Avanzar en un Plan Nacional de Infraestructura de Carga Pública en centros urbanos y rutas interurbanas; incorporar buses, taxis y colectivos eléctricos para el transporte público en Antofagasta, Copiapó y Concepción, entre otras ciudades; y remover algunas barreras regulatorias que complican el avance de la movilidad eléctrica. Esas son algunas de las acciones que –con activa participación de actores públicos y privados– se esperan concretar a más tardar en el año 2026 para acelerar la masificación de la electromovilidad en Chile, según lo propone la Hoja de Ruta presentada por el Gobierno en agosto pasado.
Cristina Victoriano, subdirectora ejecutiva de la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), explica que este documento es el resultado de una mesa de trabajo que lideraron el Ministerio de Energía y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, con el fin de analizar los obstáculos que existen en nuestra normativa para un efectivo desarrollo de la electromovilidad, así como plantear medidas y elaborar propuestas que permitan superar dichas barreras. "Estas medidas, que fueron priorizadas por los actores públicos y privados, nos presentan una gran oportunidad para focalizar los esfuerzos y avanzar rápidamente en los próximos años al alero de la Estrategia Nacional de la Electromovilidad", resalta.
Desde el Ministerio de Energía señalan que esta Hoja de Ruta se centra en cinco áreas principales: "el fortalecimiento de la infraestructura de carga, educación y capacitación, la seguridad vial relacionada con esta tecnología, el fomento de la electromovilidad en el transporte público y la descentralización de las medidas asociadas, y la implementación de cambios regulatorios necesarios para avanzar en electromovilidad".
A continuación, detallamos las medidas priorizadas en cada caso para apurar la transición hacia este tipo de transporte que aporta de manera relevante a la descontaminación atmosférica y acústica.
Infraestructura de Carga
En el primero de los ejes mencionados, la Hoja de Ruta para el Avance de la Electromovilidad tiene como objetivo "crear una red de carga pública robusta para los vehículos eléctricos, que entregue seguridad a los usuarios para transitar por todo el territorio nacional". Para lograrlo, se plantean tres acciones:
• Desarrollar un Plan Maestro de Infraestructura de Carga Pública: Una de las metas centrales es contar con un Plan Nacional de Infraestructura de Carga Pública en el año 2025 que garantice que los puntos de recarga en las rutas interurbanas estén distanciados a no más de 100 kilómetros.
Según el documento, hoy existen poco más de 900 puntos de carga o conectores distribuidos en las 16 regiones, pero el 66,4% de los cargadores públicos disponibles está en la Región Metropolitana. Frente a eso, algunas medidas acordadas son:
-Elaborar el Plan Maestro comenzando por la macrozona norte a partir de 2023, sumándose en los próximos años las macrozonas sur y central. La primera etapa se financiará con recursos del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible de CORFO, y se espera empezar a ejecutar durante 2024.
-Avanzar en la habilitación de infraestructura de carga en las rutas interurbanas a través de la colaboración y coordinación con actores relevantes, como el Ministerio de Obras Públicas y los Gobiernos Regionales.
En el Ministerio de Energía indican que la elaboración del Plan Maestro de Infraestructura de Carga Pública "es un paso fundamental en el camino hacia la promoción de la movilidad eléctrica en Chile. Con 908 puntos de carga distribuidos en todo el país, y considerando que se espera que para 2035 el 100% de las ventas de vehículos nuevos sean de energía eléctrica, se vuelve imperativo prepararse para la creciente demanda de vehículos eléctricos, no sólo en áreas urbanas, sino también en las rutas que conectan todo el territorio".
Añaden que este Plan Maestro desempeñará un papel clave al estimar las necesidades de infraestructura de carga en cada región del país en un proceso gradual y sentará las bases para la expansión de la infraestructura de carga a nivel nacional. "El plan incluirá una definición preliminar de los lugares, flujos y demandas necesarias en todo el país", acotan.
• Habilitar la interoperabilidad: Se trabajará en implementar una herramienta digital que indique la ubicación de los puntos de carga, el tipo de infraestructura, su disponibilidad y precio, entre otros aspectos. Esta plataforma debiera estar lista el próximo año.
• Modificación del pliego técnico normativo RIC 15: En julio pasado partió la consulta pública para mejorar esta regulación que establece los requisitos de seguridad que deben cumplir las instalaciones destinadas a la recarga de vehículos eléctricos (VE). El nuevo RIC 15 debiera publicarse a inicios de 2024.
