"Chile decidió ser uno de los primeros países del mundo en actualizar su NDC, haciéndolo con mucha ambición y siguiendo lo que la ciencia ha pedido. Sabemos que los compromisos vigentes son altamente insuficientes para limitar la temperatura a un máximo de 2° Celsius y mucho más lejos para acercarse a los 1,5° Celsius, por lo que la ciencia nos ha pedido que las actualizaciones busquen reducir sus emisiones netas en un 45% y eso es lo que nosotros ambicionamos".
Con esas palabras la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, presentó la nueva propuesta de Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC, por su nombre en inglés) que detalla los compromisos del país para ayudar a mitigar y adaptarse al cambio climático.
Según lo establecido en el Acuerdo de París, este documento debe ser actualizado en el año 2020 por todas las Partes que conforman la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el tema (CMNUCC), pero el Gobierno pretendía oficializarlo ante este organismo durante la COP25, para dar un ejemplo de mayor ambición como sede de la cumbre climática. Tras renunciar a esa condición, a raíz de la crisis sociopolítica por la que atraviesa el país, la Secretaria de Estado puso énfasis en que Chile mantendrá su compromiso y liderazgo en la lucha contra el cambio climático, por lo que no se descarta que presente la nueva NDC en la cita mundial que ahora se desarrollará en Madrid. Más aún, cuando nuestro país seguirá presidiendo el evento.
Esta iniciativa se sometió a consulta pública -abierta hasta el 26 de noviembre-, con el objetivo de enriquecer su contenido con la mirada de las organizaciones públicas y privadas como también de la ciudadanía.
Propuestas en Mitigación
La nueva NDC propuesta por Chile se estructura bajo cuatro líneas de acción: mitigación, adaptación, componente de integración y medios de implementación.
En el primer aspecto plantea un cambio fundamental en relación a la Contribución Nacional Tentativa que nuestro país había presentado en el año 2015 de forma voluntaria, antes de que existiera el Acuerdo de París, ya que la medición se hará en emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) y no en intensidad de emisiones, haciéndola mucho más clara y medible. Cabe recordar que en el documento anterior, Chile se comprometía a disminuir en 30% sus emisiones por unidad de PIB al año 2030, tomando como base el 2007. Ahora, en cambio, el compromiso apunta a rebajar en un 45% las emisiones netas en el mismo horizonte de tiempo, pero en relación al año 2016, último año registrado en el inventario nacional sobre la materia.
Otra novedad relevante que hace más ambiciosa esta propuesta es que separa la meta de mitigación de las opciones de captura de emisiones que entrega la forestación.
De este modo, Chile asume una meta transversal a la economía, sin incluir al sector forestal, que considera un presupuesto de emisiones de GEI (cantidad total que puede emitir hasta el año 2030) de entre 1.100 a 1.175 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e). El documento añade que el máximo de emisiones (peak) se alcanzaría en el año 2027.
Al mismo tiempo, la nueva NDC introduce metas incondicionales y específicas para el sector forestal, como miras a capturar más emisiones. La primera es el manejo sustentable y recuperación de 200.000 hectáreas de bosques nativos. A eso se suma la forestación 200.000 hectáreas de bosques, de las cuales al menos 100.000 corresponden a cubierta forestal permanente, con un mínimo de 70.000 hectáreas de especies nativas.
El manejo sustentable y recuperación de 200.000 hectáreas de bosques nativos es parte de las metas para el sector forestal.
Un tercer compromiso en esta área es reducir las emisiones provenientes de la degradación y deforestación del bosque nativo en un 25% al 2030, considerando el promedio emitido entre 2001 y 2013.
El país buscará ir más allá de las medidas incondicionales mencionadas, con miras a disminuir el 45% de las emisiones en relación a 2016. Así lo expuso la ministra Schmidt: "La reducción ambicionada por Chile al 2030 se consigue, mayoritariamente, con recursos nacionales y, el restante, con acceso a los mercados internacionales que nos permitirá adelantar inversiones que, sin esto, serían más costo-eficientes materializarlas después. El mercado global de carbono será una de las temáticas que impulsaremos con fuerza en la COP25, relacionadas al Artículo 6 del Acuerdo de París".
Metas de Adaptación
En lo que respecta a la adaptación al cambio climático, la propuesta de NDC de Chile se enfoca en dos áreas:
• Fortalecer y profundizar los instrumentos de gestión para la adaptación.
• Implementar acciones en áreas de especial vulnerabilidad y donde se ha demandado una mayor urgencia en la acción climática. Entre éstas destacan la elaboración, al año 2025, de una metodología y línea base para medir la huella hídrica que permita hacer seguimiento del uso del agua y avanzar hacia una mayor seguridad hídrica en el país. Asimismo, se espera elaborar al año 2030 planes estratégicos para la gestión de recursos hídricos en las 101 cuencas del país, considerando la adaptación al cambio climático.
La nueva Contribución Determinada a nivel Nacional incluye también enfoques integrados que apuntan tanto a la mitigación como a la adaptación al cambio climático, como son los que impulsan la economía circular y el resguardo de los océanos considerando la capacidad que éstos tendrían para regular la temperatura y absorber GEI.
