gobierno ecológico de Chile, porque coordina y organiza la acción del Estado bajo la meta de la carbono neutralidad y resiliencia al clima. Eso implica que el enfoque ecológico sea integrado en las decisiones de todos los ministerios", señala la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.

En ese marco, la autoridad añade que la implementación de esta regulación será una de las prioridades de su gestión. Una tarea que ya ha comenzado a dar sus primeros pasos.

Proceso en Marcha

La Ley Marco de Cambio Climático define como gran meta ser un país carbono neutral y resiliente al clima a más tardar al año 2050. "Además, institucionaliza la lucha contra el cambio climático como una política de Estado, dejando de depender de la voluntad política de los gobiernos de turno, y entregando facultades, responsabilidades y obligaciones que permitan cumplir con los compromisos para alcanzar las metas establecidas por el país", indica la titular de Medio Ambiente.

Con esa intención, el texto legal involucra a 17 ministerios que deben actuar de manera coordinada para afrontar esta problemática. ¿Cómo se llevará esto a la práctica? Desde la mencionada Secretaría de Estado responden: "El primer paso es revisar los plazos y planificar el trabajo de los equipos técnicos. Si bien la Ley todavía no es promulgada, por la relevancia que tiene, los equipos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) ya se encuentran adelantando trabajo, ya que deberemos elaborar los reglamentos".

En cuanto a la coordinación con las otras entidades estatales, Maisa Rojas agrega: "El Equipo Técnico Interministerial de Cambio Climático (ETICC) viene trabajando hace años, participando en la elaboración y validación de las políticas climáticas en Chile. Esta es la instancia de coordinación técnica con las instituciones que tienen competencia en materia de cambio climático, y su reconocimiento y formalización a nivel legal permitirá estrechar el trabajo y aprovechar de mejor manera las sinergias entre los distintos sectores. Esperamos que este trabajo se refuerce y se releve dado su rol dentro de la Ley. De hecho, el viernes 8 de abril participé en la primera reunión del año del ETICC en donde expuse sobre los principales desafíos que establece la Ley Marco de Cambio Climático y cómo deberemos avanzar para su exitosa implementación".

Cabe señalar que el ETICC reúne a representantes de los siguientes ministerios: Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Defensa, Hacienda, Desarrollo Social y Familia, Educación, Obras Públicas, Salud, Vivienda y Urbanismo, Agricultura, Minería, Transporte y Telecomunicaciones, Bienes Nacionales, Energía, Mujer y Equidad de Género; Economía, Fomento y Turismo; y Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. A ellos se suman tres subsecretarías y diez servicios (ver datos). Coordinado por el MMA, colabora en el diseño, elaboración, implementación, actualización y seguimiento de los instrumentos de gestión del cambio climático.

Regional y Comunal

La Ley también establece la necesidad de llevar la acción climática a los niveles regional y comunal. ¿Qué aspectos se deben abordar con prontitud para concretarlo?

La ministra Rojas responde: "Para nosotros será prioritario trabajar a la brevedad en los reglamentos para la conformación y funcionamiento de los Comités Regionales de Cambio Climático (CORECC), además de contar con el reglamento para la elaboración de los Planes de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC). La Ley nos impone tiempos acotados para su desarrollo y nosotros sabemos que actuar frente al cambio climático es urgente, por eso la elaboración de estos decretos será de nuestras principales tareas como Ministerio".

En relación a esto, Jefa de la División de Cambio Climático del MMA, Jenny Mager, destaca un avance relevante: "La elaboración de los primeros cuatro planes piloto (Atacama, O'Higgins, Los Ríos y Los Lagos) fue fundamental para consolidar una guía metodológica para elaborar los PARCC. Este es un insumo importante para desarrollar estos reglamentos en el formato que corresponde".

