Suspensión de millonario proyecto de Colbún reaviva cuestionamientos a procesos de evaluación ambiental

Jueves 26 de septiembre de 2024.- Una serie de cuestionamientos a los procesos de evaluación ambiental en Chile han resurgido durante los últimos días, luego que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la región de Antofagasta reafirmara el término anticipado al trámite del proyecto "Central de Bombeo Paposo" de Colbún y la compañía suspendiera esta iniciativa que implicaría una inversión de US$1.400 millones y la contratación de mano de obra local y regional.

El episodio ha reavivado las críticas del sector privado por la incerteza jurídica asociada a la tramitación ambiental y la "permisología" que, a su juicio, están dificultando el desarrollo de inversiones en el país. Y también generó reacciones a nivel gubernamental que derivaron ayer en la remoción del director del SEA en Antofagasta, Ramón Guajardo.

Suspensión indefinida

De acuerdo a lo informado por Colbún, el proyecto en cuestión consiste en una central que "integra la generación de energías renovables con la capacidad de almacenamiento, así como también infraestructura de desalación que podrá proveer agua a la comunidad de Paposo", en la comuna de Taltal. La iniciativa ingresó a tramitación ambiental el 10 de junio y el SEA regional, en principio, la declaró admisible, pero luego le puso término anticipado argumentando "falta de información relevante y/o esencial" en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y que no se había considerado a dos comunidades indígenas que en ese territorio obtenían recursos marinos fundamentales para su sustento.

Tras eso, la compañía habría subsanado las falencias planteadas y presentó un recurso de reposición ante la autoridad ambiental, la cual acogió parcialmente la presentación, pero mantuvo el término anticipado del trámite, sumando nuevos reparos como algunas observaciones del Servicio Agrícola y Ganadero relacionadas con la fauna presente en el farellón costero próximo a Taltal.

Sobre ese escenario, a través de un comunicado, Colbún comunicó que suspendía el proyecto de manera indefinida y reafirmó su postura en cuanto a que el EIA del proyecto "contiene la información relevante y esencial para una adecuada ponderación de sus impactos ambientales", asegurando que "no existían brechas de información que no pudieran ser debidamente subsanadas mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones dentro del mismo proceso de evaluación".

Asimismo, puso énfasis en el trabajo de participación ciudadana anticipada que durante dos años realizó la compañía con las comunidades vecinas, "incluyendo una caracterización de las comunidades indígenas presentes en el territorio, al interior de las cuales se encontrarían los integrantes de dos comunidades recientemente constituidas y que según el SEA Antofagasta, era fundamental caracterizar por separado".

El documento añade que "la resolución de la autoridad es poco coherente y contiene errores formales evidentes, cuestiones que van en sentido contrario a dar señales claras y dar certeza jurídica para el avance de los proyectos".

Incerteza, remoción y permisología

Sobre este escenario, diversos representantes del sector privado reflotaron los cuestionamientos que han hecho a los procesos de tramitación ambiental y a la "permisología" por la incertidumbre jurídica que, a su juicio, generan para el despliegue de inversiones en el país. Por ejemplo, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, señaló a El Mercurio: "Nos preocupa profundamente que proyectos como la Central de Bombeo Paposo, que implica US$1.400 millones en inversión sostenible aportando a la transición energética, se vean impedidos de seguir avanzando por enfrentarse a trabas que redundan en incerteza jurídica". Y añadió que "Chile necesita una institucionalidad que funcione con criterios objetivos y transparentes, que permita concretar más proyectos de este tipo, aportando al crecimiento económico en equilibrio con la protección del medio ambiente".

El caso provocó también reacciones en el Gobierno, donde ayer la Directora Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, solicitó "la renuncia no voluntaria al director regional del SEA en Antofagasta, Ramón Guajardo Perines, la que se hará efectiva a partir del 30 de septiembre próximo".

De acuerdo a La Tercera, dicha decisión se alinea con la molestia que este episodio habría generado en los ministerios de Economía y Energía. Por su parte, hoy en Cooperativa, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió al tema indicando que "lo que ocurre respecto de las evaluaciones ambientales es que esta dinámica que tiene el proceso, en el cual el inversionista prepara un EIA, y se le acepta o se le rechaza, se presta para que muchas veces se den dinámicas muy de blanco y negro: el proyecto va o no va". Frente a eso, planteó que lo que se debiera buscar "es que las inversiones se hagan respetando los estándares ambientales del país, y el sistema debería ayudar a los inversionistas a cumplir esas exigencias".

Cabe recordar, además, que el caso de central Paposo se suma a otros proyectos que han acusado trabas ambientales e incerteza jurídica para su desarrollo. Así ocurrió recientemente con Google que anunció que desistiría de su iniciativa ya aprobada de construir un data center en Cerrillos, luego que el Tribunal Ambiental acogiera un recurso de un vecino que cuestionaba el consumo de energía y agua del proyecto, pese a que la compañía había señalado que no usaría este recurso del acuífero.

En relación a estos temas, las autoridades de Gobierno han puesto énfasis en que a comienzos de este año presentaron al Congreso un proyecto de ley que busca fortalecer la institucionalidad ambiental, mejorar la eficiencia en los procesos de evaluación ambiental y dar mayor certeza a todos los actores involucrados, el cual sigue en su primer trámite en el Senado.

Asimismo, el ejecutivo ingresó otra iniciativa para reducir la "permisología" que afecta a los proyectos de inversión (existen más de 380 autorizaciones repartidas en 37 servicios públicos), la cual hoy fue aprobada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, quedando lista para su revisión en la Sala. "Los tiempos totales de tramitación sectorial de los proyectos de inversión serán reducidos en, al menos, 30% en promedio", aseguró el ministro de Economía, Nicolás Grau, con respecto a este proyecto que busca crear un sistema que incluye políticas, instituciones, normas y principios para la tramitación eficiente de los permisos, resguardando los objetos de protección inherentes a cada sector.