Propuestas en Verde

Eduardo Artés

Bastante acotada es la propuesta presidencial del candidato del partido Unión Patriótica en los temas vinculados a medio ambiente. Por ejemplo, no hay menciones explícitas a la emergencia climática. En concreto, en las denominadas “40 medidas del Gobierno Patriótico y Popular”, destacan tres planteamientos relacionados con desarrollo sustentable, naturaleza y energía:

• Un nuevo modelo de desarrollo sustentable: “Iremos sustituyendo el actual modelo de explotación de la naturaleza, basado en la maximización de la ganancia de los dueños del gran capital, por uno que asiente en el bienestar social y en el equilibrio del ecosistema su modo de operar”, señala el documento.
• Explotación de las fuentes de materias primas en consonancia con la naturaleza: “Se estudiarán formas de explotación en creciente equilibrio con los ciclos naturales de nuestro medio ambiente. Para ello, se estudiará la factibilidad de crear un organismo a cargo del estudio y recopilación de experiencias en otros países, de evaluar los costos y beneficios atingentes a este tema”, expresa.
• Reorientación de la producción de energía: “Al permitir un alto grado de independencia energética, deberán las energías renovables jugar un rol primordial en la estructura de la generación de energía del país. Algunas energías renovables aún son poco eficientes, por lo que será sustancial estudiar la factibilidad del desarrollo nuclear en Chile”, sostiene una de las medidas.



Gabriel Boric

Los énfasis de su programa de gobierno están puestos en enfrentar la emergencia climática y la crisis hídrica. Respecto al primer problema, propone, por ejemplo, “desarrollar un marco normativo para regular la conservación, protección y uso de componentes ambientales de alto valor para la adaptación y mitigación frente a riesgos climáticos, como las leyes de suelo y glaciares, así como también aquellas que permitan un ordenamiento territorial eficiente: ley de costas y ley de manejo integrado de cuencas”.
También plantea:

• Incorporar en la ley de cambio climático, cuyo proyecto se discute hoy en el Congreso, la exigencia que todas las políticas y planes, e instrumentos de planificación territorial que se sometan a Evaluación Ambiental Estratégica, incluyan la evaluación de riesgos y estrategias de adaptación para diferentes escenarios de la crisis climática.
• Impulsar un programa de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación para enfrentar las crisis climática y ecológica con metas claras y definidas, con misiones orientadas en adaptación y mitigación.
• Crear un fondo soberano de adaptación al cambio climático.
• Cumplir y hacer más ambiciosos los compromisos climáticos internacionales, especialmente bajo el Acuerdo de París, la Nueva Agenda Urbana, el Marco de Sendai y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030, además de firmar el Acuerdo de Escazú.

Para contrarrestar la crisis hídrica pretende:

• Terminar con las soluciones de emergencia para abastecer a la población de agua, como el arriendo de camiones aljibe. “Esto lo realizaremos fiscalizando, prorrateando, requisando o incluso a través de expropiación de derechos de aprovechamiento, según la situación de cada territorio”, asegura su programa.
• Fomentar la reutilización del agua, impulsando el reglamento de la ley de aguas grises, hoy en trámite. “Además, avanzaremos en una estrategia para reconvertir las plantas de tratamiento de aguas servidas basadas en dilución a plantas de lodos activados, poniendo a disposición esta agua para nuevos usos”, agrega.
• Perseguir a los grandes usuarios de agua que la extraen ilegalmente, aplicando multas ejemplificadoras.
• Aplicar los principios preventivo, precautorio y de no regresión respecto a los glaciares, y avanzar en un marco de gobernanza para proteger sistemas glaciares en la medida que avance la Convención Constitucional.
• Impulsar la dictación de normas secundarias de calidad ambiental y la creación de un plan de gestión en remediación, recuperación y monitoreo ambiental de cuencas y acuíferos ubicados en sectores vulnerables o de alto riesgo ambiental.
• Fortalecer y transformar la institucionalidad del agua.

