Camino a la Restauración

No cabe duda que el pasado 17 de junio quedó marcado como un día histórico para los habitantes de Puchuncaví y Quintero. Claro, porque ese viernes el Directorio de Codelco anunció la decisión de cerrar gradualmente la fundición Ventanas, una de las principales fuentes emisoras de los contaminantes que durante décadas han agobiado a estas localidades de la Región de Valparaíso.

Ese es el ejemplo más emblemático de una serie de iniciativas que se han impulsado en los últimos meses, especialmente desde el sector público, para tratar de avanzar de manera definitiva en la recuperación ambiental y social de las llamadas "zonas de sacrificio".

Un desafío enorme que desde la actual administración están abordando con una nueva estrategia, más holística, que han denominado Transición Socio Ecológica Justa.

Así lo explica el Subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño: "Desde el primer día de Gobierno buscamos las vías para iniciar un proceso que dé soluciones integrales a las problemáticas ambientales y sociales complejas, que afectan a distintas comunidades que por décadas se han visto afectadas por la contaminación. Es por eso que instauramos el Comité Interministerial de Transición Socio Ecológica Justa, instancia que coordina el trabajo del Gobierno para avanzar en soluciones de largo plazo para las comunas que han sido impactadas por un desarrollo sucio. En primer momento, este trabajo se enfocará en los territorios que impulsan su descarbonización energética, es decir, Concón, Quintero y Puchuncaví, Tocopilla, Mejillones, Huasco y Coronel".

Transición Justa

Según señala la autoridad ambiental, la Transición Socio Ecológica Justa apunta a que nuestro país recorra el camino hacia un modelo de desarrollo basado en actividades económicas bajas en emisiones, en concordancia con "el compromiso del Presidente Gabriel Boric de que este sea el primer gobierno ecológico en la historia de Chile".

Luego enfatiza: "El desafío es pasar de una situación de degradación ambiental, de crisis climática y de pérdida de biodiversidad hacia un modelo en que entreguemos mayor bienestar a las chilenas y chilenos".
Advierte también que "esta transición no es de un día para otro, pero nuestro compromiso es iniciar un proceso definitivo de mejora, ambicioso y coordinado". Y añade: "Esta transición debe ser justa porque los costos no los deben pagar las personas más vulnerables, y los beneficios tienen que repartirse equitativamente".

La Transición Socio Ecológica Justa busca mejorar la calidad de vida de las personas desde una mirada integral que va más allá de abordar sólo los problemas de contaminación que los aquejan. En ese marco, se promueve el trabajo coordinado de todos los ministerios y servicios públicos que tienen directa incidencia en esto, como Medio Ambiente, Salud y Energía, entre otros.
¿En qué acciones concretas, distintas a las impulsadas por anteriores administraciones, se ha ido traduciendo este nuevo enfoque?

Proaño responde: "En el corto y mediano plazo, estamos mejorando los estándares normativos y la capacidad fiscalizadora. También estamos trabajando para contar con mejores instrumentos de monitoreo, pues sin duda contar con información más precisa, nos permitirá tomar mejores decisiones".

Indica también que en este camino serán claves la reconversión laboral, así como el impulso a la restauración de los ecosistemas y la cohesión social de las comunidades.

El compromiso es iniciar procesos definitivos e integrales de mejora en las zonas de sacrificio, dice Maximiliano Proaño.

Mayor Participación

Desde el Gobierno subrayan que en estos procesos de mejora es fundamental que participen todos quienes son parte de estos territorios y, en especial, las empresas que operan en estas zonas.

"Impulsar un nuevo modelo de desarrollo que ponga en el centro el cuidado de las personas y del medio ambiente, sin olvidar en el camino las necesidades laborales y económicas de los territorios requiere de una transición que involucre a todos los actores. Las empresas son actores claves y es importante que se sientan parte del proceso, de modo de avanzar en medidas que se hagan cargo de sus realidades y que contribuyan a mejorar las condiciones sociales y ambientales de la población", señala el Subsecretario.