En ese contexto, Chile se compromete, por ejemplo, a que al año 2030 se implementen todos los planes de manejo o administración de las áreas marinas protegidas creadas antes de 2020.
De igual manera, el país apunta a desarrollar el próximo año una hoja de ruta de economía circular y una estrategia nacional para mejorar la gestión de los residuos orgánicos.
Valoraciones e Inquietudes
La publicación de la propuesta de NDC ha generado diversas opiniones e inquietudes.
Gary González, economista de Fundación Terram, plantea por ejemplo: "Creo que lo más valorable es que el anteproyecto se hace cargo de la meta que nos pide la ciencia en el Informe especial sobre el calentamiento global de 1,5 °C del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), al fijar la reducción nacional de emisiones en un 45% para 2030. Si bien no será un proceso inmediato, ya que el país seguirá produciendo más emisiones hasta el 2027 como año peak, luego reducirá progresivamente sus niveles hasta lograr la anunciada carbono neutralidad al 2050. Sin embargo, quedan algunas dudas sobre cómo podremos lograr esa reducción en solo 3 años, pero, en principio, el objetivo es el correcto".
Al mismo tiempo, el especialista advierte que las medidas presentadas "son absolutamente insuficientes para los desafíos que tenemos como país". En ese sentido, recuerda que nuestro país es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, "por lo que los esfuerzos no solo deben concentrarse en mitigación, sino más bien en la adaptación para los cambios que ya están ocurriendo y que se incrementarán con el pasar de los años. En este sentido, si queremos reducir las emisiones en un 45% para 2030, desde Fundación Terram no entendemos cómo se puede lograr esto sin un plan de descarbonización más exigente y un impuesto verde que aumente considerablemente su valor, de forma de desincentivar la utilización de energías sucias como el carbón y de paso limpiar nuestra matriz energética".
Por otra parte, cuestiona que se siga condicionando la reducción de emisiones a la obtención de financiamiento internacional, considerando que Chile es un país de ingreso alto y miembro de la OCDE. "Es hora de que el Estado y el sector privado asuman compromisos en serio y no anuncios que sirvan para la foto en la COP25, pero que, en la práctica, no se puedan cumplir", señala González.
En relación a los compromisos en materia de forestación, sostiene que son similares a los que se presentaron en 2015. Y añade: "Es necesario asumir compromisos más ambiciosos y apostar por la recuperación de bosque nativo y de forestación con nativo, ya que sabemos que cuando el Gobierno habla de 'preferentemente nativo', se está refiriendo a privilegiar las plantaciones, lo cual tiene un costo en la cantidad de agua disponible para consumo humano".
Desde la Corporación de la Madera (Corma), en tanto, valoran la inclusión de los bosques en la propuesta del Gobierno. El presidente de la asociación empresarial, Juan José Ugarte, plantea: "Todos los árboles, nativos, urbanos, protegidos y exóticos, son verdaderas llaves tecnológicas que permiten mitigar el calentamiento global a través de su fotosíntesis. Hoy celebramos que el aporte de nuestro país también considere soluciones basadas en la naturaleza".
Asimismo indica que la factibilidad de alcanzar las metas específicas planteadas para el sector forestal "irá de la mano con las pequeñas y medianas empresas, para que ellas foresten los distintos tipos de bosques". Y añade: "Junto a nuestra mesa científica y gran parte de nuestros 189 socios, especialmente las pymes, evaluaremos el contenido de esta propuesta en profundidad. La data basada en ciencia que tienen las empresas es clave para que las ambiciones chilenas sean realistas, sustentables y contemplen el necesario equilibrio entre los árboles nativos, productivos urbanos y de protección en diferentes ecosistemas".
Por su parte, José Eduardo Sanhueza, consultor internacional en las negociaciones sobre cambio climático e investigador del Centro iUAI Earth de la Universidad Adolfo Ibáñez, opina en relación a la propuesta gubernamental: "Me parece un buen primer intento de responder a los requerimientos de proveer información para facilitar la claridad, transparencia y entendimiento de las NDC, tal como se acordó en la última COP en Polonia, en el contexto de un desarrollo integral y sostenible para el país". Recuerda que los compromisos determinados a nivel nacional, que en lo sucesivo debieran actualizarse cada 5 años expresando idealmente una ambición cada vez mayor según las circunstancias económicas y sociales de cada país, son y serán "un elemento clave para el progreso en las tareas climáticas que permitió lograr el Acuerdo en París y, esperanzadamente, permitiría alcanzar su objetivo". Esto, porque si bien todas las naciones deben contribuir a esa tarea, las distintas realidades nacionales posibilitan hacerlo en formas y modalidades muy diferenciadas, especialmente para las naciones en vías de desarrollo que deben atender con mayor urgencia otros objetivos relevados por Naciones Unidas para avanzar hacia un desarrollo sostenible.