Cristina Victoriano comenta que para avanzar en el Plan Nacional de Infraestructura de Carga Pública y en la descarbonización del 100% del parque vehicular se requieren grandes esfuerzos tanto del sector público como privado. "Será necesario habilitar nuevos cargadores, pero también, fomentar tecnologías e incentivos que permitan una carga eficiente y de bajo impacto al sistema eléctrico", apunta.
Añade que desde la AgenciaSE están impulsando acciones que van en este camino. "Gracias a alianzas con GIZ y GEF7 estamos avanzando en la infraestructura de carga a través de la iniciativa +Carga Rápida que busca acelerar el despliegue de carga rápida en ciudades donde actualmente existe poca o nula oferta. Antes de su implementación, seis de las dieciséis regiones de Chile carecían de cargadores rápidos para vehículos eléctricos. Ahora se instalarán 16 cargadores a lo largo de todo el país, desde Arica hasta Punta Arenas, lo que se traduce en 32 puntos de carga rápida de acceso público, cada uno con una capacidad de entre 120 y 60 kW", detalla.
Las medidas priorizadas permiten focalizar esfuerzos para acelerar el avance de la electromovilidad, dice Cristina Victoriano.
Transporte Público
Expandir la electromovilidad a todo el país, en armonía con los requerimientos de las distintas regiones, fortaleciendo el transporte público por su relevancia para alcanzar las metas de descarbonización, es otro de los grandes objetivos señalados en la Hoja de Ruta.
Para avanzar en esa línea, se plantea:
• Incorporar flotas de buses eléctricos en las siguientes ciudades: Antofagasta (40 máquinas que empezarían a operar a inicios de 2024), Coquimbo-La Serena (42 unidades que se licitarían en 2024), Concepción (25 buses a licitarse en 2024), y Copiapó (mínimo 100 buses que se pondrían en operación en 2025).
En relación a esto, la subdirectora ejecutiva de la AgenciaSE indica: "Gracias a la alianza con GIZ y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, pudimos avanzar en la entrega de herramientas a operadores de buses del transporte público de regiones que permitan transitar hacia la electromovilidad. Se realizaron talleres en 10 ciudades para 176 operadores donde se entregó conocimiento en buses, electroterminales y financiamiento".
• Implementar el programa "Mi taxi eléctrico", disponiendo fondos regionales para que, durante los años 2023-204, se logre el recambio a electricidad de al menos 60 vehículos en la región de Antofagasta, 400 en Copiapó, 175 en O'Higgins, y 350 en Biobío.
"Este programa beneficia al transporte público menor con cofinanciamiento para adquirir un vehículo eléctrico, infraestructura de carga y acompañamiento técnico. Esperamos que prontamente este beneficio pueda llegar a más regiones en coordinación con el Ministerio de Energía y las autoridades locales, logrando el recambio de alrededor de 1.000 vehículos eléctricos", señala Cristina Victoriano.
• Crear mesas de electromovilidad en cada región del país que permitan, de manera participativa, definir planes específicos y priorizar los proyectos a financiar con recursos de los Gobiernos Regionales.
• Sumar nuevos buses eléctricos al sistema RED de la Región Metropolitana (RM): Se licitarán más de 1.000 buses para el transporte público que deberán ser "cero emisión", con lo cual se espera llegar a 3.000 unidades eléctricas operando en Santiago.
• Extender el programa "Renueva tu colectivo" a la RM, a través de la promulgación del proyecto de ley de subsidios al transporte público que se espera para 2024.
Educación y Capacitación
La Hoja de Ruta también plantea la necesidad de contar con una cantidad creciente de técnicos capacitados en medios de transporte cero emisiones y, en particular, de tipo eléctrico, y avanzar en el diseño de nuevos perfiles laborales requeridos en el sector. En ese marco, se proponen cuatro líneas de acción:
• Ejecutar capacitaciones con gremios de transporte público, tratando de llevar la experiencia adquirida en la RM a regiones. Ya se inició un plan en julio pasado que se pretende continuar en 2024.
• Formar técnicos en materias como mantención de VE e instalación de infraestructura para recarga. La meta apunta a capacitar al menos a 250 personas al año, aprovechando las becas que dispone el programa de Capital Humano del Ministerio de Energía.