En esa línea, el Ministerio del Medio Ambiente ha propuesto actualizar y ampliar los Planes de Recuperación Ambiental y Social (PRAS) que llevan varios años funcionando en Quintero, Puchuncaví, Huasco y Coronel, con miras a reflejar las necesidades actuales de la ciudadanía en las medidas multisectoriales que se han construido de forma participativa en estas comunas para impulsar su desarrollo sustentable. Al mismo tiempo, ha planteado revisar la composición de los Consejos para la Recuperación Ambiental y Social (CRAS), que son los órganos que participan en la elaboración y seguimiento de las medidas del PRAS, para mejorar su representatividad, lo que incluye a las empresas.

Este planteamiento ya está avanzando, por ejemplo, en la zona de Quintero, Puchuncaví y Concón. Hernán Ramírez, Secretario Regional Ministerial (Seremi) del Medio Ambiente en la Región de Valparaíso comenta: "Hoy estamos enfocados en potenciar el CRAS y mejorar su funcionamiento. En este momento, el Consejo tiene 25 miembros y está conformado sólo por representantes de Quintero y Puchuncaví, pero esa representación ha quedado corta. Hoy buscamos abrir esa instancia también a Concón, para lo cual haremos un trabajo inicial enfocado en esta comuna, de manera de conocer sus prioridades y luego integrarlas al PRAS. Además, estamos trabajando para integrar a nuevos miembros como el Gobernador Regional o las Secretarías Regionales de algunos ministerios que tienen directa relación con algunas medidas contenidas en el Plan de Recuperación, de manera que esto facilite su cumplimiento".

Agrega que este nuevo diseño más amplio y participativo del CRAS podría estar listo a fin de año, para seguir avanzando en la implementación de las medidas contenidas en el PRAS "y con eso ir saliendo de una zona de sacrificio como la que conocemos hoy, y transformarnos en una zona de restauración ambiental. Ese es el tremendo desafío".

El Rol de las Empresas

Las empresas juegan un rol crucial para avanzar en la recuperación ambiental y social de las zonas de sacrificio. De hecho, tras las intoxicaciones registradas en junio de este año en Quintero y Puchuncaví, la autoridad ambiental les pidió a las instalaciones del cordón industrial hacer más estrictos sus planes operacionales, especialmente en condiciones de ventilación mala o regular. ¿Cómo ha avanzado este proceso?

Hernán Ramírez expresa que han recibido las propuestas de varios titulares y las han ido revisando en virtud de otros antecedentes disponibles para ver si estos ajustes cumplen con las exigencias que permitan adoptar de manera inmediata, medidas preventivas y/o de control frente a situaciones que pongan en riesgo la salud de la población. "En dicho contexto, a la fecha se encuentran aprobados los planes operacionales de Codelco, AES, GNL, y ENAP Concón. Sin embargo, el proceso no ha estado exento de contratiempos, dado que existen propuestas disimiles presentadas por las empresas en cuanto al estándar de medidas y/o a los compromisos de asumir acciones que vayan verdaderamente orientadas a realizar reducciones de emisiones importantes durante el periodo de gestión de episodios críticos", señala.

Agrega que lo anterior ha derivado en "la presentación de recursos administrativos de reclamación por parte de los regulados a los planes operacionales aprobados por esta autoridad. Como Ministerio del Medio Ambiente estamos convencidos de que el parque industrial debe contar con altos estándares de control de emisión que permitan nivelar las brechas tecnológicas e iniciativas de las empresas del cordón industrial".

Desde Codelco, en tanto, aseguran estar alineados con el proceso de Transición Socio Ecológica Justa. Claudio Flores, Gerente de Gestión del Cambio y Transformación de la División Ventanas, plantea: "Tanto el Presidente del Directorio de Codelco (Máximo Pacheco) como el Gerente General de Codelco Ventanas (Ricardo Weishaupt) han señalado que el proceso de cese de operaciones de la fundición y la planta de ácido, debe transformarse en un referente para la industria nacional, tanto desde el punto de vista de la protección de la empleabilidad de sus trabajadores y trabajadoras, como también del medio ambiente y de las comunidades de nuestra zona de influencia. Como División, no perdemos nunca de vista que estamos insertos en un polo industrial de alta complejidad y que el proceso es seguido de cerca por las autoridades locales, regionales y nacionales, así como también por la comunidad".