Sobre ese escenario, plantea que el texto publicado por el Gobierno no le permite evaluar con claridad si la ambición de los compromisos anunciados se condice con nuestras circunstancias nacionales. "Se describe la metodología utilizada, se dice que participaron muchos expertos de los ministerios, que la comunidad científica participó también activamente, que también se consultó con el sector empresarial y los ciudadanos y que este es el resultado de las convicciones a que todos ellos llegaron. No tengo razones para dudar de todo aquello, pero entonces ¿para qué es la consulta pública?, ¿para que me informe del trabajo realizado y de sus resultados y sólo haga observaciones editoriales?", cuestiona Sanhueza.
Añade que el documento debería ser mucho más explícito, particularmente en los compromisos de mitigación, que es donde a nivel internacional se mide la ambición. "Si se desea obtener comentarios informados, al menos debería contener las referencias o indicaciones de los lugares donde se puede encontrar la información sobre los modelos y los supuestos utilizados, y un desglose por sector de las políticas y medidas y sus costos, que sustentan este supuesto de una máxima ambición".
La nueva NDC contempla desarrollar una estrategia para mejorar la gestión de los residuos orgánicos.
Además de estas insuficiencias para ejercer la consulta pública, José Eduardo Sanhueza expresa su inquietud porque, a su entender, los compromisos propuestos no serán costeados completamente con fondos del erario chileno. "Las políticas y medidas para lograrlos en los diferentes sectores y las obligaciones que ellas impongan a los actores económicos en ellos, y los medios que se les ofrezca para facilitarles su cumplimiento, son para que reorienten la forma de hacer sus negocios o para que inicien nuevos emprendimientos. Y estos negocios, salvo excepciones, no se hacen sólo con capitales chilenos", expone.
Y concluye: "No se puede desaprovechar la oportunidad para ser más explícito en la descripción de esas políticas y medidas que se pondrán en marcha para lograr lo comprometido en la NDC", cumpliendo así con lo solicitado en la última COP en cuanto a proveer información clara, transparente y que facilite el entendimiento de los compromisos determinados por cada país.
Análisis Industrial
Desde el sector industrial también entregan un análisis preliminar de la nueva propuesta de NDC. En ese contexto, Jorge Cáceres, director ejecutivo del Centro de Medioambiente y Energía de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), valora la intención de reconocer el efecto invernadero asociado a los contaminantes de vida corta y en particular al carbono negro. "El carbón elemental es parte importante de la composición química del material particulado fino MP2,5 en gran parte de nuestras ciudades del centro al sur. En adición, alinear esfuerzos de control de emisiones provenientes del diésel y de la quema de biomasa con los compromisos de mitigación de CO2e resulta de alcance estratégico para el país. Entonces, poner sobre la mesa el peso del carbono negro, para lo cual hay suficiente evidencia científica acerca de su impacto como gas de efecto invernadero, es un importante avance", destaca.
Añade que al pasar de metas indexadas al PIB a metas absolutas de emisiones, los desafíos son claramente más ambiciosos. "Bajo el criterio BAU (Business As Usual) las metas contenidas en la NDC vigente eran consistentes con un cumplimiento incluso anticipado. La nueva propuesta está asociada inevitablemente a esfuerzos de reducción adicionales. A esos efectos debe tenerse en cuenta el compromiso ya anunciado por el Gobierno, de carbono neutralidad a 2050. Asimismo, debe considerarse que está proyectado el peak de emisiones de gases de efecto invernadero para antes de 2027. En ese contexto, llegar a 97 millones de toneladas de CO2e en 2030, como se plantea en la propuesta, implica desafíos de reducción efectiva del orden de 20 millones de toneladas con respecto a un escenario BAU, para lo cual no bastará con las capturas asociadas al sector UTCUTS (Uso de la tierra, cambio de uso de suelos y silvicultura)", indica Cáceres. Sobre ese escenario, advierte que es necesario disponer de los análisis adecuados acerca de la factibilidad de cumplimiento y los costos asociados, cuidando especialmente las limitaciones en la información sobre las emisiones. "Esos mismos esfuerzos de adecuado análisis, no sólo deben alcanzar a la NDC sino también a toda la batería instrumental complementaria que está en desarrollo como la ley de cambio climático, los impuestos a las emisiones, los planes de mitigación y adaptación, así como los reglamentos relacionados. Ello además plantea el desafío de armonización regulatoria, de forma que los incentivos a la descarbonización sean sinérgicos y adecuadamente diseñados", apunta.
Jorge Cáceres comenta además que otro gran desafío es compatibilizar todos estos esfuerzos con las demandas sociales que han emergido en el país. Luego afirma: "Todos estos aspectos deben ser atendidos y naturalmente que propiciaremos desde SOFOFA la construcción de posición dentro del período de consulta pública, de forma que el 'aumento de la ambición' explicitado en la nueva propuesta de NDC sea armónico con la provisión de instrumentos para que ello se logre de la manera más costo-eficiente posible".
Artículo publicado en InduAmbiente Nº 160 (septiembre-octubre 2019), páginas 10 a 13.