Con respecto a los reglamentos que definirán la orgánica de las funciones de los CORECC, recuerda que la Ley Marco impone un plazo de 12 meses para su publicación, a contar desde la promulgación del texto legal. Los PARCC, en tanto, "deberán elaborarse en un plazo de tres años contado desde la publicación de la Estrategia Climática de Largo Plazo, plazo que hace aún más apremiante la tarea de consolidar y aprobar dichos reglamentos", advierte.

Los Comités Regionales de Cambio Climático también vienen trabajando hace un tiempo en las distintas zonas del país. ¿Qué aspectos contenidos en la Ley Marco ayudarán a potenciar esta labor? Pilar Pérez, secretaria técnica del CORECC de la Región de Coquimbo, contesta: "Se podrá implementar acciones a corto plazo y propiciar las sinergias entre la adaptación y la mitigación a nivel comunal. Hoy la urgencia son las amenazas en los territorios más vulnerables ante el aumento de temperaturas, disminución de la disponibilidad de agua, aumento en la frecuencia de eventos meteorológicos como marejadas, vientos, lluvias altiplánicas, entre otros. Por eso, la formalización del CORECC permitirá dar funcionamiento a un reglamento y programa de trabajo sectorial, pero a la vez interinstitucional".

Agrega que con la Ley ya en vigencia, esperan incorporar el componente de cambio climático en las áreas técnicas del GORE (Gobierno Regional) y en los instrumentos de financiamiento. "Ya los instrumentos de planificación a escala provincial lo están estudiando, pero se requiere fortalecer aún más aquellas consideraciones y acciones de cambio climático en todos los instrumentos de planificación regional y comunal", acota la especialista en gestión ambiental y sustentabilidad.

Pilar Pérez se refiere también a los principales retos que ve para implementar la Ley Marco a nivel regional y comunal: "Para abordar los impactos y riesgos del cambio climático se requiere un gran desafío de Estado: desarrollar un enfoque territorial, tanto de la institucionalidad regional (GORE) como de la institucionalidad climática (CORECC). El Plan de Acción Regional para el Cambio Climático que estamos diseñando, tiene una visión estratégica de largo plazo que debe aportar a un objetivo común que es frenar el cambio climático, pero poniendo un especial énfasis en las medidas de adaptación, con una mirada de 10 años. Se debe resguardar y manejar los ecosistemas más frágiles de la región que son el sostén económico y patrimonial de muchas comunidades, como los humedales (andinos y costeros), glaciares cordilleranos y valles que albergan una riqueza única y sustentan los equilibrios para el pequeño agricultor.

También las áreas costeras, incentivando un manejo sustentable de los recursos bentónicos, de la mano con el monitoreo climático de todos estos ecosistemas".
Otro mandato relevante de la Ley Marco es la puesta en marcha de un sistema de monitoreo, reporte y verificación que permita ir evaluando los avances y asegurar el cumplimiento de los objetivos. "Para eso, la Estrategia Climática de Largo Plazo ya delineó cómo se debe empezar a trabajar en los sistemas de seguimiento", señalan desde el Ministerio del Medio Ambiente.

Financiamiento

La principal inquietud expresada por diversos parlamentarios y especialistas en torno a la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático es que el presupuesto asignado es insuficiente para concretar todo lo que plantea. Así también lo reconocen en el MMA, indicando que el mismo informe financiero del instrumento legal da cuenta de la necesidad de más recursos. ¿De dónde se podrían obtener?

Jenny Mager responde: "Si bien este informe considera los aspectos básicos, se necesitarán esfuerzos financieros adicionales para implementar correctamente los compromisos y desarrollar los instrumentos que la Ley crea. Para esto, cobra especial importancia el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y las prioridades que se puedan establecer en las regiones en línea con la Ley. La elaboración de los próximos PARCC contempla una estrategia de financiamiento cuyo objetivo es identificar mecanismos mediante los cuales sea viable financiar las medidas priorizadas en el plan. Este trabajo se desarrollará en conjunto con el CORECC y se pondrá especial énfasis en fuentes de financiamiento regionales tales como los ya nombrados FNDR".