Y agrega: "Por lo anterior, esto debe realizarse con la mayor transparencia y participación posible, de todos los actores involucrados. Y también se deben manejar las expectativas con mucha responsabilidad, porque puede ocurrir que alguien piense que con el cierre de la fundición se resuelven todos los temas ambientales de la zona y claramente ello no es así y, por lo mismo, la autoridad sigue trabajando en otras materias. Hay un antecedente muy claro: durante el mes de junio, con la División completamente detenida, ocurrieron seis o siete nuevos episodios de niños, jóvenes y adultos acudiendo a los centros de salud, y lamentablemente siguen ocurriendo hasta el día de hoy, en circunstancias que tenemos emisiones muy por debajo de la normativa".

Flores destaca que Codelco Ventanas fue la primera empresa en presentar y tramitar el nuevo plan operacional, y que la División retomó sus operaciones después que fue aprobado por la Seremi de Medio Ambiente, bajo condiciones de mayor restricción a las emisiones y seguridad, las cuales se han cumplido en todo momento y han contado con la fiscalización permanente de la autoridad.

Las industrias emplazadas en las zonas de sacrificio deben elevar sus estándares de control de emisiones para aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades aledañas.

Recuerda también que la Corporación seguirá teniendo una presencia importante en la bahía, a través de su refinería, "y me parece que tanto nuestra empresa como el resto debemos adaptarnos a los desafíos que nos impone el mundo actual, respecto de las expectativas y demandas ciudadanas en términos de nuestro aporte social, el cuidado del medio ambiente, los temas de inclusión y paridad de género, entre otros. Creo que el polo industrial debe adaptarse en su conjunto a estos desafíos, para restablecer las confianzas con la comunidad, y pasar de ser vistos como una zona de sacrificio a una zona de oportunidades".

Similar es la visión en la Compañía Minera del Pacífico (CMP), empresa presente en el polo industrial de Huasco. Edgardo Rivas, Superintendente de Medio Ambiente de la firma, dice que comparten el enfoque de la Transición Socio Ecológica Justa y que están trabajando en esa línea: "En CMP estamos comprometidos con desarrollar una minería diferente que permita un crecimiento armónico con el territorio y su gente. Esto implica entender que las operaciones no se pueden realizar de espaldas a la comunidad, sino que debemos implementar acciones en esa línea y apuntar a un crecimiento conjunto".

Añade que, precisamente, en función del desarrollo armónico para Huasco, la empresa está llevando a cabo inversiones en un plan integral que considera la modernización de la Planta de Pellets con un segundo precipitador electrostático, un proyecto para reemplazar el uso de carbón por gas natural, la construcción de un depósito de relaves filtrados con tecnología para reducir emisiones y un innovador proceso de restauración ecológica para compatibilizar el proyecto con el paisaje y la biodiversidad, entre otras medidas.

"Nuestro interés es poder seguir aportando al diálogo abierto con los diversos actores del CRAS de Huasco, en pos de abarcar una meta integral que articule acciones para que la comuna no sea considerada una zona de sacrificio, y transite hacia la consolidación de un polo industrial del siglo XXI, que crece junto al territorio", sostiene Rivas.

Descarbonización Energética

Otras fuentes de contaminación relevantes en las zonas de sacrificio son las plantas termoeléctricas a carbón, como las que operan en Mejillones, pertenecientes a las empresas AES Chile y Engie; en Huasco, propiedad de Guacolda; en Puchuncaví, de AES Chile; y las de Enel y Colbún en Coronel. En junio de 2019 se anunció un acuerdo voluntario entre el gobierno de ese entonces y las empresas para cerrar las ocho centrales más antiguas a más tardar en 2024 y concretar el retiro de todo el resto al 2040. Dicho acuerdo ha sido muy criticado por el excesivo plazo y la falta de un cronograma claro para la salida de la mayoría de las plantas, lo cual no se condice con las urgencias sociales de los territorios en que se emplazan y la necesidad de descarbonizar el desarrollo que plantea el cambio climático.