Y en el área energética planea:

• Impulsar un plan nacional de soberanía energética para desarrollar con fuerza la generación distribuida.
• Generar los incentivos para la reconversión tecnológica de las centrales a carbón y el impulso a tecnologías renovables no convencionales que puedan aportar generación fuera de las horas de sol.
• Robustecer la infraestructura de transmisión eléctrica actual.
• Impulsar el desarrollo de proyectos de almacenamiento de energía que favorezcan al proceso de descarbonización.
• Mejorar el confort térmico de las viviendas y disminuir el costo de calefacción para las familias, a través del programa de aislación térmica “Abriguemos Chile”.
• Establecer un plan regulatorio de la leña como combustible para mejorar la calidad del aire de las comunidades afectadas, asegurando el acceso a leña seca.
• Crear un centro de investigación y fomento a la eficiencia energética para hogares e industria.
• Impulsar el acceso al agua caliente sanitaria con energías renovables en las viviendas que aún carezcan de ella.
• Potenciar el desarrollo del hidrógeno verde.





Marco Enríquez-Ominami

Para ME-O, las claves de su mandato en estos temas serían la suscripción del Acuerdo de Escazú e “iniciar de inmediato la tarea de ajustar nuestro ordenamiento jurídico a los criterios normativos establecidos en dicho acuerdo”. En ese sentido, propone:

• Transparencia en materia ambiental. “Esto implica el derecho de la ciudadanía a obtener información en poder de las autoridades cuando así lo requiera y el deber del poder público de dar a conocer la información relevante sin mediar petición previa”, afirma.
• Participación ciudadana efectiva en los procesos de toma de decisiones con impacto en materia ambiental, lo que incluye la autorización de determinadas actividades económicas y la aprobación de planes y programas públicos en esta área. Lo anterior incluye lo referido al ordenamiento territorial, y la elaboración de normas de carácter legal o reglamentario.
• Acceso a la justicia en asuntos ambientales, mejorando los procedimientos de orden administrativo o judicial para impugnar cualquier acción u omisión imputable que pudiera configurar una vulneración de la legislación ambiental.
• Creación y fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
• Defensa de los derechos humanos de las y los defensores ambientales.

Por otra parte, Enríquez-Ominami promete garantizar un desarrollo sostenible del país mediante “la promoción de formas verdes de producción y consumo, el enfrentamiento consistente del cambio climático y la protección de la biodiversidad”. Esto último por medio de la promulgación de una nueva ley de bosque nativo y garantizando la protección de los humedales.

También considera fundamental establecer que el agua es un bien común “reconociendo constitucionalmente el derecho humano esencial al agua, considerando la protección de la cantidad y calidad para el consumo y modo de obtención y vías de acceso al recurso”. Para eso, propone:

• Crear una Agencia Nacional de Agua Autónoma, mediante el rediseño y fortalecimiento de la Dirección General de Aguas y a través de su desvinculación del Ministerio de Obras Públicas.
• Institucionalizar el manejo de cuencas hidrográficas.
• Establecer el estándar territorial de uso y conservación del agua en cantidad y en calidad, y su presupuesto, además de mecanismos esenciales para su adecuada gestión.
• Cautelar la conservación del recurso hídrico y proteger su calidad a través de una reforma al Código de Aguas y mediante un marco regulatorio socioambiental, la evaluación ambiental estratégica a nivel territorial, normas de calidad ambiental y normas de emisión.
• Regular el mercado a través de la aplicación de un impuesto al uso económico del agua, con resguardo de los usos tradicionales.



