Dudas en Torno al ITL

El 4 de enero pasado, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) anunció que la implementación del esperado Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) –el mayor centro de investigación y desarrollo (I+D) que tendrá Chile– quedaría en manos de un consorcio liderado por universidades extranjeras. Con esa decisión, lo que se suponía que sería un hito muy favorable para elevar los estándares ambientales y de sostenibilidad en el país, se transformó en una enorme polémica que, más allá de las opiniones y desavenencias de las distintas partes interesadas, puso en la mesa una serie de cuestionamientos al proceso de adjudicación que aún no han sido aclarados del todo.

¿Cuáles son los puntos que generan dudas? Aquí lo revisamos junto a los aspectos más relevantes de esta iniciativa.

Antecedentes y Adjudicación

El Instituto de Tecnologías Limpias es un proyecto gubernamental que busca impulsar la investigación y desarrollo en energía solar, hidrógeno verde, minería sustentable, materiales avanzados de litio y otros minerales, como motores para el desarrollo nacional y regional. La iniciativa se sustenta en el acuerdo firmado -durante el Gobierno pasado- entre Corfo y SQM Salar por los contratos de litio en el Salar de Atacama, que permitió disponer de hasta US$ 193 millones como aporte estatal en 10 años para poner en marcha este centro de innovación y emprendimiento. El ITL se ubicará en la Región de Antofagasta y, aprovechando las condiciones únicas del Desierto de Atacama, se espera que al año 2030 sea un referente mundial en los temas señalados.

En ese contexto, en octubre de 2019, Corfo convocó a una licitación en la que participaron tres consorcios conformados, principalmente, por universidades y empresas: uno encabezado por Associated Universities Inc. (AUI), otro liderado por la Corporación Alta Ley e integrado por las universidades chilenas más importantes y tradicionales, y el tercero con Fundación Chile como mandatario.

El proceso culminó con la selección de la propuesta de AUI, entidad autónoma y sin fines de lucro fundada por 9 universidades estadounidenses (Harvard, MIT, Columbia, Princeton, Cornell, Pensilvania, John Hopkins, Rochester y Yale), que también integra tres planteles superiores privados chilenos (U. del Desarrollo, U. San Sebastián y U. Autónoma) y un representante de la Macrozona Norte (U. de Atacama).

La iniciativa considera una inversión de US$265 millones en la próxima década. El 54% de ese monto provendrá de los contratos de SQM, mientras que el 46% restante será financiado por AUI más el aporte de once empresas: Colbún, Enel Generación Chile, AES Gener, Enaex, GM Holdings, Ecometales, Cerro Dominador, Schwager Energy, Enor Chile, Clayton Ventures y Freitag and Company. Cumplidos los 10 años, el propio instituto deberá autofinanciarse.

Una vez conocido el resultado de la licitación, integrantes de los otros consorcios participantes, representantes de universidades nacionales y del Congreso Nacional, plantearon diversas críticas al proceso, acusando eventuales irregularidades, falta de objetividad y transparencia, principalmente.

Impulsar la investigación y desarrollo en hidrógeno verde será parte de la tarea del Instituto de Tecnologías Limpias.

En ese marco, siete parlamentarios de oposición (Guido Girardi, Yasna Provoste, Carlos Montes, Luis Rocafull, Gabriel Silber, Juan Luis Castro y Raúl Soto) solicitaron a la Contraloría General de la República que recabe antecedentes y revise el proceso y resultado de la asignación del ITL, para garantizar el uso apropiado de los recursos públicos que se destinarán a este proyecto. Hasta el cierre de esta edición, esa diligencia seguía en curso.

A su vez, senadores opositores y el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas pidieron al Gobierno declarar desierto el concurso y abrir una nueva licitación, mientras que en la Cámara de Diputados se trató de crear una comisión investigadora para abordar el tema. Ninguna de esas acciones prosperó.

Desde Corfo, en tanto, han defendido el desarrollo y transparencia del proceso y han señalado que están dispuestos a entregar los antecedentes que soliciten las respectivas autoridades.

Cuestionamientos

La presentación realizada por los congresistas ante la Contraloría recoge gran parte de los cuestionamientos que han hecho representantes de diversos sectores al proceso de adjudicación del ITL. Los legisladores piden al ente fiscalizador pronunciarse sobre la legalidad del procedimiento de adjudicación “por eventuales contravenciones a los principios de juridicidad, de imparcialidad, de economía y de probidad en el ejercicio de la potestad para gestionar los fondos del contrato Salar de Atacama, entre la Corfo y SQM Atacama como, asimismo, por las evidentes irregularidades en el proceso de licitación”.