En ese contexto, hay empresas que han comenzado a acelerar el cierre de algunas centrales, mientras que desde la tribuna política se busca establecer un horizonte mucho más cercano para el fin de las termoeléctricas en Chile, todo lo cual favorecería el mejoramiento ambiental de las zonas de sacrificio.

A modo de ejemplo, en el reciente lanzamiento de la hoja de ruta en materia energética del Gobierno –que también tiene entre sus principios la Transición Socio Ecológica Justa–, el ministro de Energía, Claudio Huepe, declaró: "Tenemos un plan y un diseño para avanzar en el cierre de las termoeléctricas a carbón desde aquí al año 2030 como punto de referencia. Estamos trabajando para delinear cuales son las condiciones, exigencias y necesidades técnicas que permitirán que eso sea posible".

Más ambicioso aún es un proyecto de ley que fija el cierre de todas estas plantas al año 2025 y prohíbe la instalación y operación de nuevas centrales a carbón. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados en junio de 2021, pasando al Senado donde se mantiene en la Comisión de Minería y Energía sin mayores novedades.

A su vez, en Coronel se avizoran avances más concretos en el corto plazo, luego que en mayo pasado se pusiera en marcha un plan para la restauración ambiental de la comuna, a partir del cese de la central Bocamina 2, de Enel –que se debiera concretar el próximo 30 de septiembre–, y el futuro cierre del complejo termoeléctrico Santa María, de Colbún. El Plan Coronel contempla una serie de medidas e inversiones para la reconversión laboral en esos casos, así como para cuidar la salud de la población, con miras a transitar hacia la restauración ambiental y social de la zona.

Mejor Regulación

Mejorar la regulación de los contaminantes que se han detectado en las zonas de sacrificio, generando nuevas normas en algunos casos o actualizando las ya existentes, es otra vía en la que se está trabajando para mejorar la situación ambiental en estas localidades.

Al respecto, Maximiliano Proaño comenta: "Actualmente, nos encontramos en el proceso de desarrollo de dos normas de calidad primarias nuevas: una para arsénico y otra para el compuesto orgánico volátil benceno. Ambos contaminantes pueden producir daños a la salud. Estas dos últimas regulaciones serán de carácter nacional, sin embargo, tendrán un especial impacto en las llamadas zonas de sacrificio".

Cabe indicar que los compuestos orgánicos volátiles (COV) corresponden a un grupo amplio de contaminantes, algunos de los cuales han sido pesquisados en emergencias ambientales ocurridas en Quintero, Puchuncaví y Concón. Por lo mismo, durante el proceso de consulta pública de la norma para benceno, que culminó en mayo, varias observaciones apuntaron a la necesidad de regular también otros COV. Frente a esta inquietud, el Subsecretario señala: "En el anteproyecto de la norma de benceno se ha dispuesto también la medición de otros COV como etilbenceno, xileno, entre otros. Esto nos permitirá tener una línea de base a nivel nacional para evaluar y planificar nuevas medidas y regulaciones a futuro".

Por otra parte, la autoridad destaca que, en paralelo, se está avanzando en la actualización de las normas primarias de calidad de aire para material particulado grueso (MP10) y fino (MP2.5), dióxido de azufre (SO₂) y óxidos de nitrógeno (NOx), y también en poner al día las normas que limitan las emisiones de las fundiciones de cobre y las termoeléctricas.

Al mismo tiempo, recuerda que en los últimos años se ha priorizado controlar los contaminantes regulando las fuentes que los emiten, a través de normas de alcance nacional. "Así, por ejemplo, contamos con la norma de emisión para fundiciones de cobre que regula arsénico; las normas de emisión de termoeléctricas y fundiciones que regulan la emisión de mercurio y solicitan el reporte emisiones de cadmio y vanadio; la norma de emisión para incineración, coincineración y coprocesamiento que, entre otros, regula también arsénico, mercurio, vanadio, y dioxinas y furanos, que son compuestos orgánicos persistentes de alta toxicidad", afirma.