La especialista comenta, además: "Recientemente, se ha confirmado el Grupo de Acción y Financiamiento Climático Comunal y Regional (GAFiCCoR) cuyo objetivo es promover la articulación, planificación y orientación del financiamiento climático de fuentes nacionales e internacionales, entre y dentro de los diferentes sectores, en colaboración con el sector privado, la academia y la sociedad civil, con foco en mecanismos y esquemas de financiamiento subnacionales - regional y comunal".

Revisión de la Meta

La Ley Marco de Cambio Climático abre la posibilidad de adelantar la meta de carbono neutralidad y resiliencia climática establecida inicialmente para el año 2050, lo cual se revisará cada cinco años.

En ese contexto, cabe preguntarse: ¿qué aspectos se debieran evaluar para tomar esta determinación? La ministra Maisa Rojas explica: "Los análisis de la carbono neutralidad están basados en supuestos de crecimiento económico, penetración y disponibilidad de nuevas tecnologías, precios de los combustibles y otros más. La decisión de adelantar la meta tendrá que darse en el contexto de un análisis detallado las potenciales opciones que tiene el país para reducir sus emisiones, a través de acciones y políticas que puedan desarrollarse e implementarse. De todas formas, el Acuerdo de París llama a los países a impulsar la ambición climática y todos estos análisis deberán hacerse pensando siempre en este mandato aceptado por las partes".


DATO:

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Subsecretarías forman parte del Equipo Técnico Interministerial de Cambio Climático: Pesca y Acuicultura, Desarrollo Regional, y Turismo. Se suman 10 servicios: Superintendencia del Medio Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental, Dirección Meteorológica de Chile, Dirección General de Aguas, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, Corporación Nacional Forestal, Corporación de Investigación Científica y Tecnológica, Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Oficina Nacional de Emergencias, y Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

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RECUADRO 1:

Diagnóstico en Coquimbo

Un buen ejemplo del trabajo que vienen impulsando los CORECC a nivel regional es el proyecto AdaptaClim, que está llevando a cabo esta instancia en la región de Coquimbo, en conjunto con el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA). La iniciativa busca aportar datos científicos al diagnóstico de los efectos del cambio climático en esta zona del país, levantando los indicadores de riesgo y vulnerabilidad, que serán la base para establecer las prioridades del futuro Plan de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC). La Dra. Laura Ramajo, científica del CEAZA y directora del proyecto, detalla los principales resultados: "Se calcularon 18 cadenas de impacto del cambio climático en la región de Coquimbo y se agregaron 2 amenazas que no estaban en el Atlas de Riesgo Climático (ARClim) a nivel nacional, como son el aumento de la temperatura superficial del mar y cambios en el régimen de la surgencia. Ambas amenazas afectan la productividad marina y pueden tener efectos negativos para el turismo, la pesca y acuicultura de la región. Por ejemplo, para la pesca artesanal de macha, la acuicultura del ostión o el turismo por la presencia de fragata portuguesa".

También se estimó el riesgo de pérdida de productividad agrícola o suministro de agua potable en zonas rurales por incremento de sequía hidrológica y olas de calor para todas las comunas de la región. "La disminución de precipitaciones para la zona centro sur de la región afectaría al suministro de agua rural, con una baja o muy baja capacidad adaptativa, por la carencia de infraestructura operacional", advierte Ramajo.

Añade que un sector emblemático para la Región, como es el cultivo de uva pisquera, está expuesto a perder superficie cultivable por olas de calor y aumento de la sequía, particularmente en el centro y sur de la región. Illapel y Salamanca serían las comunas más afectadas.

Se espera que, en base a este diagnóstico, el plan de acción de cambio climático en construcción priorice los ámbitos de mayor riesgo, incluyendo por ejemplo medidas para mejorar la infraestructura de suministro de agua en zonas rurales y para aumentar la resistencia de los cultivos.

Artículo publicado en InduAmbiente 175 (marzo-abril 2022), páginas 48 a 51.