Entre los puntos cuestionados destacan:
— No presentación a Contraloría:
Los parlamentarios sostienen que los recursos provenientes del contrato entre Corfo y SQM que se destinarán al ITL corresponden a “dineros públicos”, por lo cual se tienen que asignar mediante una licitación pública que debió ser conocida por la Contraloría, cuestión que no ocurrió. “El llamado a licitación tiene un vicio de origen: Corfo lo trató como una especie de ‘licitación privada’ y, en consecuencia, omitió los requisitos formales que corresponden a un procedimiento de licitación pública, que, a lo menos, implican que las bases de licitación sean sometidas a toma de razón, dado los montos de dineros públicos involucrados”, detalla el escrito.

Añade que esta situación “derivó en una serie de actos irregulares” de los que la Contraloría ni los consorcios participantes en la licitación jamás tuvieron noticia.

— Dos comisiones evaluadoras:
Uno de esos “actos irregulares” destacados por los parlamentarios es que “Corfo prescindió del pronunciamiento de la Comisión Evaluadora que designó con participación de integrantes internacionales de reconocido prestigio. Tan así fue que, una vez conocida por Corfo la evaluación de este grupo de expertos -favorable al consorcio encabezado por las Universidades de Chile, Católica de Chile, de Antofagasta, de Tarapacá, de Concepción y otras-, dicha entidad demoró su divulgación y procedió a designar una segunda Comisión Evaluadora”, lo cual no estaba contemplado en las bases de licitación. Los parlamentarios agregan que esta instancia estuvo integrada por cinco personas no expertas en la materia, que finalmente le dieron mayor calificación a AUI.

El senador Guido Girardi detalló: “Se asignaron puntajes falsos, por ejemplo, en materia de participación y gobernanza al consorcio americano le otorgaron el máximo de 5 puntos pese a no cumplir con ninguno de los criterios: no tienen universidades locales en Antofagasta; no tienen participación de empresas mineras, ni de proveedores como lo exigen las bases y a pesar de eso le dan el puntaje mayor”.

Al respecto, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, acotó: “Nuestra propuesta tenía un fuerte acento en lo regional, daba mayor oportunidad de empleo y generaba un protagonismo de la minería nacional, pero se optó por la oferta extranjera”.

En relación a esto, Corfo respondió a través de un comunicado que “el proceso de licitación consideraba la posibilidad de contar con asesorías externas, nacionales o internacionales, pero su contenido no era vinculante ni eran los únicos antecedentes o insumos que debía considerar la Comisión Evaluadora”. Agregó que en la calificación que hicieron estos asesores externos “se observa una diferencia menor en las propuestas de AUI y Alta Ley”, y si bien le dieron la máxima calificación al consorcio chileno en el ítem de sustentabilidad a largo plazo, también advirtieron que su propuesta “carecía de un asesoramiento continuo de tendencias y cambios en las necesidades de mercado y oportunidades para ajustar planes y proyecciones. La Comisión Evaluadora, por tanto, estimó que lo anterior se traducía en serias debilidades de coherencia y factibilidad del modelo de negocio, que no permitía asegurar la sustentabilidad de largo plazo del Instituto”.

— Cambios en contrato y objetivos del ITL:
Los parlamentarios también denuncian la “modificación de la cláusula décimo quinta del contrato entre Corfo y SQM –suscrito en enero de 2018– para alterar los objetivos del ITL, en diciembre de 2020, cuando las propuestas de los consorcios oferentes estaban presentadas hacía tiempo”. Esta modificación sí fue presentada y acogida por la Contraloría, lo que, a juicio de los parlamentarios, evidencia que el llamado a licitación previo era desconocido por el ente fiscalizador.

Asimismo, los críticos expresan su inquietud porque la modificación apuntó a ampliar las actividades que podrán ser financiadas con los aportes que debe hacer SQM Salar, así como a ampliar la naturaleza jurídica de la entidad receptora de esos recursos. Con esto “se habrían cambiado el objeto de los aportes I+D y la manera de distribución de los recursos”, advierten.