Las exigencias de esas normas se han integrado a los planes de prevención y descontaminación atmosférica (PPDA) que hoy rigen en las zonas de sacrificio. En algunos casos, estos instrumentos de gestión también incluyen contaminantes no regulados, como ocurre con el PPDA de Concón, Quintero y Puchuncaví, el cual establece el control de emisiones de COV provenientes del sector de procesamiento y almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados.

La contaminación que afecta a las zonas de sacrificio, por cierto, no está presente solo en el aire, por lo cual también se requiere avanzar en regulaciones que permitan restaurar los suelos, las aguas y la biodiversidad. Así lo grafica Hernán Ramírez: "Hay acumulación de pasivos ambientales especialmente en suelos, derivado de las emisiones de industrias que han operado por décadas en la zona. Hay proyectos piloto que están evaluando la posibilidad de contener y extraer metales pesados, pero la superficie afectada es enorme, por lo cual no es algo que se vaya a lograr en el corto plazo. A medida que las empresas decidan ir trasladándose a otras zonas, deben ir haciéndose cargo de estos pasivos ambientales. Esto se podría hacer desarrollando planes de remediación, para los cuales habría que buscar alguna adecuación, considerando que no existe en Chile una norma para suelos. Esa es una deuda pendiente y habrá un esfuerzo de parte de esta administración para avanzar en ello".

Antes de asumir como Seremi del Medio Ambiente, Ramírez trabajó muy de cerca con organizaciones ciudadanas de Quintero-Puchuncaví, desarrollando investigaciones sobre otros impactos ambientales relevantes en la zona como los varamientos de carbón en algunas playas aledañas a los puertos industriales. Sobre eso comenta: "Si bien se ha visto una reducción en la frecuencia de varamientos, igual siguen siendo excesivos. Para mejorar esta situación, la Autoridad Marítima ha aumentado la fiscalización de las descargas de carbón y estamos coordinados con ellos para que nos informen cada vez que ocurre un varamiento. También estamos viendo algunas medidas para establecer la limpieza de los fondos marinos que puedan estar afectados por carbón por parte de los responsables de esa situación".

Monitoreo y Confianza

Maximiliano Proaño indica que otra prioridad para el Gobierno es optimizar las redes de monitoreo ambiental a nivel nacional, con énfasis en las zonas en transición. En ese contexto, señala que está en desarrollo la consulta pública para implementar una nueva red pública de monitoreo de la calidad del aire en Concón, Quintero y Puchuncaví (ver artículo en páginas 62 a 67 de InduAmbiente nº 177), en el marco de su PPDA, "que le dé mayor seguridad y confianza a la ciudadanía".

Con esta iniciativa se espera mejorar la cobertura de vigilancia ambiental, sumando nuevas estaciones y midiendo otros contaminantes no considerados en la red que opera hoy en la zona, como el ácido sulfhídrico y los COV.

Mejorar la representatividad de los CRAS es una de las propuestas del MMA para abordar más integralmente la problemática.

El Subsecretario del Medio Ambiente acota: "La experiencia de esta consulta pública –que finaliza el 7 de octubre– nos permitirá avanzar en el mejoramiento de otras redes de monitoreo de calidad de aire en zonas en transición. El Ministerio tiene en carpeta realizar un proceso similar en el marco del nuevo Plan de Descontaminación para Calama y no se descarta iniciar otros procesos para futuros PPDA en zonas industriales y de sacrificio".

En relación con esto y a partir del conocimiento que tiene de la realidad y las demandas ciudadanas en Quintero-Puchuncaví, Ramírez concluye con una reflexión válida para todas las zonas de sacrificio: "Las confianzas se van construyendo. En ese sentido, la consulta pública sobre la red de monitoreo de calidad del aire y el fortalecimiento del CRAS para seguir avanzando en las medidas establecidas en el plan, son señales que esperamos que la comunidad las recoja y reconozca para ir construyendo estas confianzas. Este es un proceso de largo plazo. Así como por años la comunidad de Quintero-Puchuncaví terminó convenciéndose que el Estado los había olvidado, salir de una zona de sacrificio nos obliga a trabajar por años para demostrar que efectivamente queremos cumplir los compromisos de mejora que hemos planteado. Nosotros vinimos a comprometernos y a trabajar para que esto avance".


