Senado aprobó en general proyecto que establece una ley marco de suelos

Jueves 13 de enero de 2022.- La sala del Senado aprobó en general, por unanimidad, el proyecto de ley que establece una ley marco de suelos. Ahora, la iniciativa debe volver a la Comisión de Agricultura para su discusión en particular.

En la propuesta, ingresada como moción parlamentaria, se considera el suelo como un recurso natural no renovable y con una capacidad de regeneración muy lenta respecto de la escala de tiempo humana.

Según el texto, además, el suelo constituye un ecosistema que alberga distintos tipos de componentes —minerales, materia orgánica, microorganismos, agua y aire—, cuya interacción determina sus propiedades químicas, físicas y biológicas, así como también sus funciones y servicios ecosistémicos. Por eso, señala la iniciativa, es de gran relevancia para la mantención de la vida, tanto vegetal como animal, y por consecuencia, para la subsistencia del ser humano.

En ese contexto, se mencionan siete funciones específicas para el sistema suelo: producción de biomasa vegetal (alimento, bioenergía, fibras, madera); almacenamiento, filtrado y transformación de compuestos; ambiente físico y cultural para el género humano; hábitat para la vida y pool de genes; fuente de materiales crudos; secuestro de carbono, y herencia geológica y arqueológica.

De igual modo, el cuerpo legislativo menciona como los principales problemas que afecta a este recurso en Chile, tres tipos de degradación: física (erosión, compactación, anegamiento); química (acidificación, salinización, contaminación), y biológica (pérdida de materia orgánica y de biodiversidad).

Normas

Entre las normas que considera el proyecto, se establece la “necesidad de regular la gestión sostenible del uso del suelo, así como resguardar su protección, conservación y restauración; con la finalidad de evitar su destrucción y degradación; promover su identificación, estudio, clasificación y conocimiento; considerando los tratados internacionales ratificados por Chile, que se encuentren vigentes y que incidan sobre la materia”.

Asimismo, la propuesta incluye siete principios en torno a los cuales se estructura todo el cuerpo normativo. Estos son integralidad, equidad territorial, gobernanza, participación ciudadana, científico, responsabilidad y sostenibilidad del suelo.

Respecto a este último, el proyecto señala que “para propender a la protección de los beneficios que proveen los suelos en los ámbitos social, ambiental y económico, el Estado tenderá a realizar una gestión y manejo que evite su destrucción y degradación, de manera de no comprometer sus funciones ecosistémicas y las necesidades de las generaciones futuras”.

Participación ciudadana

Adicionalmente, la iniciativa considera la participación ciudadana. En ese sentido, reconoce a todas las personas o agrupación de personas, el derecho a participar de manera informada en la elaboración, implementación, evaluación y actualización de los instrumentos de gestión sostenible del suelo.

También, dispone que “los procesos de participación ciudadana deberán procurar un balance del sector público asociado a los suelos, sectores productivos, académicos, organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, juntas de vecinos y comunidades, teniendo una especial consideración a los sectores vulnerables, de pequeños propietarios, aplicando un enfoque multicultural y de género, y tendiendo a la facilitación de la asociatividad”.

En la misma dirección, establece que para garantizar la gestión sostenible del suelo, “el Estado podrá considerar las amenazas producidas por la actividad del hombre, características, propiedades, tipos, usos y servicios ecosistémicos de los suelos, de tal manera de enfrentar los desafíos del ordenamiento territorial, cambio climático, biodiversidad, recursos hídricos, contaminación, seguridad alimentaria, calidad de vida y salud de la población y del medio ambiente”.