José Antonio Kast

Su propuesta busca, considerando la información y evidencia científica disponible, “adecuar todas las actividades económicas a una gestión y manejo sustentable en el tiempo, protegiendo la biodiversidad dinámica de acuerdo a la realidad específica de nuestro país”. En ese contexto, plantea como principios fundamentales “aplicar la protección de la calidad de vida de las personas, la ecointeligencia, la remediación, la compensación, la responsabilidad y la fiscalización”.
A continuación, algunos de sus planteamientos:

• Crear la ley de responsabilidad ambiental (incluyendo ecointeligencia), aplicable a todos los actores y actividades.
• Racionalizar, simplificar y unificar los permisos ambientales sectoriales necesarios en proyectos de inversión, despolitizando la evaluación ambiental.
• Fortalecer la educación y cultura ambiental.
• Aumentar las áreas protegidas procurando que todo ecosistema endémico cuente con superficie suficiente para su preservación.
• Avanzar hacia un manejo integrado de cuencas hidrográficas y protección de los ecosistemas hídricos.
• Apoyar la adaptación a la emergencia climática, reduciendo los efectos de la sequía mediante el desarrollo de tecnologías de desalación junto a la gestión y reciclaje de aguas. También evaluar carreteras hídricas para llevar agua desde sectores con niveles históricos de excedencia a otros con escasez hídrica.
• Construcción de nuevos embalses previa evaluación ambiental integral.
• Regular la protección y conservación de los suelos.
• Desarrollar programas de remediación de los principales pasivos ambientales del país.
• Auditar y fortalecer los planes de descontaminación vigentes.
• Promover la economía circular a través de la reducción, reutilización, reciclaje y recuperación de residuos.
• Impulsar una ley para que los desechos orgánicos se transformen en compost y biogás.
• Aprovechar el potencial hidroeléctrico del país, hoy cifrado en casi 16 GW, que podría cubrir todo el consumo eléctrico actual en Chile.
• Avanzar hacia un desarrollo responsable de energías durables y cuidadosas con el medio ambiente, minimizando el uso del suelo y de los residuos futuros.
• Avanzar en la interconexión eléctrica, con una carretera sólida, protegida, de alta capacidad, para mejorar la seguridad del suministro energético nacional.
• Aplicar normas para aumentar la eficiencia energética en la construcción residencial e industrial del país.
• Ampliar las redes de transporte público subterráneo en Santiago, Concepción y Viña del Mar para reducir el uso de hidrocarburos. También pretende incrementar la electrificación de este sistema de movilidad.




Franco Parisi

La carta presidencial del Partido de la Gente presenta 75 propuestas medioambientales. En el ámbito institucional postula la “creación de un tribunal ambiental en cada región de Chile; conferir más atribuciones a la Superintendencia de Medio Ambiente para fiscalizar las RCA de las empresas, con mejor tecnología y mayor dotación; mejorar e incentivar la gestión interministerial y de organismos públicos en la resolución de problemáticas ambientales; revisar la Ley 19.300 y el reglamento del SEIA, como también las leyes, decretos, normas y resoluciones de carácter ambiental”.

Por otra parte, propone aumentar las multas y sanciones para delitos contra el medio ambiente, que se priorice el teletrabajo y clases a distancia durante episodios críticos de contaminación, desarrollar un plan estratégico de manejo y retiro de residuos domiciliarios a cargo de municipalidades, implementar plantas de tratamiento y reciclaje de residuos orgánicos a nivel zonal, forzar la transformación de los vertederos a rellenos sanitarios, y nombrar un encargado gubernamental en el área de economía circular.
En relación a políticas hídricas su programa contempla:

• Impulsar que las aguas terrestres sean un bien nacional de dominio público reconocido en la Constitución.
• Disponer en la Carta Magna la protección de las aguas para la conservación de la naturaleza y los ecosistemas.
• Promover una reforma al Código de Aguas.
• Establecer la devolución a la comunidad, para su reasignación, de los derechos de uso de agua no utilizados.
• Fijar por ley la valoración y protección de glaciares.
• Incentivar el reciclaje y reutilización de las aguas residuales. Y darle un mayor valor agregado a los lodos resultantes del tratamiento de aguas servidas.