DATO:

6
Secretarías de Estado conforman de forma permanente el Comité Interministerial de Transición Socio Ecológica Justa: Medio Ambiente, Economía, Energía, Trabajo, Salud y Desarrollo Social. También colaboran los ministerios de Interior, Minería, Mujer y la Equidad de Género, y Educación.

++++

RECUADRO 1:

Proceso de Cierre de la Fundición

El cierre de la fundición Ventanas está concebido como un proceso gradual que ya presenta avances. Partió con una mesa de trabajo entre Codelco y los trabajadores, con los que se han establecido algunos acuerdos, tal como lo anunció la empresa estatal el 1 de agosto: "A través del diálogo caracterizado por el respeto mutuo, se elaboró un plan que busca asegurar una transición justa a los trabajadores de la fundición afectados por la medida de cierre, a quienes se les ofrecerá la opción de un egreso especial voluntario –para quienes decidan dejar su puesto de trabajo– o la reubicación o reconversión asistida, para aquellos(as) que opten por trasladarse a otros centros de trabajo de la Corporación".

Luego, el 9 de agosto, el Gobierno ingresó con suma urgencia a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto que modifica la Ley 19.993 para permitir que los productos de la pequeña y mediana minería de Enami sean procesados en otras fundiciones de Codelco, manteniendo la capacidad de recepción en División Ventanas.

Su Gerente de Gestión del Cambio y Transformación, Claudio Flores, explica a su vez que el proceso de cierre se desarrollará en tres etapas. La primera es la fase de Preparación, en la que ya se trabaja para avanzar "en la elaboración del Plan de Cierre Temporal, el cual esperamos ingresar para evaluación del Servicio Nacional de Geología y Minería el último trimestre del presente año".
Una vez aprobados dicho Plan y la modificación de la Ley 19.993, se iniciará la etapa de Transición en la que se implementará el cierre temporal, proceso que podría partir en el segundo trimestre de 2023 y extenderse hasta por cinco años.

Durante ese período se desarrollará, además, el Plan de Cierre Parcial definitivo, que se pondrá en marcha en la tercera etapa denominada de Consolidación, durante la cual además se fortalecerá la refinería. El mencionado plan "es de más largo aliento por su complejidad y porque, entre otros, se deben generar las ingenierías y obtener los respectivos permisos ambientales y sectoriales. En sus etapas finales incluye las obras de desmantelamiento, recuperación de espacios y nuevos usos de la infraestructura. Esa última fase puede implicar unos cinco años más", expone Flores.
El ejecutivo señala que, en paralelo, han iniciado un proceso de difusión y relacionamiento con las autoridades y la comunidad, para dar a conocer esta planificación "y conducir un proceso de cese de operaciones que sea ejemplar y participativo".

++++

RECUADRO 2:

Exigir RCA

Otra medida que podría aportar a la recuperación de las zonas de sacrificio es que las instalaciones industriales que comenzaron a operar antes de la entrada en vigencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y no cuentan con una resolución aprobada en esta instancia, se sometan a este instrumento de gestión para adecuarse a los estándares actuales. A eso apunta una propuesta presentada en el año 2020 por un grupo de senadores que modifica las leyes 19.300 y 20.417 para exigir Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a los proyectos evaluados o aprobados antes de la creación de la actual institucionalidad ambiental, el cual sigue en primer trámite constitucional. Esta idea también está incluida en una moción ingresada por un grupo de diputados en junio de este año que busca regular el proceso de transición socio ecológica justa hacia la carbono neutralidad.

En relación a esto, el Subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, señala: "Como Ministerio tenemos coincidencias con el espíritu del proyecto y la intención de trabajar colaborativamente con el Parlamento en indicaciones que permitan mejorar su contenido y avanzar en un proceso gradual de adecuación ambiental, atendiendo a criterios que ayuden a mejorar las condiciones de zonas especialmente contaminadas".

Artículo publicado en InduAmbiente 177 (julio-agosto 2022), páginas 42 a 46.