Cristina Victoriano detalla: "Enfocaremos estos cursos en regiones, donde existe una mayor escasez de mano de obra calificada en temas de electromovilidad. En conjunto con el Ministerio de Energía, comenzaremos este año en una región (Biobío) y esperamos que durante el 2024 podamos capacitar a profesionales en varias otras regiones de Chile, de manera de generar empleos verdes y descentralizar el conocimiento".
• Capacitación virtual en temas de electromovilidad, abriendo un curso online en el segundo semestre de 2023.
• Elaborar nuevos perfiles laborales durante 2024, para responder al desarrollo actual y futuro de esta tecnología.
Seguridad Vial
Con el objetivo de reducir al máximo el riesgo de utilizar vehículos eléctricos "para dar seguridad y certidumbre a los futuros usuarios, operadores y personal de emergencias", la Hoja de Ruta plantea las siguientes medidas que buscan "crear las condiciones necesarias para avanzar en un despliegue seguro de la electromovilidad":
• Se incorporarán contenidos de electromovilidad, incluyendo temas asociados al uso seguro de los VE, en el libro del nuevo conductor para optar a la licencia de conducir clase B, que se publicará en 2024.
• Se generarán protocolos para asistir las emergencias viales en que estén involucrados vehículos eléctricos, para lo cual se requiere de conocimientos específicos. En ese contexto, este año se elaborarán contenidos mínimos y se diseñará un piloto para capacitar servicios de emergencia en todo el país, con la meta de que en 2026 existan equipos capacitados en todas las regiones.
• Elaborar y poner en vigencia en 2024 la reglamentación que obligue a los vehículos eléctricos pesados en circulación dar a conocer su configuración.
Regulación
El documento también apunta a remover las barreras regulatorias que hoy impiden acelerar el avance de la electromovilidad, para lo cual se estudiará la eventual elaboración de un proyecto de ley. Asimismo, se analizarán e implementarán modificaciones a nivel reglamentario.
¿A qué temas se dará prioridad? Desde el Ministerio de Energía responden: "En la Mesa para el avance de la Electromovilidad en Chile surgieron una serie inquietudes y propuestas que, en su aspecto más operativo, requieren de una habilitación legal, como la transformación de vehículos a combustión, la habilitación de infraestructura de carga en edificaciones nuevas, aspectos relacionados a la micromovilidad, entre otros".
Para abordar de modo integral los distintos requerimientos regulatorios, la Hoja de Ruta define dos medidas prioritarias:
• Generar una coordinación interministerial para la electromovilidad, que se reúna periódicamente, donde cada cartera participante pueda dar cuenta de sus avances en la materia.
• Revisar la normativa de manera periódica y desarrollar reportes anuales con las necesidades de actualización, partiendo en 2023. Sobre esa base, se evaluará la pertinencia de diseñar iniciativas para habilitar los cambios regulatorios propuestos.
DATOS:
603
Cargadores de acceso público existían en la RM, hasta julio pasado, según la Hoja de Ruta, siendo la región con más infraestructura. En el otro extremo están Arica y Aysén, con 4 cada una.
16
Millones de pesos es el cofinanciamiento máximo para comprar un vehículo eléctrico que otorga el programa Mi Taxi Eléctrico. Además, financia y gestiona la instalación de un cargador en el hogar del taxista.
++++
RECUADRO:
Incentivos
Desde el Ministerio de Energía destacan que el Gobierno está trabajando para generar diversos instrumentos que faciliten el acceso a la electromovilidad a todas las personas.
A modo de ejemplo, indican primero que los vehículos eléctricos (VE) están exentos de la restricción vehicular y del impuesto verde. Luego añaden que, a través de la Ley 21.305 sobre Eficiencia Energética, se han introducido algunos incentivos indirectos, como el hecho que los VE podrán ser contabilizados hasta tres veces en la verificación del cumplimiento de estándares de eficiencia energética del parque vehicular que se exigirá a los importadores o representantes de cada marca. Además, se faculta al Servicio de Impuestos Internos para que establezca vidas útiles diferenciadas respecto a la aplicación de depreciación acelerada de vehículos eléctricos.
También en la Ley 21.505 sobre almacenamiento de energía eléctrica y electromovilidad, publicada el 21 de noviembre de 2022, se incorporan incentivos para VE, como la exención del permiso de circulación y la opción de que los vehículos eléctricos participen de la red de distribución eléctrica como equipos de almacenamiento que puedan inyectar energía, permitiendo nuevas operaciones y servicios asociados (V2G).
Artículo publicado en InduAmbiente n° 184 (septiembre-octubre 2023), páginas 24 a 26.