En materia energética plantea:

• Potenciar el uso de energías renovables no convencionales a nivel país.
• Incentivar la instalación de paneles solares en residencias.
• Privilegiar las pequeñas centrales hidroeléctricas de pasada por sobre las de embalse.
• Promover los proyectos de generación undimotriz y mareomotriz.
• Impulsar la producción de hidrógeno verde.
• Promover el uso de bombas de calor para el desarrollo de proyectos de calefacción distrital.
• Crear una línea de crédito especial para que los taxistas opten por autos eléctricos.
• Fijar como meta que Chile deje de vender autos a combustión a partir del año 2040.
Su programa también prioriza medidas relativas al suelo. Entre éstas figuran impulsar la concreción de la ley de protección y conservación del suelo; establecer una política nacional para fortalecer el desarrollo sostenible del suelo; evaluar y limitar las atribuciones de los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial que se relacionan con el uso del suelo en Chile; promover el manejo sostenible de los suelos productivos mediante medidas agroecológicas como la reducción en el uso de agroquímicos en general; habilitar programas de desarrollo rural sostenible para enfrentar la erosión, degradación y desertificación de tierras; y desarrollar planes eficientes de prevención de incendios forestales a cargo de Conaf.

Por último, buscará priorizar el uso de tecnología de punta para monitorear y fiscalizar los contaminantes aéreos, desarrollando, por ejemplo, un sistema de vigilancia en base a “sensores autónomos”.




Yasna Provoste

Numerosas páginas dedica su programa de gobierno a los temas de medio ambiente y energía. Para empezar, detalla medidas como las siguientes para enfrentar la crisis climática:

• Impulsar la ley marco de cambio climático.
• Cambiar el procedimiento en el diseño de obras públicas para incorporar la resiliencia frente al cambio climático.
• Apoyar al sistema financiero para que tenga suficientes conocimientos de los activos verdes, para que puedan apalancar, vía préstamos, la mitigación al cambio climático y las brechas de resiliencia del país.
• Impulsar un portafolio de proyectos de soluciones basadas en la naturaleza como humedales urbanos, humedales de turberas, bosque nativo y humedales costeros, entre otros.
• Ayudar a gobiernos locales en el desarrollo de planes de adaptación al cambio climático y para enfrentar la crisis hídrica.
• Incluir la variable climática en contexto del SEIA.

En relación con lo anterior, Provoste propone “acelerar la meta de carbono neutralidad al 2040 impulsando una matriz energética 100% renovable al 2035, profundizando los impuestos verdes para la justicia ambiental y climática”.

A los recursos hídricos le dedica también un amplio espacio. Su esfuerzo se centrará, sobre todo, en “modificar la institucionalidad a cargo del agua a fin de mejorar la coordinación dentro del Estado en relación a este escaso recurso. Y en desarrollar una política nacional del agua para la seguridad hídrica, sustentabilidad y resiliencia, a través de un proceso participativo e inclusivo”.

Además, planea:

• Crear organismos de cuencas que cuenten con participación plena y equilibrios en la gestión de las cuencas hidrográficas.
• Elaborar planes de gestión hídrica vinculantes a nivel de cuencas.
• Implementar en la práctica el derecho humano al agua potable y al saneamiento, con foco en los servicios sanitarios rurales.
• Revisar el proceso de sistema tarifario para incorporar el riesgo climático y la resiliencia.
• Incorporar estándares de eficiencia hídrica para artefactos domésticos.
• Desarrollar nuevas normas secundarias de calidad ambiental y planes de descontaminación para la adecuada protección de los ecosistemas.
• Asegurar la protección y restauración ecológica de ríos, lagos, humedales y glaciares.
• Promover mecanismos de reasignación de los recursos hídricos disponibles asegurando la sostenibilidad de los ecosistemas en el largo plazo.
• Invertir oportunamente en desalación. Y reorientar programas de fomento y avanzar en el marco regulatorio de reúso de aguas residuales y desalación.