— Falta de transparencia:
Los parlamentarios opositores aseguraron que el 21 de noviembre se enteraron de algunas de las eventuales irregularidades y dos días después los miembros de la Comisión de Minería y Energía del Senado oficiaron a Corfo para que informara y aclarara la situación. Sin embargo, las autoridades responsables no se presentaron hasta después que se hizo la adjudicación: “Pretendían dar a conocer el resultado el 24 de diciembre, como se dice entre Pascua y Año Nuevo, para que pocos se enteraran. Pedimos que se suspendiera e invitamos a Pablo Terrazas, vicepresidente de Corfo, a explicar la situación a la Comisión Desafíos del Futuro el lunes 4 de enero a las 15:00 horas, pero durante esa mañana realizaron la asignación”, comentó Girardi.

Apuntar hacia la minería sustentable, otra de las prioridades del ITL.

Otro hecho que, a juicio de los parlamentarios, denota la falta de transparencia con que actuó Corfo es que se dio a conocer el resultado antes que el Consejo de la entidad revisara, firmara y oficializara el acta de resolución. Asimismo, se cuestiona la inhabilidad de algunos miembros titulares de dicha instancia.

— Plazo de recepción de propuestas:
El escrito presentado a Contraloría indica también que la primera irregularidad denunciada fue la extensión discrecional del plazo de recepción de propuestas desde el 14 de febrero al 31 de marzo, “con el único propósito de favorecer el ingreso de un nuevo oferente. Eso es manifiestamente ilegal, pues violenta las condiciones de igualdad entre los oferentes, al otorgarle un plazo superior a aquel que no había logrado reunir los requisitos en el tiempo concedido”.

Los Argumentos de Corfo

En distintas instancias, representantes del Gobierno y de Corfo han desestimado las críticas y, a través de un comunicado, la Corporación reiteró que la licitación fue “transparente y apegada a la ley”. Al mismo tiempo presentó detalles del proceso y los argumentos que sostienen la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias a AUI, entre los que destacan:

• La Comisión Evaluadora del proceso seleccionó la propuesta según los siguientes criterios y subcriterios: diagnóstico, plan de desarrollo estratégico, infraestructura y equipamiento, plan de trabajo, presupuesto, participantes, gobernanza, sustentabilidad a largo plazo, y cofinanciamiento. Cada ítem se calificó con una nota de 1 a 5, y cada criterio contó con una ponderación definida. Las notas finales ponderadas fueron: 4,5 para AUI; 4,2 para Corporación Alta Ley; y 3,3 para Fundación Chile.

• AUI obtuvo una mejor evaluación en los criterios de sustentabilidad a largo plazo y cofinanciamiento del Instituto, siendo éstos los principales elementos diferenciadores con Alta Ley.

• En el caso de la sustentabilidad a largo plazo, la propuesta ganadora comprometió seis nuevos laboratorios e instalaciones multipropósito para el desarrollo de las tres áreas de especialización del Instituto en la Región de Antofagasta. La propuesta de Alta Ley no considera nueva capacidad instalada en la zona, ni desarrollo de nuevo equipamiento propio. Por el contrario, deja la labor del Instituto desagregada en la infraestructura que tienen las instituciones relacionadas al consorcio, no proyectando el trabajo de la entidad, una vez que se acabe el aporte I+D.

• Respecto al cofinanciamiento, la Corporación Alta Ley condicionó el 20% del aporte total contemplado, a la reinversión de eventuales ingresos futuros, generando incertidumbre y poniendo en duda la capacidad del Instituto de financiar la propuesta y proyectarse a futuro. AUI consideró aportes monetarios efectivos por US$ 104 millones, y solicitó un fondo I+D de SQM por US$ 142 millones. Alta Ley, en cambio, inyectaría US$ 37,5 millones y solicitó el aporte máximo estatal (US$ 193 millones).

• La propuesta liderada por AUI mostraba también como fortaleza un modelo de negocio factible y un adecuado tratamiento de los aspectos de transferencia tecnológica; además de una definida estrategia de escalamiento y comercialización, presentando ejemplos claros que permiten confirmar el fortalecimiento de emprendimientos de base tecnológica.

• La propuesta contempla un modelo abierto e integrador, que considera durante el periodo de vigencia del aporte I+D, que las universidades, centros y/o institutos que cuenten con capacidades científicas y tecnológicas en Chile y que no sean parte del consorcio ganador, puedan participar de las iniciativas del Instituto.

Artículo publicado en InduAmbiente 168 (enero-febrero 2021), páginas 72-75.