En materia energética, junto con la meta de 100% de suministro eléctrico renovable para Chile al 2035, buscará facilitar y agilizar los procesos de construcción de nuevas líneas de transmisión, incentivar la inversión para sistemas de almacenamiento masivo, impulsar la electromovilidad como el eje del transporte ciudadano, y promover una ley de eficiencia energética para grandes consumidores que establezca metas sectoriales, entre otras medidas.

Su plan de gobierno incluye, además, propuestas como la implementación de un SEIA “con sistema de participación temprana, y sin comité de ministros, a fin de despolitizar la decisión, radicándola en instancias técnicas”. Y el impulso de una ley de protección a defensores ambientales y de otra ley de cero residuos a relleno, la firma del Acuerdo de Escazú, el fortalecimiento de la Superintendencia de Medio Ambiente, y la creación de planes regionales de descontaminación fortalecidos por una ley.



Sebastián Sichel

“Un país con vocación de economía circular”. Así se denomina el primero de cuatro pilares ambientales de su programa presidencial. Como medida inicial propone ampliar la Ley REP incluyendo prioritariamente a sectores como el textil. “Y a mediano plazo debemos incorporar los remanentes industriales. Hoy la clasificación los acota como residuos peligrosos, pero en ellos encontramos muchos recursos que sí podrían ser valorizados. Para eso es necesario una normativa que permita desclasificar materiales”, indica.
En este campo también postula:

• Avanzar hacia un modelo ecoagroalimentario que se haga cargo de la gestión de los descartes y de la huella hídrica.
• Contar con una normativa integrada para los residuos de la construcción y demolición.
• Hacer efectiva la incorporación de materiales secundarios en la producción.
• Incentivar el desarrollo de emprendedores, innovadores y Mipymes con foco en economía circular.
• Impulsar gobernanzas circulares y colaborativas en todas las macrozonas.

El segundo pilar apunta a disponer de una energía limpia y eficiente, para lo cual fija metas como:

• Contar con una ley de eficiencia energética robusta.
• Rehabilitar las viviendas y edificaciones existentes con una perspectiva de eficiencia energética.
• Avanzar en la fijación de impuestos verdes.
• Apoyar nuevos proyectos de concentración solar de potencia.
• Establecer las condiciones para lograr que Chile alcance las metas de electromovilidad que se ha fijado.
• Facilitar y atraer la instalación de los primeros proyectos de hidrógeno verde considerando las necesidades normativas, financieras, de capital humano, infraestructura y terrenos que esta primera etapa requiere.

En torno a la eficiencia hídrica se centra el tercero de sus pilares ambientales, incluyendo su programa de gobierno las siguientes propuestas:

• Crear la Subsecretaría del Agua.
• Definir a la cuenca hidrográfica como la unidad básica e indivisible de gestión y administración de recursos hídricos.
• Extender, ampliar, regularizar y profesionalizar las organizaciones de usuarios del agua o juntas de vigilancia.
• Descentralizar la administración y gestión de recursos hídricos.
• Desarrollar infraestructura para la captura y el almacenamiento de aguas lluvias en las cuencas del país.
• Fomentar la construcción de embalses, potenciando los de tamaño mediano.
• Desarrollar acueductos públicos para la inyección de agua desalada.
• Fomentar la inversión para mejorar la eficiencia hídrica.
• Construir e implementar sistemas de riego tecnificado por pivote o goteo.
• Reconocer otros usos del agua, como los de turismo y recreación.
• Reasignar de manera socialmente eficiente los derechos de agua retornados.

El último pilar alude a “un país que prioriza el medio ambiente”, para lo cual promete garantizar la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas; poner fin a las zonas de sacrificio; traspasar la dependencia de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático desde la Corfo al Ministerio del Medio Ambiente, con posibilidad de ejecutar programas; y la implementación efectiva y fiscalización de las recién promulgadas leyes de plásticos de un solo uso y bolsas plásticas.

Artículo publicado en InduAmbiente N° 172 (septiembre-octubre 2021), págs. 34-38.